Grupo criminal

Los encantadores de serpientes viven de hipnotizar al animal moviendo la flauta a un ritmo regular. Es un engaño que puede durar toda una vida o hasta que la cobra recela y muerde al domador. El ataque quizá no sea mortal, pero después de eso al encantador se le ha acabado el negocio. Y la cobra ha mordido ya al sicofante.

Ha tardado, porque Gerardo Díaz Ferrán, que tiene ya 71 años y ha vivido muy por encima de las posibilidades del 99% de los españoles, lleva años engatusando a la gente. Ahora le acusan de integrar un grupo criminal.

Igual ya no lo recuerdan, pero Díaz Ferrán era aquel presidente de los empresarios españoles (CEOE) ─entre 2007 y 2010─ que en plena crisis nos explicaba que solo se podía salir del agujero “trabajando más y ganando menos”. Ya saben, la épica del sudor es el lubricante del éxito. Mientras, él vivía a cuerpo de rey, con un par de apartamentos frente a Central Park, en Nueva York, disponía de un yate de 27 metros de eslora, el Leuqar III (el nombre de su mujer al revés), estafaba al Estado con la compraventa de Aerolíneas Argentinas, intentaba evadir 4,9 millones de euros por medio de una cuenta en Suiza y eludía el pago a sus acreedores por medio de una sofisticada operación de vaciamiento patrimonial de sus empresas: el grupo Marsans y Air Comet.

Lo cierto es que hasta que sus empresas entraron en suspensión de pagos, Díaz Ferrán tuvo una reputación intachable, presidente de la CEIM y del IFEMA, incluso en 2008 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, de Elche, que el año pasado, tras conocerse los procesos judiciales contra él y su ingreso en prisión preventiva, le retiró el galardón

Esta semana, el fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos ha solicitado 15 años de prisión para él por delito de alzamiento de bienes, concurso fraudulento y blanqueo de capitales en un escrito de calificación muy minucioso y duro contra el ex jefe de la patronal.

Los acreedores elevan la petición a los 21 años de cárcel. Algo más simbólico que real, si nos atenemos a la avanzada edad ─71 años─ del acusado, que previsiblemente no pasará en el centro penitenciario más de 4 o 5 años, según todos los cálculos.

Pero lo que ha llamado la atención de los expertos es que el fiscal ha incluido en la calificación jurídica la figura del “grupo criminal”, por el que solicita por ese delito un año de cárcel para Díaz Ferrán y para cada uno de los otros 10 acusados.

El grupo criminal es un tipo penal introducido en la reforma del Código de 2010 para combatir el crimen organizado transnacional, debido a las reticencias del Tribunal Supremo para aplicar el delito de asociación ilícita a grupos organizados menos importantes por comparación con las grandes estructuras organizadas clásicas como las mafias italianas y norteamericana, los cárteles colombianos y mexicanos, las triadas chinas o las mafias rusa y georgiana.

Así, para castigar a otros grupos cuya actividad principal es la criminalidad organizada,  el legislador introdujo dos nuevas figuras: la organización criminal y el grupo criminal, que se recogen en los artículos 570 bis y ter, respectivamente, del Código Penal. Así, “se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas”.

Mientras que el grupo criminal se define como “la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas”.

Como pueden apreciar un tipo de delito más leve, que a pesar de la buena voluntad de los legisladores no parece tener la fuerza ejemplarizante de otras penas más severas (un año de cárcel es menos que el castigo por algunos delitos de tráfico y también inferior a la pena por los tartazos en Francia a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina).

La Fiscalía del Estado elaboró una instrucción, recogida en la memoria de 2012, con los criterios para que los fiscales apliquen estos artículos.

Hasta ahora, en ninguno de los casos de corrupción económica se había aplicado este delito, aunque quizá ahora se ponga de moda y se considere grupo u organización criminal a más de dos personas, que se repartían los roles, tenían una estabilidad en el tiempo y su finalidad era enriquecerse mediante la comisión de delitos.

¿Creen que este concepto podría ser aplicable a directivos de Bankia y de determinadas cajas de ahorro quebradas o implicadas en el escándalo de las preferentes, a los chanchullos de la Gürtel, a la caja B del Partido Popular y las cuentas en Suiza de su tesorero Luis Bárcenas, a los ERE de Andalucía, o, si me apuran, a los negocios de patrocinio con dinero público de Iñaki Urdangarin y su socio?

Claro que si la pena a imponer es un año por criminalidad organizada, casi es para decir al tribunal que ponga dos y así le sirve para la siguiente vez.

De todas formas, ¿se imaginan que un tribunal declarase “grupo criminal” a determinados cargos del PP por la Gürtel o los papeles de Bárcenas? Dejen de soñar.