La sospecha se instala en el salón

La imagen de la justicia se representa con una mujer joven con una balanza en una mano, una espada en la otra y los ojos vendados. Se supone que para reflejar la equidad, vengan los argumentos de donde vengan y ejecutar el castigo a quien lo merezca.

¿No les parece que en los últimos tiempos, la dama se ha levantado la venda de uno de los ojos para no equivocarse con quien no se tiene que equivocar?

Porque hay que reconocer que la justicia hace aguas por todos los lados y necesita que la refloten más que al Costa Concordia.

Y si en el trazo fino se mantienen los tradicionales problemas cotidianos, retrasos, insuficiencia de medios, etc, son los grandes procesos de corrupción, en los que los poderosos inclinan el fiel de la balanza a su gusto, los que han hundido la nave. ¿Recuerdan los banqueros de las cajas del Mediterráneo, de Galicia, de Bankia, entre otros; los políticos implicados en los casos Gürtel, papeles de Bárcenas, ERE’s, Campeón, Brugal, etcétera; o esa infanta que parece que nunca explicará ante el juez de dónde sacó los fondos para las obras de su palacete de Pedralbes?

Parece increíble que el Rey nos recordara a los españoles en el discurso de Navidad de 2011 que la justicia es igual para todos. No se tiene noticia de que a finales de 2013 haya alguien que se lo crea. Lo habrían sacado en las noticias.

Esta semana se ha sentado en el banquillo, tras 10 años de investigaciones, el ex presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra. Sí, el dirigente popular que construyó un aeropuerto en el que no ha despegado o aterrizado un solo avión y que tiene presupuestado para este año 17 millones de euros para las instalaciones aunque no tiene ningún ingreso. Sí, el mismo que pagó 300.000 euros por una estatua de 25 metros de altura en la entrada del aeropuerto, que, según explicó en la presentación el escultor, Juan Ripollés, es “germen y esperma” del propio Fabra. Sin comentarios.

Ese hombre, al que Mariano Rajoy calificó de “ciudadano y político ejemplar”, está acusado de cohecho (soborno), tráfico de influencias, y cuatro delitos fiscales, por los que piden para él 13 años de cárcel. Y curiosamente, como ha ocurrido en tantos y tantos procesos de corrupción política, no fueron los servicios del Estado los que descubrieron que a Fabra siempre le tocaba la lotería, ni sus chanchullos de “conseguidor”, origen del caso. En diciembre de 2003, Vicente Villar, un empresario amigo de Fabra, presentó una denuncia contra él en el Juzgado número 1 de Nules (Castellón), en la que afirmaba que el político le había cobrado cantidades millonarias a cambio de su intercesión ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para agilizar las autorizaciones para sus productos fitosanitarios, cuyos expedientes estaban bloqueados. Villar precisaba que había pagado en metálico y en joyas y que finalmente Fabra había utilizado a su mujer y la contabilidad de una sociedad para ocultar a Hacienda los pagos recibidos.

Un proceso aparentemente simple ha tardado 10 años en llegar a juicio. En la instrucción del caso han intervenido hasta nueve jueces y cinco fiscales. La explicación es sencilla, el juzgado de Nules, un pueblo pequeño, suele ser un primer destino en la carrera judicial. Al principio, llegaban los jueces y cuando ascendían se marchaban. Pero luego, entre los aspirantes circuló que el juzgado tenía un problema: el caso contra el presidente de la diputación, que se había enquistado, y la plaza quedó vacante una temporada.

Además, Fabra y sus abogados utilizaron todos los recursos legales en maniobras dilatorias. A eso se sumaron determinadas actuaciones sospechosas: El primer fiscal del caso, Javier Arias, que era el fiscal jefe de Castellón, llegó a preguntar al acusado: “¿Usted  arriesgaría su carrera política y profesional por la cuestión de tráfico de influencias, máxime estando tan próximas las elecciones generales, y por un precio tan irrisorio como el que se ha cifrado aquí?”. ¡Olé!, yo quiero un fiscal como ese si un día me juzgan por algo.

En 2010, la Audiencia Provincial decidió que cuatro de los cinco delitos fiscales que se le imputaban a Fabra habían prescrito. La Fiscalía Anticorrupción y la Unión de Consumidores, que actúa como acusación popular, recurrieron y el Supremo revocó la decisión.

No deja de ser curioso que el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, no forma parte del Tribunal porque, en una rara abstención, argumentó que no era amigo de Fabra, pero que había coincidido con él en actos oficiales y de representación. Algo que, en principio, nunca sería causa de abstención.

Pero la sospecha de irregularidades, cuando no de ilegalidades, se instaló definitivamente en el proceso cuando en 2012, el actual juez, Jacobo Pin, concluyó la instrucción de la causa y abrió juicio oral por delitos de cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales. La sección primera de la Audiencia intentó a toda costa revocar la acusación por delito de cohecho y que el caso fuera juzgado por un jurado, como en su día ocurrió con el presidente de la comunidad, Francisco Camps, por el asunto de los trajes.

¡Cómo no sería la presión de los magistrados de la sección primera de la Audiencia contra el juez instructor que este presentó una petición de amparo ante el Consejo General del Poder Judicial!: “Soy consciente de que puede parecer inusual”, decía Jacobo Pin, “que un miembro del Poder Judicial acuda en amparo ante el Consejo contra un órgano judicial superior, pero es evidente que la presente perturbación de mi independencia, que debe velar por mi actuar, no es una mera cuestión jurisdiccional”. Y añadía: “Está tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito de cohecho”.

Pues bien, los tres magistrados de la sección primera, Esteban Solaz, Pedro Luis Garrido y Aurora de Diego, decidieron anular parcialmente la decisión del juez. Al eliminar el cohecho, indicaban que el juicio debería celebrarse en un juzgado penal, en lugar de la Audiencia.

Lea la decisión de los tres jueces.

Un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo supuso un nuevo revolcón a la Audiencia. El alto tribunal estableció que el juez podía decidir libremente los delitos por los que abría juicio oral y que el cohecho era uno de ellos.

Lea el revolcón del Supremo.

Cualquiera podría pensar que los tres jueces que no apreciaban el delito de cohecho estaban ya contaminados, pues se habían pronunciado sobre un aspecto clave del proceso y que no deberían juzgar el caso, siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de Castillo Algar contra España. Es decir, el que instruye o resuelve recursos, no puede juzgar.

Pues no, en lugar de pasar el caso a otros magistrados no contaminados, Solaz, Garrido y De Diego han decidido que ¿quiénes mejores que ellos para juzgar a Fabra? Se ve que nunca han oído hablar de la falta de imparcialidad objetiva o lo de que la mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo.

Es cierto que nadie les ha recusado, pero está claro que ellos tampoco han tenido la vergüenza torera de abstenerse. Los tres jueces que querían eliminar el cohecho del caso contra Fabra, le juzgan por ese delito. ¿No les resulta sospechoso? ¿Qué creen que puede pasar? De modo que con eso, ya tenemos la sentencia bajo sospecha.

Por si todo esto que les he ido contando no fuera suficiente, resulta que el denunciante, Vicente Vilar, que también se sienta con Fabra en el banquillo, ha cambiado su declaración. Exculpa ahora a Fabra y acusa a las ex exposas de ambos, que también están imputadas, de los manejos de dinero. Se da la circunstancia de que el empresario de los fitosanitarios y los oscuros manejos de maletines y dinero negro, está actualmente en prisión por un delito de violación a su mujer, Monserrat Vives, en 2003. Ya ha cumplido gran parte de la pena y está próximo a salir en libertad, pero una nueva condena en este caso cercenaría sus expectativas de salida, lo que explica el cambio de versión.

Como ven, un proceso plagado de irregularidades y de una sospecha tras otra que lleva camino de convertirse en el paradigma de la justicia para casos de políticos y poderosos.

“Algunos dicen que la razón por la que muchos delincuentes se libran es porque el sistema judicial es de red gruesa. Pero es una imagen errónea. Es una red fina que atrapa a los pequeños, pero que se rompe cuando irrumpen los grandes”. La frase es de Jo Nesbo, el noruego que dejó el rock and roll por la novela negra, y no puedo estar más de acuerdo.

Y cuando se rompe la red, como con los papeles de Bárcenas, el caso Nóos, o el caso Fabra, la sospecha se instala en el salón.