Las eléctricas, contra Soria: "deja a España en una inseguridad jurídica absoluta"

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Eduardo Montes, presidente de UNESA, durante su intervención, el pasado lunes, día 23, en un desayuno informativo de la Asociación de Periodistas de Información Económica. / Zipi (Efe)

Los representantes de las principales compañías eléctricas españolas culpan al ministro de Industria, José Manuel Soria, de haber puesto a España en la lista negra de países con mayor inseguridad jurídica en relación a su sector eléctrico. Con informes de diversos analistas internacionales en la mano, aseguran que, hasta ahora, nuestro sector eléctrico era considerado "arbitrario" o "de alto riesgo" para inversores, pero afirman que, tras las últimas decisiones del gobierno español, se ha coronado como "el único en el primer mundo en el que ocurren estas cosas y en el que se desaconseja abiertamente invertir  en este sector".

En la bronca entre gobierno y empresas eléctricas llueve sobre mojado. Desde los inicios de la crisis, las cinco grandes empresas vienen señalando el déficit tarifario, las primas a las energías renovables, las subvenciones al carbón o a suministros extrapeninsulares como el principal motivo de carestía en el recibo de la luz. De hecho, sus representantes se han desgañitado explicando que, de la composición de la factura eléctrica que hemos pagado este año 2013, solamente el 44% se corresponde con los costes de suministro y que el 56% tiene que ver con las primas a energías renovables (21%), impuestos (21%) y otras subvenciones (14%) entre las que se cuentan las anualidades del pago del déficit tarifario, la subvención a la energía en zonas extrapeninsulares (Baleares y Canarias) o las subvenciones al carbón. No quieren ser "los malos de la película" en el drama de la crisis y se muestran muy críticos con el gobierno de Mariano Rajoy,  que en lugar de de poner orden en el caótico sector energético español, "se ha deslizado por la pendiente del populismo y la inoperancia".

Uno de los representantes de una de las principales empresas eléctricas españolas asegura, de hecho, que "el gobierno se ha partido la cara haciendo una reforma laboral impopular, se ha partido la cara haciendo recortes muy duros para evitar la intervención de nuestro pais por la UE, pero se ha olvidado de uno de sus grandes retos: la reforma energética. Ha pasado de puntillas o, lo que es peor, ha empeorado la situación que ya teníamos. El ministro Soria es el garbanzo negro de este gobierno". Comentarios como éste se suceden estos días en el sector eléctrico, después de dos decisiones del titular de Industria que han hecho saltar todas las alarmas. La primera se produjo cuando el ministro decidió introducir, a través de una enmienda en el Senado, la supresión del pago de 3.600 millones de euros en concepto de "déficit tarifario" acumulado en 2013 (era la cifra estimada hasta el momento, porque, posteriormente, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia lo estableció en casi 4.500 millones de euros) que, desde el gobierno de José María Aznar, se ha ido generando y abonando paulatinamente a través de los Presupuestos Generales del Estado. El déficit tarifario es la diferencia entre el coste real y lo que se paga por la energía anualmente, una cifra que, desde sus inicios, fue aumentando una deuda del Estado para con las compañías eléctricas que ha llegado a rondar los 50.000 millones de euros en nuestros días.

La gota que colmó el vaso, sin embargo, fue la decisión de anular la reciente subasta energética, por considerar que se habían producido "irregularidades". A las empresas energéticas les indignó que el ministro Soria insinuase que podrían haber manipulado la subasta, cuyo resultado hubiera supuesto el aumento de un 11%  la factura del consumidor final. "Si tiene pruebas, que lo denuncie en un juzgado de guardia, pero que no se invente una excusa y nos ponga en el punto de mira para justificar la medida", clamaba uno de los portavoces de las empresas. En la subasta, aseguran desde estas empresas, las cinco grandes españolas sólo vendieron el 10% y hubo unos 30 operadores que participaron, en su mayor parte, bancos y brokers. "El gobierno y el ministro Soria saben perfectamente quienes fueron los agentes  que intervinieron, así que, después de hacer lo que han hecho solamente pueden ir y denunciarlo... o admitir que fue una medida deseperada en un intento de justificar su decisión", aseguran estas mismas fuentes.

El Gobierno intentó a toda costa evitar el impopular "tarifazo" en el arranque de un año electoral, entienden desde estas compañías, "pero a costa de hacernos pagar a nosotros por décadas de políticas erráticas o erróneas en materia energética". Recuerdan que, en épocas del entonces vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, se creó el déficit tarifario, para evitar que la fluctuación del precio del crudo repercutiera directamente en la factura del consumidor mensualmente. Ese déficit ya se pagaría posteriormente, con cargo a los Presupuestos. Recuerdan también que, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, ese déficit se consideró un "cajón de sastre" en el que cabían todo tipo de primas y subvenciones". Y cupieron hasta que, al llegar la crisis, se habían convertido en un monstruo cercano a 40.000 millones de euros que el Estado, apremiado por Europa para rebajar su déficit, sencillamente, no podía afrontar. Añaden que, durante el gobierno de Zapatero, el PP en la oposición denunció esta situación y anunció que ellos iban a cambiar radicalmente esa política "suicida". Pero, subrayan, no lo han hecho. Entienden que la han mantenido y agravado, con actuaciones puntuales que los mercados no entienden sino como muestras de inseguridad jurídica. Con informes en mano de BNP Paribas, de Macquarie Group o del propio Deustche Bank, señalan los calificativos que dedican al sector energético español: "alto riesgo", "arbitrario", etc. y se exclaman : "¡Y esto lo decían antes de que Soria tomase las últimas medidas!".

Por su parte, desde UNESA la patronal de las eléctricas, que preside Eduardo Montes, ya han anunciado medidas legales contra las decisiones del ministro que, entienden, "perjudican gravemente no sólo al sector, sino a la imagen de España, porque en la UE están que no se lo creen...".

Consideran, asimismo, que se ha puesto en marcha una campaña de hostigamiento contra las compañías absolutamente injustificada y que se mezclan datos de forma demagogica: "Se dice que las eléctricas han obtenido 6.000 millones de euros de beneficio, por ejemplo, pero no se añade que su inversión en España ronda los 106.000 millones, lo que significa el 11% de nuestro PIB", exclama airado uno de los interlocutores consultados.

Tampoco les parece ajustado hablar de esos miles de millones de beneficios sin aclarar que la inmensa mayoría se genera fuera de España y que el negocio en nuestro país se va reduciendo cada vez más, de modo que, según sus estimaciones, a finales de este año, estará alrededor del 21% del volumen total de negocio de las cinco grandes: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y E.on.


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