Personas sordas y excluídas de la sanidad pública denuncian los estragos de Mato

Punto de destino: las puertas del Ministerio de Sanidad. Motivo y alcance de la visita: manifestar una vez más la indignación contra la injusticia y los abusos de la política sanitaria de la ministra Ana Mato Adrover. La plataforma Yo sí Sanidad Universal se dio cita al mediodía del jueves ante la enorme carcasa ministerial de ladrillo del Paseo del Prado de Madrid contra la expulsión de los inmigrantes –ya contabilizan 913.000 personas, de las que 170.000 son menores de edad-- del sistema sanitario. El viernes a la misma hora está prevista la protesta de miles de personas sordas a las que cobran un ojo de la cara por poder oír.

Los estragos de la decisión del Gobierno del PP de retirar la tarjeta sanitaria a miles de inmigrantes que de un modo u otro residen en España y pagan impuestos al Estado quedaron reflejados en la carta de quince preguntas que los dirigentes de la plataforma por la sanidad universal elevaron a la ministra. En ella piden respuesta a los gravísimos incumplimientos, algunos, con resultado de muerte, que han registrado desde que el Gobierno de Rajoy promulgó el decreto 16/2012 para cortar de raíz –dijeron entonces-- el “turismo sanitario”.

Ciento setenta mil de esos “turistas” son niños y adolescentes menores de edad. Con la misma ley, por analogía y jurisprudencia, con la que les niegan la asistencia sanitaria primaria podrían mañana echarles de las escuelas públicas. Otros, como los casos ya conocidos de los inmigrantes Soledad Torrico y Alpha Pam, han dejado de ser porque tuvieron la mala suerte de residir en la Comunidad Valencia y en Baleares, con gobiernos autonómicos del PP, y les negaron la atención sanitaria y unos análisis básicos que hubieran detectado sus enfermedades fácilmente tratables, y murieron.

La casuística recogida en la carta a Mato Adrover es extensa, rigurosa y argumentada. El objetivo de la plataforma cívica que lleva dos años ayudando a los inmigrantes contra la exclusión sanitaria es que la ministra se entere, responsa y rectifique. El mismo objetivo, que la ministra se entere, ha llevado a miles de personas sordas y sus familias a concentrarse el viernes para entregar 172.000 firmas contra los abusos con características de estafa que vienen sufriendo.

Las personas sordas vienen reclamando “una regulación de los implantes cocleares y los audífonos” de modo que les libere de las cargas pecuniarias a las que están sometidas por unas pocas y determinadas empresas que, según explica el promotor de la iniciativa, el canario Marcos Lechet, actúan en régimen concertado de oligopolio. Marian, una de las miles de personas que sufre esta situación, dice a cuartopoder.es: “Nos cobran hasta 4.000 euros por un cablecito de unos centímetros y la ayuda máxima es de 700 euros”. El negocio es tan próspero y cerrado que ni la ministra ni, mucho menos, esa supercomisión de vigilancia de la competencia que montaron Rajoy, Montoro y De Guindos, quiere oír.

Las personas sordas que como Lechet, Marian y tantas otras utilizan implante coleal –un dispositivo que convierte el sonido en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo-- exigen precios asequibles para los procesadores, cables y otros consumibles. Reclaman la quiebra del monopolio y denuncian la arbitrariedad de una regulación que suprime la ayuda del sistema público de salud a partir de 16 años. “Esta discriminación –dice Lechet-- por razón de edad carece de fundamento y justificación”. Y supone la exclusión social de los jóvenes con menos medios económicos.