Madina, contra la banca: denuncia subidas abusivas (30%) y opacas de las comisiones

En el “país de la transparencia” la banca abusa de la opacidad y se está forrando con el incremento abusivo y desmedido de las comisiones a los usuarios. Las entidades bancarias han elevado un 30% sus comisiones, con unos ingresos brutos de 18.417 millones de euros por este concepto el último año. El abuso usurario ha llevado a los socialistas a presentar una proposición no de ley en al pleno Congreso pidiendo al Gobierno que no mire a otro lado e intervenga ante la creciente injusticia de unas entidades financieras que, además, están despidiendo a miles de trabajadores.

La proposición al pleno del Congreso no viene firmada por la portavoz, Soraya Rodríguez, ni por el responsable de economía, Valeriano Gómez, sino por el diputado cordobés Antonio Hurtado, defensor de los estafados por las “participaciones preferentes”, y el portavoz adjunto, Eduardo Madina. Y tiene mérito porque la presentan en periodo electoral, cuando los partidos acuden a pedir créditos para sus campañas. Pero las fuentes consultadas estiman que el abuso y la injusticia de las comisiones bancarias es lacerante y ha de abordarse cuanto antes.

A nadie se le escapa que las cuentas bancarias son parte esencial, casi imprescindible, de la vida cotidiana, tanto para cobrar los salarios y las pensiones como para pagar los servicios públicos básicos (agua, electricidad, teléfono, Seguridad Social, etcétera) por parte de millones de trabajadores, empresas y familias. Así lo entiende y proclama la Comisión Europea. A partir de esa consideración de Perogrullo, los socialistas coinciden con las asociaciones de consumidores y usuarios en exigir al Gobierno medidas de contención contra los crecientes abusos.

Sin duda el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, saben que los españoles soportamos el pago de las comisiones bancarias más altas de toda la Unión Europea, sólo superadas por Italia. El obligado mantenimiento de una cuenta en una entidad supone un coste medio de 200 euros al año. Estos cobros a los clientes por los servicios prestados --administrar una cuenta, enviar una transferencia, cambiar divisas o mantener una tarjeta de crédito o de débito--han aumentado en los últimos años de forma opaca y abusiva, muy por encima del IPC.

La estimación consignada en la proposición no de ley deja tamañita las subidas de la luz, el gas y los transportes públicos y cifra el sablazo en un 30% el último año, de tal forma que los bancos y cajas se embolsaron en 2013 la cantidad de 18.417 millones de euros, el 23,24% de sus ganancias brutas. Frente a los 50 euros anuales que cuesta a los europeos del centro mantener su cuenta bancaria, a nosotros nos cobran 200. Sólo los italianos pagan más: 244 euros anuales, aunque ellos no han tenido que rescatar con sus impuestos y su deuda soberana a una parte considerable del sistema financiero.

Algunas entidades rescatadas, como la Bankia de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, se ensañan con los que menos tienen e imponen una comisión anual de 40 euros a los clientes con cuentas inferiores a 2.000 euros de promedio. Esa y casi todas cobran dos euros por transferencia, aunque no la realicen físicamente sus empleados –cada vez menos por mor de las sucesivas regulaciones de plantillas--, sino los usuarios electrónicamente, incluso entre cuentas de la misma entidad.

La casuística es tan amplia como los motivos de los millones de transferencias que se realizan a diario. Si preguntamos al presidente de turno de una comunidad de diez vecinos, por ejemplo, sabremos que solo por transferir electrónicamente 30 euros mensuales de las cuentas de esos vecinos a la que poseen en común para pagar los servicios comunitarios, el banco les cobra 20 euros por la operación.

Dicen Madina y Hurtado que “este aumento extraordinario de las comisiones bancarias no se justifica por razones de eficiencia”. De hecho, los servicios son los mismos que hace un lustro. “Todo indica –añaden-- que las entidades de crédito, además de encarecer los préstamos a las familias y las Pymes, han incrementado las comisiones para mejorar sus cuentas de resultados en un momento delicado para sus balances”.

Ambos parlamentarios invocan la denuncia de “opacidad” que formuló el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier: “El cliente no sabe lo que paga, está indefenso porque le hurtan una información accesible y fácil de entender que le permita comparar”. El 28 de octubre de 2011, las autoridades de la UE emitieron la orden EHA/2899 que establece en su artículo 3 unas obligaciones de transparencia y conducta a las entidades de crédito tendentes a moderar las comisiones. Ese efecto no se ha producido, sino todo lo contrario. Ni el ministro Guindos ni el gobernador Linde han dicho una palabra sobre la usura desmedida.

El Banco de España, tan diligente hasta para publicar tebeos fomentando el ahorro y las pensiones privadas sin decir cuanto cobran las entidades administradoras, todavía no ha tenido tiempo de exigir a las entidades que apliquen normas claras para que los usuarios puedan decidir entre distintas entidades. La Comisión Nacional de la Competencia tampoco parece haber aterrizado sobre lo que su nombre indica. La principal ocupación del Gobierno ahora parece centrada en el buitreo desde Madrid de los residuos de la obra social, el patrimonio cultural de las cajas rescatadas y en la especulación con sus famosos "activos tóxicos". Pero esa es otra historia.