El juez cree que Cristina de Borbón cometió dos delitos fiscales y blanqueo de capitales

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La infanta Cristina, el pasado 8 de febrero, a su llegada a los juzgados de Palma para declarar como imputada. / Efe

El juez José Castro ha dado por concluida la instrucción del Caso Nóos sobre captación fraudulenta de fondos públicos a sociedades privadas camufladas como entidades sin ánimo de lucro y, como se esperaba, ha mantenido la imputación contra la Infanta Cristina de Borbón, hermana del Rey Felipe VI, por dos delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales. El magistrado, en un auto de 167 folios, ha decidido continuar el procedimiento contra 15 personas más, entre ellas, Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, así como su esposa y varios familiares que se lucraron con los fondos públicos; y por los que autorizaron su pago: el expresidente balear Jaume Matas, cuatro ex altos cargos del Ejecutivo insular, cuatro ex mandatarios de la Generalitat valenciana y la ex consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen.

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De los miles de folios de la causa se desprende, según el juez, que Urdangarin intervino en nada menos que en 23 delitos: cinco de ellos de prevaricación administrativa, cuatro de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la Administración, otros cinco de tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, estafa en concurso con falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales. El socio de Urdangarin, Diego Torres y su esposa Ana María Tejeiro, según el magistrado tuvieron participación directa en casi todos esos delitos. Matas, en cambio, según el auto del juez, está implicado en dos delitos continuados de prevaricación, otros dos de malversación de caudales continuada, otros tantos de tráfico de influencias y de fraude a la Administración.

La resolución del juez Castro no es firme y el fiscal y varias defensas, entre ellas las de Urdangarin y su esposa ya han anunciado que la recurrirán ante la Audiencia Provincial de Palma, que tendrá la última palabra a la hora determinar los acusados que tendrán que sentarse en el banquillo.

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En el auto hecho público hoy, el juez Castro, que dedica los apartados sexto y séptimo del relato de hechos a la conducta de la Infanta, precisa: “Hay sobrados indicios de que doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizóon, procedentes de los lucrados por la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada a costa de las arcas públicas de las comunidades Valenciana y de Les Illes Balears a través de las facturaciones que emitió contra la Asociación Instituto Nóos para el vaciado de sus fondos que, además de ilícitos, no podría explícitamente repartir por aparentar ser una entidad sin ánimo de lucro y que la propia Agencia Tributaria reputa falsas, ya que con posterioridad al 20 de marzo de 2006, ese dinero seguía estando en sus arcas“.

El juez ha sobreseído la causa para nueve de los imputados, entre los que figuran el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, y Mario Sorribas. De Revenga llega a decir que aunque “no abriga la menor duda” de que estaba muy al tanto de las acciones de Urdangarin y que pudo prestarle colaboración, lo mismo que asesoraba a la Infanta, no se desprende necesariamente que ese apoyo estratégico fuera decisivo en la comisión de los delitos.

En el auto no se menciona la reunión secreta no desmentida, celebrada en el Palacio de la Zarzuela en febrero de 2012 y a la que asistieron, además del rey Juan Carlos I, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para intentar salvar a la infanta. Habrá que ver si finalmente se libra por aplicación de la doctrina Botín, ya que el fiscal Pedro Horrach ya ha anunciado que no va a acusar a la hermana de Felipe VI, e incluso ha llegado a manifestar que Cristina de Borbón está imputada “por ser quien es”, una especie de desigualdad de los españoles ante la ley pero por lo contrario de lo que suele ser.

Seguramente recuerdan que en febrero de este año, la infanta declaró durante seis horas en el juzgado de Palma, para lo que se estuvo preparando durante tres días en sesiones de cinco horas diarias. ¡Y eso que solo iba a decir la verdad!

Pero todas sus evasivas y falta de memoria no han convencido al juez Castro de que no sabía nada de la trama empresarial montada por su marido y Diego Torres, en la que cobraron más de seis millones a los Ejecutivos de Baleares y Valencia, por organizar unos eventos en los que no invirtieron más de dos. Dinero que cobraban a través de una entidad supuestamente sin ánimo de lucro y que finalmente desviaban a Aizóon, donde se lucraban los todavía Duques de Palma.

Por tanto, nada realmente nuevo en la resolución de hoy, y habrá que esperar y ver la resolución de los magistrados de Palma.

Otra circunstancia interesante será apreciar como afecta la sentencia de Isabel Pantoja, dictada por el Tribunal Supremo, aquí,  al caso que nos ocupa. Aunque, como comenté hace dos años, no ha nacido el tribunal que condene a una infanta de España. Ahora bien, que se prepare Urdangarín. El fiscal va a por él con saña.

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