PSOE y PNV apuestan por el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi inmediatamente después de las europeas

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente del PNV y  lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, trabajan conjuntamente para convencer a Mariano Rajoy de la conveniencia de concluir cuanto antes la normalización de la situación de Euskadi ayudando a la izquierda abertzale representada por Sortu a consolidarse como opción política frente a las reticencias y presiones de lo que queda de ETA. Ambos consideran, según han señalado altos responsables de sus direcciones, que la tarea pasa, inevitablemente, por la búsqueda inmediata de una solución para los presos etarras que pase por su acercamiento a las cárceles vascas de manera legal y se acometa inmediatamente después de celebradas las elecciones europeas del 25 de mayo.

En los encuentros que han mantenido Rubalcaba y Urkullu con Rajoy, muchos de ellos secretos, ambos han tratado de convencer al presidente de que ETA y Sortu (la antigua Batasuna) “ya no son lo mismo” y por eso hay que ayudar a la izquierda abertzale legalizada a resolver el problema de los presos “dentro del cumplimiento estricto de la legislación penitenciaria”.

Rubalcaba, según sus allegados, pone un ejemplo simbólico cuando habla en privado del asunto. Lo que no puede ser, dice, es que el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, que fue quien promovió el abandono del terrorismo y la lucha legal de la izquierda abertzale, esté en la cárcel y que Martín Garitano, presidente de la Diputación Foral de Guipúzcoa gracias a Sortu (la coalición de Bildu con Aralar, Eusko Alkartasuna y Alternatiba), que fue   quien se opuso a la política de abandono de la lucha armada de Otegi entre 2005 y 2006, “ande por ahí tomando vinos tan tranquilamente”. “No tiene sentido”, argumentan Rubalcaba y Urkullu al alimón.

De ahí que ambos intenten convencer a Rajoy de que, tras las europeas, a un año de las siguientes elecciones –municipales exclusivamente en el caso vasco– se aborde de inmediato una solución legal que acerque a los presos etarras a las cárceles de Euskadi y deje sin argumentos a los duros de ETA, algunos de los cuales no descartan romper con la decisión de abandonar la lucha armada del 20 de octubre de 2011 y volver a los tiros porque consideran que el Gobierno está dinamitando todas las salidas al proceso de paz, como demuestra el mantenimiento de la política de dispersión de los presos.

A principios de esta semana, el lehendakari señaló en RNE que esa política de acercamiento debe ir acompañada del desarme de ETA, del reconocimiento del daño causado y de la reparación a las víctimas y que, además, puede realizarse desde el cumplimiento estricto de la Ley Penitenciaria. Al tiempo, pidió pasos claros de ETA sobre el desarme –no dijo

nada de la disolución, pero explicó que pese a no haberla anunciado el día a día va consolidando el escenario de la paz-–, y añadió que, según sus noticias, no volverán a producirse entregas de armas con verificadores extranjeros.

Tanto Urkullu como Rubalcaba coinciden también en recordarle al presidente del Gobierno que el acercamiento es una demanda extendida en la sociedad vasca desde la década de los noventa y un derecho de los familiares de los presos reconocido en los Tratados Internacionales firmados por España.

De que Sortu y ETA ya no son lo mismo, añaden, da una buena muestra el fin de “la guerra de las banderas” que siempre ha mantenido la izquierda abertzale en las instituciones donde gobierna. El mejor ejemplo ha sido la aceptación de Garitano de las sentencias judiciales que le obligaban a colocar una bandera española en el balcón de la Diputación General de Guipúzcoa.  El lehendakari recordó que es una prueba más de que la izquierda abertzale está cumpliendo su avance hacia la normalización desde que presentó sus estatutos para legalizar una candidatura y un partido hasta esa asunción de colocar las banderas españolas en las instituciones que controlan.