Una paradoja muy real

La infanta Cristina de Borbón parece estar a punto de ser imputada de nuevo por el juez Castro, esta vez por un delito de blanqueo de capitales, en lugar de tráfico de influencias, después de que se descubriera el contrato ficticio de autoalquiler de su domicilio, el palacete de Pedralbes, a su sociedad patrimonial Aizoon,  en el que tanto la infanta como su marido, Iñaki Urdangarin, firmaron dos veces, como arrendadores y también como arrendatarios. Esas firmas, la reforma del palacete, el mobiliario y los gastos particulares de la hija del Monarca, como un safari, cargados a la sociedad, la carta que Urdangarin envió el 7 de marzo de 2007 a su mujer en la que le decía que debía hacer constar en su declaración de patrimonio que las acciones de Aizoon valían 589.000 euros, y la emisión de facturas mensuales del autoalquiler del palacete, hacen pensar que la Infanta sí tuvo una participación “directa y consciente” en Aizoon, sociedad de la que era propietaria al 50% con su marido.

Sin embargo, y aunque Cristina de Borbón sea citada a declarar en calidad de imputada por el juzgado de Palma de Mallorca, no será juzgada y su caso quedará sobreseído. Increíble pero cierto.

Es decir, que previsiblemente la hija del Rey sufrirá la incomodidad de tener que desfilar por la cuesta de los imputados del juzgado de Palma y tendrá que dar unas explicaciones sobre su comportamiento y gastos que no tendrán ninguna relevancia, puesto quen aunque el juez Castro considere que ha cometido delito, Cristina de Borbón, tal y como están las cosas, no necesitará ni siquiera mentir para que el caso se archive contra ella.

¿Cómo es posible —se preguntarán ustedes, queridos lectores—, que alguien al que el juez instructor considera responsable de un delito ni siquiera tenga que sentarse en el banquillo de los acusados?

Pues verán, se trata de una peculiaridad del sistema judicial español conocida como doctrina Botín, porque fue al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, al primero que se le aplicó. Seguro que ya no lo recuerdan, pero el propio Botín y otros cuatro directivos del Santander estuvieron imputados por numerosos delitos fiscales como consecuencia de la comercialización por el banco de las denominadas cesiones de crédito. La juez instructora, Teresa Palacios, apreció en 2004 que los hechos imputables a Botín y los otros responsables de la entidad, eran “constitutivos de 138 delitos fiscales por cooperación necesaria o inducción (…) así como del delito de falsedad continuada en documento oficial”.

El Santander había ofrecido en 1988 y 1989 a sus clientes un producto financiero denominado cesiones  de nuda propiedad de crédito por el que captaba fondos fiscalmente opacos y que según la juez daba “cobertura al dinero negro de los clientes”. En un determinado momento, la entidad llegó a proporcionar identidades falsas de supuestos clientes para cubrir a los verdaderos.  Aunque muchos de los implicados regularizaron su situación fiscal, quedaron 138 contribuyentes que fueron acusados por delitos fiscales, mientras que Botín y sus directivos fueron considerados autores de esos mismos delitos por inducción o por cooperación necesaria.

Sin embargo, aunque la acusación popular solicitaba penas de seis años de cárcel por cada uno de los 138 delitos para el banquero, el fiscal entendía que la actuación de Botín no era delito y solicitaba del juez el archivo del proceso.

La peculiaridad del caso estribaba en que ninguno de los delitos estaba castigado con una pena superior a 9 años, por lo que el proceso tenía que tramitarse por el procedimiento abreviado en lugar del procedimiento ordinario.

Y el abogado de Botín, el catedrático Horacio Oliva, planteó que en el procedimiento abreviado no se puede llevar a juicio y condenar a un imputado solo con la acción popular, ya que es necesario que acuse el fiscal y/o una acusación particular (perjudicado directo).

El letrado afirmó que en el artículo 782 de la ley de Enjuiciamiento Criminal se hacía constar expresamente que si el Fiscal y el acusador particular pedían el archivo del proceso, el juez tenía que acordarlo. Como en este artículo no se mencionaba a la acusación popular, el abogado interpretaba que el legislador había querido limitar la acción de determinados querellantes que sin ser directos perjudicados utilizaban la ley para atacar a rivales empresariales o políticos, en una modalidad que habían popularizado Christian Jiménez, del Partido Popular, y sobre todo, José María Ruiz-Mateos.

Nadie había reparado en años en esa interpretación, pero hizo fortuna y el Supremo absolvió a Botín, en lo que desde entonces se conoce como doctrina Botín.

No se tiene noticia de que se haya aplicado a nadie más desde entonces, pero está más que claro que la Infanta es la próxima destinataria, porque, salvo cataclismo, ni la Fiscalía —con una miopía considerable­— ni las acusaciones particulares que ejercen los Ejecutivos de Baleares y de la Comunidad Valenciana van a formular acusación contra la hija pequeña del Rey.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, —que curiosamente tampoco ve motivos para imputar a Acebes, Cascos y 15 empresarios por el asunto de la caja B del PP y los papeles de Bárcenas—ya ha descartado que hubiera indicios para imputar a la Infanta en delito fiscal o blanqueo de capitales. Y ello,  a pesar de los nuevos informes elaborados sobre las cuentas de Aizoon, la sociedad sin actividad utilizada por Urdangarin para desviar los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos, es decir, para defraudar a Hacienda, y de la que la Infanta es propietaria del 50%.  El fiscal ya se había opuesto en abril a la primera imputación de Cristina de Borbón, por tráfico de influencias.

Lo mismo ocurre con la Agencia Tributaria, que rechazaba que la Infanta hubiera cometido delito fiscal por medio de Aizoon porque no había tenido una “participación consciente” dirigida a la defraudación. Es decir, que la hija del Rey no habría tenido conocimiento de los delitos fiscales correspondientes a los ejercicios de 2007 y 2008 cometidos a través de Aizoon y que Hacienda solo atribuye a su marido, aunque en otros casos la ignorancia no haya servido para que las esposas fueran absueltas. Lea "Distintas ante la ley"

Pero es que de las pruebas incorporadas al sumario, destaca el contrato ficticio de autoalquiler del palacete de Pedralbes. Sí, como suena, los Duques de Palma, en tanto que propietarios de la casa de Elisenda de Pinós, número 11, es decir, su residencia, arriendan a los Duques de Palma, en tanto que socios de Aizoon, la segunda planta del palacete, por 12.000 euros al año y durante cinco años. Tanto Iñaki como Cristina firman dos veces en el contrato, primero como arrendadores y luego como arrendatarios. Naturalmente, nunca hubo actividad alguna de Aizoon en el palacete y la operación solo sirvió para generar gastos ficticios y pagar menos a Hacienda. Y para no saber nada de nada, la hija del Rey firmó dos veces en un contrato que, como poco, se puede calificar de fraudulento.

Por si no fuera suficiente, la Infanta emitía facturas con su nombre y su NIF, el 14-Z, para cobrar a Aizoon el autoalquiler.

También existe otro contrato por el que, según El Mundo, la Infanta autorizó de su puño y letra una compra ficticia de participaciones para percibir de manos de la constructora Mixta Africa un regalo de 150.000 euros a cambio de unas asesorías que jamás existieron.

Además, figuran en el sumario diferentes facturas pagadas por Aizoon de gastos particulares de la Infanta y de sus hijos. Así, figuran 20.000 euros por las reformas en el palacete de Pedralbes, 5.500 euros del flete de un avión privado para ir a esquiar, en Denver (Estados Unidos), más de 1.300 euros por un safari en Sudáfrica, 6.672 euros por clases particulares para aprender a hablar en público y otros gastos menores como comidas en restaurantes, chocolates, gasolina e incluso libros de Harry Potter.

Así que muy probablemente la Infanta será llamada a declarar para aclarar todo esto. Hasta ahora, no se ha comportado como se presume de una Infanta de España, presentarse voluntariamente y aclarar lo que sin duda debe ser un malentendido, sino que ha tratado de escurrir el bulto como suelen hacer los delincuentes.

De modo que es muy probable que,  si el juez Castro la cita finalmente, se acoja a su derecho a no declarar o a contestar lo menos posible, siguiendo el viejo proverbio “No me hagas preguntas y no te diré mentiras”.

Porque ella sabe que si ni el fiscal ni los gobiernos valenciano y balear le acusan, con la sola acusación popular de Manos Limpias, no van a poder juzgarle.

En abril, en un artículo titulado “La realeza ya no es lo que era” concluía: “Todavía no ha nacido el tribunal capaz de condenar a una Infanta de España”. Y sigo pensando lo mismo.

De todas formas, como advierten en el programa “El hormiguero” cuando realizan algún experimento peligroso, queridos lectores: “Esto, no lo hagan en casa”. Lo digo, por si alguien en un proceso por blanqueo, fraude fiscal o tráfico de influencias, pretende hacer lo mismo que la Infanta. Quizá el fiscal no esté tan receptivo a apreciar su ignorancia y la Agencia Tributaria no contemple con la misma benevolencia sus triquiñuelas.  Lo dicho: Ni se les ocurra hacerlo en casa.