El PP ralentiza la renovación del CGPJ para que Ruz siga con el ‘caso Bárcenas’

El PP solicitará mañana una nueva prórroga a las Cortes Generales para aplazar la renovación del CGPJ, cuyo mandato expiró el pasado 24 de septiembre. De este modo, los populares, que llegaron a amenazar al PSOE con utilizar la amplísima mayoría de la que gozan en el Senado, si no había acuerdo con los socialistas, para imponer los candidatos que estimase en la votación de la Cámara Alta (el Senado tiene que elegir a 10 miembros y el Congreso a otros 10) hará una exhibición de su infinita paciencia y solicitará la cuarta prórroga. La paciencia y la voluntad de consenso, sobre todo, son los argumentos que esgrimen desde el Ministerio de Justicia para justificar el nuevo aplazamiento.Sin embargo, otras fuentes del PP aseguran que detrás de esas buenas intenciones se oculta la voluntad del partido en el Gobierno de que el juez Pablo Ruz termine con la instrucción del caso Bárcenas y no llegue en ningún caso al magistrado y actual vocal saliente del CGPJ, Miguel Carmona, a quien Ruz está sustituyendo como titular del Juzgado número 5 dela Audiencia Nacional, hasta que termine su mandato en el órgano de gobierno de los jueces.

Con el calendario en la mano, de no renovarse en este mes de noviembre el CGPJ, habrá que esperar probablemente hasta febrero de 2014. Para entonces, según los cálculos de algunos dirigentes populares, Ruz ya podría haber concluido la instrucción de esa parte de la trama Gürtel que ha dado en llamarse caso Bárcenas,en alusión al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Las cuentas que manejan estas fuentes tienen en cuenta la próxima operación del rey, programada para el próximo día 21. Una vez se haya producido, ya no se podrá proceder a la toma de posesión de los 20 vocales ni a la de su presidente, puesto  que la ley establece que debe ser el rey quien presida ese acto solemne. Además, aunque el monarca no cumpliese las 6 semanas de baja aconsejadas para este tipo de operaciones, el mes de diciembre está prácticamente copado por los plenos de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y los aspirantes a vocales tienen que pasar, uno a uno, para ser evaluados por la Comisión de Justicia antes de que se celebre la votación en pleno. Si a eso añadimos las vacaciones parlamentarias y el hecho de que las sesiones ordinarias se retoman aproximadamente en  febrero, los nuevos vocales todavía  tendrán que esperar bastante para tomar posesión de sus nuevos cargos. "Y el sectario de Carmona -asegura un dirigente del PP- tendrá que esperar también un poquito más".

Lo cierto es que en ambientes judiciales se da por sentado que Carmona sería más molesto como juez instructor para el PP de lo que lo está siendo Ruz quien, como subraya un magistrado progresista, "con todo lo que hemos visto, ni siquiera ha ordenado hacer un registro en la sede del PP..." De Ruz destacan sus compañeros la extremada prudencia y la aceptación punto por punto de cada una de las peticiones de la fiscalía, cuyas actuaciones están sometidas a un principio de dependencia jerárquica. En última instancia,dependen del Fiscal General del Estado y  el nombramiento de éste es una atribución exclusiva del Gobierno.

En los pasillos de  la Audiencia Nacional se cruzan apuestas sobre el desenlace de la instrucción del caso Bárcenas y, pese a que en las últimas horas el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha deslizado entre jueces y magistrados que le han querido escuchar que la previsión del gobierno es que el Parlamento pueda nombrar a los nuevos integrantes el martes 19 de noviembre, casi nadie compra esa versión. En todo caso, para llegar a un acuerdo, los representantes de PP y PSOE tendrían que reunirse y eso es algo que no ocurre desde hace varias semanas. Es más, fuentes socialistas aseguran: "si no nos hemos reunido es porque no nos han llamado.  Seguramente,no les corre demasiada prisa..." Sea como sea, así se ponga la negociación al ralentí, no parece que se vaya a batir el récord que estableció el  anterior CGPJ, cuyos miembros permanecieron en sus vocalías hasta 2 años después de haber expirado su mandato, ante la imposibilidad de que populares y socialistas alcanzaran un acuerdo.