El precio de retar al poder

La juez Yassmín Barrios y el presidente de los abogados españoles, Carlos Carnicer. /Consejo General de la Abogacía
en reLa juez Yassmín Barrios y el presidente de los abogados españoles, Carlos Carnicer. / Consejo General de la Abogacía
Actualización de las 20:35 con la noticia de la liberación de 13 presuntos narcos marroquíes en aplicación de las nuevas normas sobre jurisdicción universal

[En relación con la justicia universal, tema que se aborda en este artículo, hoy mismo el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras analizar la nueva redacción del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge la persecución por jurisdicción universal, ha decidido por 13 votos frente a 3 que España no tendrá desde ahora competencia para perseguir el delito de narcotráfico si afecta a personas extranjeras detenidas en barcos que se encuentren en aguas internacionales si el navío no navega bajo pabellón o no se acredita que el destino de la droga sea España. Los tres magistrados de la minoría han anunciado un voto particular. Por ello, el pleno ha resuelto la inmediata libertad de 13 presuntos narcos marroquíes, cuyo juicio estaba a punto de celebrarse en la sección Segunda de lo Penal. Se ha informado al departamento de extranjería a los efectos oportunos, es decir, su expulsión del país. Respecto al recurso que la fiscalía antidroga presentó por la excarcelación de ocho presuntos narcotraficantes sirios, el pleno de la Sala ha decidido recabar información complementaria para confirmar el destino de la droga o si la operación tenía alguna relación con España.]

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La juez Yassmín Barrios ha sido sancionada con un año de suspensión en el ejercicio de su profesión por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. No se lo van creer, pero la sanción tiene su origen en que Barrios presidía el tribunal que el 10 de mayo de 2013 condenó, nada menos que por genocidio y crímenes contra la humanidad, al dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, aunque el veredicto fue anulado diez días después  por la Corte Constitucionalista de Guatemala.

Yassmín Barrios fue galardonada el pasado diciembre con el premio de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía, pero, como tantos y tantos otros, ha descubierto ahora el precio de retar al poder.

La sanción contra Barrios, que incluía también una multa y una amonestación pública, fue instada por el abogado Moisés Galindo quien acusó a la juez de haberle faltado al respeto y de haberlo humillado públicamente durante el proceso contra Ríos Montt. Yassmín Barrios ha recurrido la suspensión en sus funciones ante la Asamblea de Colegios Profesionales y ha solicitado el amparo de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

La resolución contra la juez Barrios ha causado honda sorpresa y malestar en medios jurídicos de todo el mundo. Se da la circunstancia de que el Tribunal de Honor que ha sancionado a la magistrada no tiene competencias para perseguir supuestas faltas cometidas en el ejercicio de la magistratura, sino que esas facultades están atribuidas a la Junta de Disciplina Judicial. Y precisamente en abril de 2013, la Junta ya desestimó la denuncia que se presentó sobre esos mismos hechos.

El despropósito es de tal calibre que el Consejo General de la Abogacía Española estima que el Tribunal de Honor vulnera el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y que la resolución adoptada “es contraria a los estándares internacionales y ataca frontalmente la independencia judicial”.

El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, entrega el premio a los Derechos Humanos, del Consejo General de la Abogacía a la juez Yassmín Barrios /Consejo General de la Abogacía
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, entrega el premio a los Derechos Humanos, del Consejo General de la Abogacía a la juez Yassmín Barrios. / Consejo General de la Abogacía

La juez Barrios no solo es conocida por haber condenado por genocidio a Ríos Montt, sino por su defensa incansable de los Derechos Humanos. Ha formado parte de tribunales que juzgaron el asesinato de Monseñor Juan Gerardi, la masacre de Dos Erres, el Plan de Sánchez y los casos de Rodrigo Rosenberg o el de Myrna Mack. Por ello, ha sufrido atentados que a punto han estado de costarle la vida.

El caso de Ríos Montt pudo llegar a ser juzgado en Guatemala, después de que el juez Santiago Pedraz abriera en España un proceso por genocidio contra él y varios dictadores guatemaltecos que participaron en operaciones de exterminio del pueblo maya. Aquello fue posible gracias a la aplicación de la jurisdicción universal, según la cual determinados crímenes son tan graves que no pueden quedar impunes y los estados deben de poner los medios a su alcance para perseguirlos. La justicia universal está recogida en tratados internacionales —como los de Ginebra, de Viena o de Roma— reconocidos por España y que por tanto forman parte de nuestro derecho interno. Esa fue la base para que el juez Baltasar Garzón persiguiera los crímenes contra la humanidad de la dictadura argentina y los del dictador chileno Augusto Pinochet.

Hasta ahí, todo bien. Eran tiranos en horas bajas que habían perdido el poder. Pero, de repente, jueces de la Audiencia Nacional, como Santiago Pedraz, Fernando Andreu o Ismael Moreno, decidieron perseguir a los militares estadounidenses que asesinaron de un disparo de carro de combate al cámara de Tele 5, José Couso, en Bagdad; o a los militares israelíes que el 22 de julio de 2002 lanzaron una bomba de una tonelada en Gaza para matar al líder de Hamás Salah Shehadeh, que causó la muerte del palestino y de 14 civiles —siete de ellos niños­— e hirió a 150 personas más; o el genocidio chino en el Tibet.

Los norteamericanos se negaron a colaborar y un portavoz del departamento de Estado llegó a decir que antes se helaría el infierno a que los tres militares responsables de la muerte de Couso declarasen en España.

Pero la imputación de los israelíes fue el primer choque serio con el poder. El entonces ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos fue llamado a capítulo por su homónima israelí Tzipi Livni, quien hizo una demostración de fuerza al anunciarnos a los españoles que el Gobierno de Zapatero iba a cambiar la ley y limitar la jurisdicción universal para permitir la impunidad de sus militares. Como así se hizo.

Pero a pesar de la limitación, la interpretación de las leyes permitía todavía perseguir determinados crímenes contra la humanidad y la Audiencia Nacional ordenó la detención internacional para su posterior ingreso en prisión incondicional del ex presidente Chino Jiang Zemin, por el genocidio del Tibet. Por si no fuera bastante, también acordó la detención del dirigente Hu Jintao.

Pero China no se anduvo por las ramas y planteó un conflicto diplomático y comercial de tal calibre que el Gobierno, arrogante frente a los ciudadanos, pero sensible ante los que realmente mandan, ha reformado por la vía express la Ley Orgánica del Poder Judicial y ha dejado a la jurisdicción universal con parecidas posibilidades a las que tiene mi siempre respetado Alcoyano (por aquello de la moral) de conquistar la Copa del Rey.

Ya ven, al principio se modifican las normas para limitar los supuestos daños que puedan ocasionar estos jueces con sus resoluciones. Luego, si fuera necesario, se desprestigia a los jueces y se les sanciona como le ha ocurrido a la magistrada Yassmín Barrios. O si por casualidad investigas un caso de corrupción del partido en el poder, puedes acabar expulsado de la carrera judicial con cualquier pretexto. Seguro que recuerdan algún caso. Porque el mensaje del poder no solo para los jueces sino para todo el mundo, políticos, policías, periodistas, etcétera, es el de siempre, el ancestral: “El que se mueve no sale en la foto”. Es el precio de retar al poder.