Semana internacional contra la deuda ilegítima: ‘Yo no debo, yo no pago’

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Cartel promocional de la Plataforma Auditoria Ciudadana contra la Deuda
Cartel promocional de la Plataforma Auditoria Ciudadana contra la Deuda

La deuda pública del Estado español es “impagable”. De hecho, la principal función de la deuda es ejercer como una “herramienta de control” que permite a los mercados y los intereses del capital situarse por encima de la soberanía popular y de las instituciones políticas representativas. En España, esta situación de control se pudo apreciar cuando el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo para efectuar una 'reforma exprés' de la Constitución introduciendo el artículo 135.3 de equilibrio presupuestario.

Estos argumentos facilitados por la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda son los que han llevado a la organización a apoyar la Semana global de acción contra la deuda ilegítima y las instituciones financieras, que arranca este martes, y que tiene como principal objetivo, pero no único, concienciar a la ciudadanía sobre los efectos perversos de la deuda de modo que esta muestre su “repudio” y demande “la cancelación de la deuda ilegítima”, entendiendo por tal “toda aquella deuda que vulnera los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y medioambientales de gran parte de la población en favor de los intereses de una minoría”.

“Planteamos que la mejor manera de luchar contra la deuda es una auditoría ciudadana. Es decir, defendemos un proceso participativo de la ciudadanía, de toma de conciencia de cómo se ha obtenido la actual deuda pública del Estado español para que esta repudie pagar toda aquella deuda que le parece injusta”, explica a cuartopoder.es Enric Pons, miembro de la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda de Barcelona, que a lo largo de esta semana realizará diferentes actos de debate político y de exposición de los resultados de sus investigaciones durante los últimos años.

La Plataforma, explica Pons a este medio, se ha propuesto identificar el origen de la actual deuda del Estado español, que prácticamente alcanza al 100% del Producto Interior Bruto (PIB) [ver gráfico]  y que provocará que el Estado español destine 36.590 millones de sus Presupuestos Generales al pago de los intereses que genera. Seis más que lo destina a I+D+i (5.6333 millones), 25 veces lo destinado a becas (1.413), 47 veces mayor que lo presupuestado para vivienda (770 millones de euros) y 451 veces que lo que se dedicará a cultura (81).

El objetivo es complicado, pero la Plataforma ya ha identificado tres focos de deuda ilegítima: el rescate bancario, las políticas fiscales que no han gravado a las grandes fortunas ni al capital y todas aquellas infraestructuras construidas en los últimos años y que o bien no están siendo utilizadas por la ciudadanía, como el aeropuerto de Castellón, o que durante su construcción el presupuesto se ha ido disparando.

“Durante la última época, se han llevado a cabo políticas fiscales que han dejado de cobrar impuestos al gran capital. A nuestro entender, el hecho de que el Estado decida voluntariamente renunciar a estos ingresos ha provocado un déficit que se ha cubierto con deuda pública. Por tanto, es ilegítima”, explica Pons.

Rescate bancario

Durante la semana global de acción, la Plataforma presentará el informe 'La ilegitimidad de los Rescates a la Banca en el Estado español'. En este informe la organización pretende explicar a la ciudadanía cómo se han dedicado a ayudas a los bancos más de 1,42 billones de euros de fondos públicos hasta diciembre de 2012 sin resolver el problema del sistema financiero y el efecto que ha tenido para el conjunto de la sociedad este rescate.

Para la plataforma, el aumento de la deuda pública y los intereses generados por el rescate bancario han sido el principal argumento que ha justificado “las políticas de recortes, austeridad y reformas, materializadas en reducción de gasto público en conceptos básicos para garantizar el bienestar de la población, la privatización de los servicios públicos básicos, el aumento de impuestos regresivos como el IVA y la flexibilización del mercado laboral, a costa de derechos y reducción salarial”.

“Por todo ello, desde la PACD, denunciamos la ilegitimidad de los rescates financieros y exigimos el no pago de la deuda ilegítima que de ellos se deriva. Para lograr este objetivo, nuestra propuesta política es la realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda. (…) El objetivo no es tan sólo dirimir entre deudas legítimas e ilegítimas, sino denunciar un sistema financiero y un funcionamiento de las instituciones supuestamente democráticas que atenta contra el bienestar y los derechos de la población. A la vez, nos debe permitir construir nuevos modos para evitar caer de nuevo en endeudamientos ilegítimos”, prosigue el análisis.

Transformación sistema financiero

La semana global contra la deuda está impulsada por la ICAN (Internacional Citizen debt Audit Network), red que tiene su plasmación nacional en once países: Italia, Grecia, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Francia, Bélgica, Egipto y Túnez. La red nació con el eslogan 'Nosotros no debemos, nosotros no pagamos' con el objetivo de luchar contra las medidas de austeridad a través de la aplicación de la Auditoría Ciudadana de deuda.

En su manifiesto, la red sitúa como sus objetivos: auditorias ciudadanas para determinar si las deudas son ilegítimas, repudio y cancelación de la deuda ilegítima e insostenible; poner fin a la imposición de soluciones a la crisis de deuda, orientadas a los intereses de los propios acreedores, como los bancos y el FMI; un sistema fiscal justo y progresivo; prácticas de endeudamiento y administración de la deuda pública que garanticen la participación ciudadana y trasparencia: un gasto público que priorice las necesidades esenciales y un cambio hacia un camino de desarrollo sostenible y equitativo; y la transformación del sistema financiero, para prevenir la continua generación de crisis de deuda.


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