Interés descompuesto

“El interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo”. Hay quien atribuye la frase a Albert Einstein, pero la mayoría de los autores consultados apuntan a que fue sir Winston Churchill quien la dijo. Y, por lo que puede apreciarse, al menos tenía cierta razón. Se da la circunstancia de que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales —única para todos los juzgados españoles y en la que también se constituyen las fianzas que imponen los jueces—, ingresó 6.916 millones de euros el año pasado, con unas devoluciones de 6.560 millones, lo que generó unos intereses próximos a los 150 millones, según fuentes de la Administración de Justicia, citadas por Expansión.

Sin embargo, ni el desfase de los más de 350 millones de fianzas que no fueron devueltas ni los intereses —en total más de 500 millones— revirtieron directamente en sufragar los 1.300 millones que cuesta anualmente el servicio de la justicia, sino en el Tesoro Público del que luego salen los Presupuestos Generales del Estado.

Se trata de una cuenta muy deseada por los bancos que suelen pujar por hacerse con ella. En la actualidad, la cuenta la administra Banesto —ahora absorbido por el Santander— que ganó el concurso de 2009, si bien en el pasado era administrada por el BBVA. Desde hace más de 25 años, todos los movimientos de dinero que generan los juzgados pasan por esa cuenta, fianzas, consignaciones, etcétera. Hace cuatro años, solo la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tenía bloqueados más de 6.000 millones en pleitos pendientes, que suponían un lastre al sistema financiero, según declaró el propio presidente de la institución.

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Precisamente, y después de un plan de refuerzo, la situación ha mejorado en esa Sala, si bien ha empeorado en otras y todavía hay miles de millones bloqueados en procesos pendientes.

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Aunque en muchos casos las fianzas se devuelven y las consignaciones se entregan a uno de los litigantes, ni unas ni otras se devuelven con los intereses devengados, sino únicamente por el valor nominal ingresado en su momento. Si el pleito ha durado cuatro o seis años, los intereses generados por la fianza o la consignación durante ese periodo no revierten al usuario de la justicia, sino que pasan al Tesoro Público.

El saldo medio de la citada cuenta para 2013 fue de 3.420 millones de euros, 500 millones de euros más que el saldo medio para el año anterior, que fue de 2.907 millones.

Ahora el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha instaurado unas tasas judiciales desproporcionadas con la indisimulada finalidad de que a los ciudadanos no les resulte rentable recurrir, especialmente contra la Administración. Aparte de tener que abonar la multa para evitar el embargo en cuanto la sanción es firme en vía administrativa, las tasas fijadas superan en ocasiones el importe de la sanción, por lo que no es que se trate de disuadir a los que recurren sin fundamento, sino a todos los ciudadanos, porque esas cantidades no son como las fianzas, no se devuelven. Una artimaña más para privar de derechos a los ciudadanos.

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El Consejo General de la Abogacía ha clamado contra esas tasas que limitan gravemente, cuando no impiden, el acceso del ciudadano a la justicia, configurando una justicia para ricos.

Decía Einstein: “Hay dos formas de ver la vida: una es creer que no existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro”.

A mí me parece que hay dos formas de afrontar las cosas: Una, tratar de hacerlo bien, y repartir equitativamente las cargas del servicio de la justicia, y otra, hacerlo como siempre y a costa de los de siempre. Como siempre, decidan ustedes cómo lo está haciendo el ministro Gallardón.