La peor estrategia, la mejor táctica

Cristina de Borbón ha decidido volver a ponerle la anilla a la granada. Seguramente por lo que se suelen hacer estas cosas arriesgadas, para que no le estalle. Porque, lejos de comportarse como lo haría una Infanta de España —presentarse voluntaria a dar las explicaciones necesarias que su actuación ha suscitado para que se viera que todo es un malentendido—, ha sido remolona y ha evitado a toda costa comparecer ante el juez.

No lo hizo cuando su nombre apareció en el sumario del caso Nóos, vinculado al de su marido, Iñaki Urdangarin. Tampoco quiso comparecer cuando el 4 de abril de 2013 el juez Castro la imputó por tráfico de influencias, ni cuando la Audiencia de Palma, el 7 de mayo de ese año le levantó la imputación, pero ordenó que se investigara su posible implicación en delito fiscal y blanqueo de dinero. Ahora, nueve meses después, cuando el juez hace público un auto de 227 folios para citarla a declarar, su abogado Miguel Roca anuncia primero que van a recurrir y dos días después rectifican y precisan que no recurrirán y que la hija del Rey comparecerá a declarar ¡voluntariamente!. ¿Cómo hemos llegado a esto?

Verán, desde el principio, Cristina Federica de Borbón escogió la peor estrategia posible. Si ella hubiera pedido declarar y hubiera afirmado que no sabía nada de las actividades de su esposo y que solo firmaba donde este le decía, a estas alturas estaba fuera del proceso y sin pasar el calvario que lleva atravesando desde hace tres años la monarquía. Pero esa estrategia —que era la mejor y la que le aconsejaron que adoptara— conllevaba dejar en la estacada y echar a los leones a su marido, y ella no estaba dispuesta a hacerlo, a pesar de que él le había metido en el enredo y, además, le había sido infiel, según varios correos electrónicos publicados.

Por el contrario, decidió pensar en sí misma y en Urdangarin, dejando de lado su papel institucional. Su apoyo incondicional a su marido ha puesto en un auténtico brete a la Casa del Rey, que ha ido apartando primero al Duque y luego a ella misma de los actos oficiales y de representación.

Su mutismo ha llevado a que se investigase su participación en Aizoon, sociedad de la que era propietaria al 50 por ciento con su marido, y se han conocido comportamientos poco edificantes, como el pago en dinero negro a empleadas de hogar, el autoalquiler de parte del palacete de Pedralbes en cuyo contrato firmaba como arrendadora y como arrendataria al mismo tiempo, y el empleo del dinero de la sociedad en las reformas de la villa y en gastos personales. Un verdadero desastre para su imagen ante la opinión pública.

Ahora, cuando el juez ha puesto en negro sobre blanco todos los indicios que existen contra ella por fraude fiscal y blanqueo de dinero, primero se niega, pero luego accede a declarar y su abogado afirma que voluntariamente. Por fin, ha escogido la mejor táctica.

Y usted se preguntará por qué.

De entrada, porque mejora su imagen, aunque es obvio que de voluntariamente nada, porque ya estaba citada para el 8 de marzo. Pero lo más importante es que al no recurrir la imputación del juez, se evita que los tres magistrados de la Audiencia de Palma tengan que pronunciarse sobre la misma. Y en esa resolución podrían haber confirmado los indicios de delito que hay contra ella, aunque luego no se le pudiera juzgar por aplicación de la doctrina Botín, ya que solo la acusa la acción popular.

Los magistrados, que en mayo de 2013 la libraron del delito de tráfico de influencias, la metieron en un jardín mucho peor, como fue la investigación por delito fiscal y blanqueo. El auto del juez Castro es el resultado de haber cumplido aquella orden de la Audiencia de Palma, por lo que con una alta probabilidad, los magistrados habrían confirmado los indicios de delito y le habrían asestado un importantísimo varapalo moral. Porque el auto del juez, dicho sea de paso, está bien fundamentado, a pesar de las pataletas del fiscal Horrach.

El 8 de febrero Cristina de Borbón comparecerá ante el juez, y me dice mi bola de cristal de adivino que su declaración será del tipo “No tengo nada que decir, pero se lo diré de todas formas”. Y hará lo que no hizo y tenía que haber hecho hace tres años: decir que ella no sabía nada de las actividades de su marido y que firmó por amor, porque él se lo pidió y no supo negarse. Excusa burda para una universitaria, pero imprescindible para salvar a la abeja reina, aunque los zánganos mueran por el camino.

Porque como decida comportarse como una esposa ejemplar y crea que con su declaración puede salvar a su marido —y a Urdangarin ya no le salva ni todo el cuerpo de bomberos— estaría reconociendo el delito y el fiscal no tendría más remedio que acusarla. Un charco de consecuencias imprevistas.

La ofensiva.

Aparte de las piruetas que la Agencia Tributaria está haciendo con los informes para exculpar a la Infanta y las de las acusaciones particulares, los Gobiernos de Baleares y Valencia, para no acusarla, parece que la Fiscalía y algunos miembros del Gobierno, en otra mala estrategia, están perdiendo los nervios

El fiscal Pedro Horrach, que en teoría es el defensor de la legalidad, está ejerciendo una defensa de la Infanta mucho más extrema que la de su propio abogado, de acuerdo con su jefe, el fiscal del Estado, ese prodigio de imparcialidad llamado Eduardo Torres-Dulce. En lugar de recurrir la imputación, si tan en desacuerdo estaba, Horrach ha presentado un escrito alejado de los usos forenses en el que ataca al juez Castro porque su imputación de la hija del Rey se basa “en la absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa”, es decir, por, según él, acoger teorías de conspiración. El escrito es tan desproporcionado que la Asociación Francisco de Vitoria ha pedido al Consejo del Poder Judicial  que actúe (Comunicado de la Asociación Francisco de Vitoria) y el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch, ha criticado la actuación del fiscal.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presionado al juez decano de Palma para que evite a la Infanta la bajada por la cuesta de los juzgados, lo que es el chocolate del loro, como ha reconocido el propio defensor de Cristina de Borbón. Una muy mala decisión para llevar al convencimiento de los ciudadanos de que los españoles somos iguales ante la ley y que la justicia es igual para todos. Si yo fuera ella, renunciaría al privilegio y bajaría la cuesta con naturalidad, como prueba de que no tengo nada que ocultar, pero siempre hay gente que desea agradar tanto al amo que es más papista que el papa y hace un flaco favor a la democracia.

Nota de agradecimiento

Tengo que comunicar a mis apreciados lectores que alguno de mis artículos no debe de ser tan malo como ellos creen. Resulta que el 8 de enero, día de la segunda imputación de la Infanta, algún entusiasta de mis pequeñas diatribas, en un blog titulado "La Sexta Noche" —que al parecer tampoco tiene nada que ver con la cadena de televisión— se apropió del contenido de un artículo mío titulado “Una paradoja muy real”, publicado dos meses antes, exactamente el 11 de noviembre de 2013, en cuartopoder.es. Al campeón del plagio quizá se le olvidó que no lo había escrito él.

Ver mi artículo del 11 de noviembre

Ver el plagio del 8 de enero

Decía que no debe ser tan malo, porque lo anuncian como primicia y lo único que han eliminado es mi firma, porque han fusilado hasta las fotos, que son propiedad de la Agencia Efe,  y la página estaba repleta de publicidad.

¡Una primicia, dos meses después de publicada! Un genio. En fin, me da la impresión de que a este innegable chupóptero le es de aplicación el Principio de Hanlon: “Nunca atribuyas a la maldad, lo que pueda ser explicado por la estupidez”.

¡Qué torpe!