El Gobierno se compromete a publicar el patrimonio de los altos cargos antes del 30 de septiembre

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Sáenz de Santamaría el 28 de julio, en Moncloa, poniendo en marcha la Oficina de la Transparencia. / lamoncloa.gob.es

El Gobierno publicará en el Boletín Oficial del Estado antes del 30 de septiembre la relación completa de bienes y patrimonio de todos los altos cargos de la Administración. Así lo han confirmado a cuartopoder.es medios de Presidencia del Gobierno tras publicar este diario la denuncia de la oposición, según la cual el Ejecutivo de Rajoy incumplía su propia ley. La publicación de esos datos está contemplada en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pero, pese a su entrada en vigor el 10 de diciembre pasado, no se ha hecho pública ninguna relación de bienes. Ese retraso ha motivado una pregunta parlamentaria de la diputada socialista Meritxell Batet y una ofensiva de la izquierda para asegurar la 'transparencia' en el Gobierno de Rajoy.

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Tras la publicación por cuartopoder.es de la denuncia socialista por supuesto incumplimiento de la citada ley, fuentes de Presidencia del Gobierno han confirmado a este diario que antes del 30 de septiembre del 2014 se procederá a publicar en el BOE el contenido íntegro de las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales de los miembros del Gobierno, secretarios de Estado y resto de altos cargos de la Administración General que hayan tomado posesión o hayan cesado entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014.

Alegan estos medios gubernamentales que no hay 'retraso' por parte del Gobierno, pese a que la ley haya entrado en vigor hace ya casi ocho meses y no se haya publicado aún la relación de bienes. Dicen al respecto que la nueva redacción dada por la ley de transparencia al artículo 14 de la ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, prevé que todos los altos cargos de la Administración y no sólo los miembros del Gobierno y los secretarios de Estado vean publicado el contenido de sus declaraciones de bienes y patrimonio en el BOE. Es decir, que es una ingente tarea de recopilación de datos que 'lleva su tiempo".

En todo caso, y en contra de lo que sostiene la izquierda, alegan en Presidencia del Gobierno que el cumplimiento de la obligación de publicar los bienes y patrimonio de los altos cargos tiene que realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, con el que el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero aprobó el Reglamento que desarrolla la citada Ley de regulación de los conflictos de intereses. Esta ley, que es la que fue reformada por el Gobierno de Rajoy en diciembre de 2013, es la que obliga a la publicación de los datos requeridos en un tiempo determinado.

En definitiva, y para que se entienda: el Gobierno de Rajoy alega que tiene que cumplir con el Reglamento que desarrolla la ley, y que ese Reglamento, aprobado por Zapatero en una versión anterior de esta ley en cuestión, prevé lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, anualmente, antes del 30 de septiembre, se procederá a publicar en el 'Boletín Oficial del Estado' el contenido de las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, cumplimentadas en la forma prevista en el anexo II, por los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado cuya toma de posesión o cese se haya producido en el período comprendido entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del año en curso".

Por esa razón sostienen en el Gobierno que 'no hay retraso, porque estamos dentro del plazo fijado del 30 de septiembre'. No obstante, el Reglamento en cuestión no obliga a la publicación de los bienes en una fecha exacta -en ese 30 de septiembre-, sino que dice que se hará "antes del 30 de septiembre". Es decir, que se podía haber publicado en cualquier momento, que es lo que sostiene la oposición de izquierdas. Pero el Reglamento es tan ambiguo que sirve cualquier interpretación.

Las declaraciones de altos cargos ya están en Presidencia del Gobierno

Por otro lado, cuartopoder.es ha podido constatar que, efectivamente, la tarea de recopilación de datos es ingente y que el pasado 25 de abril el Gobierno envió por primera vez una carta a sus altos cargos pidiéndoles que a la mayor urgencia contestaran con una relación de sus bienes y patrimonio cuando fueron nombrados para el cargo. Según se fueron produciendo otros nombramientos después de esa fecha del 25 de abril, Presidencia fue enviando cartas sucesivas individualizadas con la misma exigencia al nuevo cargo nombrado.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, la inmensa mayoría de las declaraciones de bienes y patrimonio solicitadas ya están en poder de Presidencia del Gobierno. Entre los declarantes se incluyen no sólo a los ministros y secretarios de Estado, sino toda una amplia panoplia de cargos que van desde directores generales a consejeros en Comisiones Nacionales (como la de la Energía, por ejemplo, o la del Mercado de Valores) hasta embajadores de España en activo.

Entre los bienes y patrimonios que se mostrarán públicamente antes del 30 de septiembre figuran, entre los de muchos otros altos cargos, los siguientes: director de Comunicación de la Secretaria General de la Casa del Rey; director general de Turespaña; los jefes de Secretaría de la Reina; los presidentes de las Agencias Estatales, como, por ejemplo, la de Meteorología; los presidentes de las diferentes Autoridades Portuarias; el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra; la directora del Departamento de Recaudación de la AEAT; el director general del INTA; los diferentes consejeros delegados en organismos públicos, como el del ICEX España; los Interventores Generales, como, por ejemplo, el de la Defensa; el rector de la UNED o, en fin, entre otros muchísimos más, el Jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra.

La lista que ha podido conocer cuartopoder.es es amplísima y afecta, incluso, a los altos cargos que desde julio de 2013 han sido cesados y a sus sustitutos. Además, el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes un Real Decreto de estructura del Ministerio de la Presidencia, que incluye la adscripción a ese departamento de la Oficina de la Transparencia.

Según fuentes de Moncloa, el Ejecutivo ultima los trabajos para el comienzo del funcionamiento del Portal de la Transparencia y la aprobación del Estatuto del Consejo de la Transparencia. Estas medidas se ultimaron en una reunión mantenida hace un par de días en Moncloa por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, entre otros responsables de los Ministerios de la Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas.