La impunidad de los genocidas quiebra el pacto PP-PSOE sobre política exterior

Thubten Wangchen, víctima tibetana, saluda a Javier Couso -hermano del cámara José Couso fallecido en la guerra de Irak- en el Congreso de los Diputados, donde el pasado martes se  celebró la jornada parlamentaria "Derechos Humanos y Justicia Universal". / Sergio Barrenechea (Efe)
Thubten Wangchen, víctima tibetana, saluda a Javier Couso -hermano del cámara José Couso, asesinado en Irak- en el Congreso, donde el martes se celebró la jornada «Derechos Humanos y Justicia Universal». / Sergio Barrenechea (Efe)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha tardado tres días en laminar el acuerdo con el PSOE sobre la renovación estratégica de la política exterior española”. Esas 52 horas son el periodo transcurrido entre la presentación del informe encargado por el propio Ejecutivo al Instituto Elcano, cuya presidencia de honor ostenta el príncipe Felipe de Borbón, y la aprobación en el Congreso, en trámite de urgencia y en lectura única, de la proposición de ley orgánica del PP por la que el Reino de España renuncia a ejercer la jurisdicción universal fuera de sus fronteras contra los genocidas y criminales de guerra. Más allá de la quiebra del acuerdo en política exterior entre los dos grandes partidos, todos los grupos parlamentarios menos el PP recurrirán la nueva norma ante el Tribunal Constitucional.

Cuando el lunes, 24 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo y Marfil, presentó en la Escuela Diplomática el documento sobre la renovación estratégica de la política exterior, de la que, por cierto, ha desaparecido “el diálogo de las civilizaciones”, se hallaba flanqueado por Javier Solana Madariaga, del PSOE, y por Marcelino Oreja Aguirre, de la desaparecida UCD. Entre el público estaba también la exministra socialista Trinidad Jiménez y el portavoz para las relaciones con la UE, Juan Moscoso, entre otros representantes del principal partido de la oposición. Al acto asistieron asimismo varios diputados del PP y el titular de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

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Si nos atenemos a las palabras del presidente del Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, el documento contiene aportaciones de más de 150 expertos bajo la coordinación del diplomático y profesor Ignacio Molina, y “es el resultado de un doble pacto público-privado –habida cuenta de que el Instituto es una entidad privada– y gobierno-oposición, un pacto auspiciado por la Corona”. Tanto Margallo como Solana se mostraron de acuerdo con el contenido y lo estimaron provechoso y útil.

De los seis “objetivos estratégicos” que plantea, con las consiguientes líneas de actuación a medio plazo, el segundo, tras “la integración europea”, es la proyección de una “democracia avanzada”. Esto significa que “hay que asumir de forma más consistente la promoción internacional de la democracia y los derechos humanos”. ¿Quién puede estar en desacuerdo? El documento añade que “sería conveniente que la promoción de la democracia y los derechos humanos no recayese sólo, y ni siquiera fundamentalmente en los poderes públicos, sino que fuera asumida por el conjunto de la sociedad, incluyendo partidos políticos, medios de comunicación, empresas, sindicatos, ONG y mundo académico”.

Tres días después, los ministros de Rajoy y el PP en bloque aprobaban en solitario en el Congreso la prohibición a los jueces y magistrados de ejercer la jurisdicción universal sobre los autores de crímenes contra la humanidad, de modo que sólo podrán ser detenidos y juzgados si se hallan en territorio español. Y lo hacían, además, con carácter retroactivo, de manera que los once sumarios abiertos por la Audiencia Nacional quedan sin efecto. Toda la oposición ha clamado contra esta “venta de la dignidad de los españoles” y los socialistas consideran que el Gobierno ha burlado el pacto de política exterior al que habían llegado.

Así las cosas, y a falta de la última votación para que llegue al BOE la mayor prueba de “servilismo gubernamental” ante los crímenes de exgobernantes de varios países (China, EEUU, Israel, Marruecos, Chile , El Salvador y otros) contra ciudadanos españoles, todos los grupos de la oposición se han comprometido en un encuentro con la Asociación pro Derechos Humanos a derogar la norma en cuanto el PP pierda su mayoría absoluta y a recurrirla al Constitucional porque, según dijo la portavoz socialista Soraya Rodríguez, “vulnera y pisotea el artículo 24.1 de la tutela judicial efectiva”. Esto sin considerar un trámite parlamentario que tachó de “verdadero atropello al Congreso”.

A este acto bien distinto del que protagonizó Margallo arropado por el PSOE asistieron Javier Couso, hermano del cámara José Couso abatido por los disparos de un tanque de EEUU contra el Hotel Palestina, donde se encontraban los periodistas que cubrían la ocupación de Bagdad (Irak); Mahmud Daf Buyemaa, víctima saharaui, y Thubten Wangchen, víctima de la represión y las matanzas de China en el Tibet, y diversos juristas de la sociedad civil, esa a la que la nueva estrategia de política exterior pide que se implique en la promoción y defensa de los Derechos Humanos.