Montoro y otros 313 diputados cobran 21.600 euros exentos de IRPF

El anuncio del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate sobre el Estado de la Nación de dejar exentos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a quienes ingresen menos de 12.000 euros al año, contrasta con la exención de ese impuesto a los 21.600 euros anuales que percibe cada uno de los 314 diputados de fuera de Madrid y entre los que se encuentra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en concepto de dietas o salario indirecto. Los diputados capitalinos cobran 10.800 euros al año por ese concepto. La primera cantidad casi duplica el límite de exención anunciado por Rajoy para 2015, cuando entre en vigor la reforma fiscal que tiene en cartera.

“¿Por qué la exención a las rentas de 12.000 euros y no a las de 12.200 o 12.100?”, preguntó  Alfredo Pérez Rubalcaba sin obtener respuesta de Rajoy. La coherencia con los ingresos exentos de IRPF de sus señorías (1.800 euros al mes los de fuera de Madrid y 900 los 36 de la circunscripción central) conllevaría la equiparación de la exención. Al margen de las dietas o salario indirecto libre de impuestos, de las que se benefician también los senadores, los parlamentarios nacionales perciben una retribución básica que tras el descuento fiscal se sitúa en 2.900 euros mensuales por catorce pagas. A esa cantidad se añaden las remuneraciones variables en función de las responsabilidades y cargos en las Mesas de las Cámaras y de sus comisiones.

Aunque la diferencia entre representantes y representados o, como señaló Cayo Lara, entre la España oficial y la real, quedó de relieve en el debate, ni los palmeros del de la derecha ni los defensores de los trabajadores y la población activa en general, la más castigada por la crisis, alzaron la voz contra el trato desigual. Quizá la razón del silencio deba buscarse en que nadie tira piedras contra su tejado y en que, según algunos parlamentarios consultados, solo se trata de “uno de los cinco privilegios” que les otorga el Poder Legislativo. En palabras de Álvaro Anchuelo, de UPyD, las demás ventajas, “que podríamos considerar privilegios”, son: “No estamos incluidos en el régimen general de la Seguridad Social y no pagamos la cuota que corresponde al trabajador porque la Cámara la paga íntegramente. Hay unos complementos de pensiones que hacen que después de once años se tenga la pensión máxima, y a partir de los siete años, del 80 % de esa pensión máxima hacia arriba. Hasta hace poco tiempo había unas aportaciones a fondos privados de pensiones. Y no hay derecho a la prestación por desempleo, pero a cambio hay unas indemnizaciones por fin de mandato que equivalen a una mensualidad por año de mandato”.

Cada día más parlamentarios de distintos grupos reclaman la corrección de esas diferencias por entender que ningún ciudadano que se dedique a la política debe tener diferencia de trato positiva ni tampoco negativa respecto a los demás. Aunque mucho se ha avanzado en materia de incompatibilidad y declaración de patrimonio y actividad de los parlamentarios, la diferencia de tratamiento en materia de pensiones (Seguridad Social) y fiscalidad sigue siendo notable y, aunque nada tenga que ver con la corrupción, el enchufismo y las puertas giratorias, reconocen que también lastra la credibilidad de la política.

Sobre el impacto de la exención fiscal propiamente dicha y anunciada por Rajoy, los datos aportados por la responsable del PSOE en materia fiscal, Inmaculada Rodríguez-Piñero, indican que se trata de humo preelectoral. Rodríguez-Piñero explicó que “hay unos 5,7 millones de trabajadores con salarios inferiores a 12.000 euros, según las estadísticas del IRPF. De ellos, el 97% (5,52 millones) ya están exentos del pago del IRPF gracias a la reforma fiscal del PSOE de 2007, por lo que la nueva promesa del PP no beneficia ni al 3% de los trabajadores (180.000) por una cantidad anual de 246 a 40 euros”. La portavoz socialista tildó de “fraude” y “engaño a los ciudadanos” la prometida bajada de impuestos, pues “no compensa las subidas de IVA, IBI y Tasas y sigue sin ayudar a los que peor lo están pasando por la crisis”.

La mayor parte de las 105 propuestas de resolución de los grupos de la oposición que se votarán hoy como colofón del debate van orientadas al “rescate social”, a mitigar la pobreza y la desigualdad y a la creación de puestos de trabajo. La izquierda exige la reconsideración de la reforma laboral, la no aplicación de la ley Wert y que no se envíen al Parlamento la contrarreforma del aborto y la ley de seguridad ciudadana. CiU, UPyD y PNV coinciden en la mayor parte de esas demandas. IU plantea la responsabilidad del jefe del Gobierno por la corrupción y el deterioro de la política y pide su dimisión y elecciones anticipadas. La coalición de Cayo Lara coincide con el PSOE en la defensa de los derechos de los inmigrantes, y ambas formaciones y CiU y UPyD plantean sus alternativas fiscales.