La ley de abdicación no incluye la protección de Juan Carlos I

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hoy, en Moncloa, momentos antes de ofrecer la declaración instituciona. /lamoncloa.gob.es
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hoy, en Moncloa, momentos antes de ofrecer la declaración institucional. /lamoncloa.gob.es
Actualización a las 20:00 del 3-5-2014

El Pleno del Congreso tramitará el 11 de junio la ley de abdicación del rey Juan Carlos. Será un trámite rápido, en lectura única y sin posibilidad de enmiendas. La jura y proclamación del sucesor, Felipe VI, podría celebrarse la semana siguiente, en una sesión de las Cortes Generales que tendría lugaren torno al 18 de junio, según las fechas que fijó y manejó ayer la Mesa del Congreso.

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El proyecto de ley orgánica de abdicación de Juan Carlos I de Borbón, aprobado por el Consejo de Ministros y remitido la tarde del martes al Congreso de los Diputados para su tramitación urgente, consta de dos artículos --" y "S.M. el Rey Juan Carlos I de Borbón abdica de la Corona de España" y "la abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente Ley Orgánica"-- y de una disposición final única que dice que la ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el BOE. El Gobierno --contra lo afirmado por este cronista-- no ha incluido la protección del rey abdicado en la escueta norma sucesoria. De este modo deja en manos del sucesor y futuro rey, Felipe VI, la decisión sobre el estatus que deberá tener el exrey, y que será plasmado en la futura Ley de la Corona.

En la exposición de motivos, el Gobierno de Mariano Rajoy justifica  la promulgación de la ley orgánica de la abdicación, prevista en el artículo 57-5 de la Constitución, invocando los precedentes constitucionales de 1845, 1869 y 1876, que reservaban al poder legislativo la "autorización de la abdicación".  Aunque el Gobierno añade que la actual Carta Magna de 1978 no exige una ley especial para cada caso, argumenta que "es el instrumento legal idóneo para regular la efectivad de la decisión".  La norma incorpora el mensaje que el rey dirigió el lunes a los españoles informándoles de su decisión de abdicar.

La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros decidió remitir al Congreso una declaración institucional de loa y agradecimiento hacia la figura del rey abdicado. "Sin su impulso y liderazgo, la Transición, sencillamente, no habría sido posible", destaca en el segundo párrafo. Con esta fórmula declarativa, el Gobierno se anticipa una vez más, y en menos de 24 horas, a los representantes directos de la soberanía nacional, es decir, las Cortes Generales, en las que están representadas todas las fuerzas políticas.

El propio jefe de Gobierno, Rajoy, ofreció el primer signo de precipitación y descortesía al convocar a los medios de comunicación para anunciar la abdicación del monarca sin esperar a que lo hiciera el interesado ni a recibir la notificación oficial. Esta precipitación fue criticada ayer por el expresidente de Gobierno, Felipe González. En su comparecencia, Rajoy anunció una ley orgánica que no era necesaria, como su mismo preámbulo reconoce después de invocar tres constituciones del siglo XIX.

En todo caso, la Mesa del Congreso decidió ayer convocar el pleno para el miércoles 11 de abril, de modo que se pueda aprobar la escueta norma en lectura única y sin posibilidad de presentar enmienda de totalidad ni texto alternativo. El presidente del Gobierno hará una exposición y cada grupo parlamentario fijará su posición. El trámite se repetirá en el Senado y es probable que la semana siguiente, el miércoles 17, se celebre la sesión de proclamación del nuevo rey, Felipe VI, quien, según el artículo 61 de la Constitución, deberá prestar juramento sobre el fiel desempeño de sus funciones, "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas".

Por otra parte, la reflexión jurídica sobre la "inviolabilidad" de Juan Carlos condujo a la conclusión de que no era necesario blindar al rey abdicado, habida cuenta de que no se le podrán pedir responsabilidades con caracter retroactivo sobre actos realizados durante su mandato. En términos políticos, la introducción del estatutus del exrey habría generado un debate no deseado. Será la futura Ley de la Corona la que defina la inviolabilidad, el estatus orgánico y la dotación presupuestaria del abdicado.