Gallardón y Fernández Díaz dejan en manos privadas la traducción de escuchas contra el crimen

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Alberto Ruiz- Gallardón y Jorge Fernández Díaz durante una sesión del Congreso de los Diputados. / Efe
Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz durante una sesión del Congreso de los Diputados. / Efe

¿Qué ocurre si el traductor se pasa al enemigo? Cuando eso sucede, la información se vuelve líquida, los líquidos se filtran y la policía y los jueces acaban pegando palos de ciego. Esto lo saben hasta los ministros de Justicia y de Interior, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez y Jorge Fernández Díaz, pero no renuncian a “externalizar” –expresión eufemística del verbo privatizar-- los servicios de traducción de los juzgados y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En junio próximo, Interior renovará las contratas con empresas privadas, y de mantenerse el ritmo de incremento del precio bianual, que ya ha alcanza 11 millones de euros, el servicio costará unos 15 millones el próximo bienio.

Los problemas de la “externalización” de un servicio esencial para la seguridad y la justicia como es la traducción de las declaraciones orales, los documentos escritos y la trascripción de las escuchas telefónicas en lenguas distintas del castellano, van a ser finalmente abordados en el Congreso gracias a la proposición no de ley presentada por los diputados de Izquierda Plural Gaspar Llamazares y Alberto Garzón, con el visto bueno del portavoz José Luis Centella. Los proponentes dudan de la legalidad de la privatización de una labor que la Administración tendría que realizar directamente con las debidas garantías.

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La privatización del servicio de traducción policial y judicial comenzó en 2008 y, según la proposición de IU, choca abiertamente con el artículo 251 de la Ley de 2007 sobre Contratos en el Sector Público. Ese precepto excluye de la gestión indirecta “aquellos servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos”, como es el caso de la seguridad pública y la Justicia. Cierto es que no faltan “informes jurídicos a la carta” que avalan unas externalizaciones que, en la práctica, sirven de escudo a los responsables públicos y son fuente de dádivas y corrupción. En todo caso, la responsabilidad directa de los ministros y los altos cargos políticos tiende a desaparecer definitivamente.

Aunque Interior cuenta con una plantilla de 300 empleados públicos que podrían realizar las traducciones, el Gobierno externalizó en 2008 el servicio de traducción e interpretación de ese departamento y del de Justicia. Los informes del Tribunal de Cuentas inciden en que los sucesivos gobiernos no justifican la necesidad y el fundamento de esos contratos de consultoría, asistencia y servicios. El Tribunal pregunta por qué se descarta la posibilidad de cubrir esas funciones con personal de la propia Administración, ampliando la oferta de plazas en cada ejercicio.

En realidad, según la proposición de IU, la operación encubre el pago de personal privado que realiza funciones propias de las instituciones a un coste significativamente superior, con un promedio de un 30% más caro. Basta comprobar los datos del departamento de Gestión Económica del Ministerio del Interior relativo a las contratas de traductores para la Policía y la Guardia Civil para ver que la licitación pasó de 2,6 millones de euros en 2008 a 4,5 en 2010 y a 11,5 millones hace dos años. La contrata del servicio vence en junio.

Aparte la dudosa legalidad y el alto coste, la proposición pide a los ministros concernidos que presten atención a “las tropelías e irregularidades” que se cometen con este tipo de contratos. “Hay quejas generalizadas de las asociaciones de traductores e intérpretes (sobre el comportamiento antisocial de las empresas) y hay alarma en los sindicatos policiales porque han de trabajar con personas cuyo compromiso de confidencialidad, imparcialidad y fiabilidad está, cuando menos, poco garantizado en tareas que requieren el máximo respeto de los derechos de los detenidos y de los datos personales”. Estamos hablando de los derechos de ciudadanos extranjeros y del acceso directo a información relevante para la seguridad del Estado por parte de personas ajenas e “insuficientemente controladas”, dos materias muy sensibles.

La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) denunció en febrero pasado la baja temeraria de una empresa para lograr el contrato en la Comunidad de Madrid a costa de los derechos laborales y salariales de los traductores e intérpretes. En un comunicado añadía que la remuneración de la mencionada empresa a los trabajadores era una cuarta parte de la cantidad que recibía de la Administración. Se ha dado casos de empresas adjudicatarias que han incumplido las cláusulas del contrato por carecer de una plantilla estable, que han incumplido las obligaciones de cotización a la Seguridad Social y que han reclutado personal sin que se compruebe si tienen titulación suficiente. Se han dado casos de cesión ilegal de trabajadores, en los que las empresas actúan como si fueran de trabajo temporal.

La precariedad laboral de los traductores de las contratas y subcontratas privadas es además directamente proporcional al arrinconamiento que sufren los empleados públicos adscritos a la Policía y a la Guardia Civil. Son submileuristas, están adscritos al grupo administrativo 3 (nivel de soldados profesionales), no figuran en el catálogo de puestos de trabajo, carecen de convenio específico, la inmensa mayoría son interinos y al haber quedado en segundo plano en beneficio de las contratas, están siendo infrautilizados y temen que se les aplique un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según han explicado a cuartopoder.

Luego ya, los casos (conocidos) de intérpretes policiales y judiciales que se han aliado con presuntos delincuentes o que sencillamente eran delincuentes, son variadísimos. Está el caso de un sirio que trabajaba de intérprete para la Policía y realizaba secuestros. El de un intérprete turco y otro paquistaní que cuando fueron requeridos para prestar servicio en el aeropuerto de Barajas se descubrió que tenían antecedentes policiales como presuntos delincuentes. El de dos traductores jurados que prestaban servicio en las comisarías y los juzgados de Barcelona y formaban parte de una red de narcotráfico y falsificación de billetes.

La solución a la incuria y “la desidia reinante”, cuyo principal ejemplo es el hecho de que todavía el Gobierno no haya transpuesto la directiva de la UE de 2010 sobre la calidad de los servicios de traducción e interpretación, pasa, según la propuesta de IU, por aplicar de inmediato esa directiva en los procesos penales, poner fin al sistema de contratas, que los servicios de traducción e interpretación de los ministerios de Justicia y de Interior sean cubiertos a través de la provisión de plazas de funcionarios o mediante contratos de trabajo para personal laboral. Y, en definitiva, igual que ocurre en los ministerios de Asuntos Exteriores y de la Presidencia, que los ministerios de Interior y de Justicia cuenten con un Cuerpo de traductores/intérpretes en vez de dejar en manos de empresas privadas unas materias que afectan al derecho de las personas a un juicio justo y a la seguridad del Estado.

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