Frente común contra 'el pucherazo' que proyecta el PP para conservar alcaldías

Casi todas las fuerzas parlamentarias de la oposición (CiU no se ha definido todavía) están dispuestas a crear un “frente común” contra la amenaza del jefe del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, de utilizar su mayoría absoluta para modificar la ley electoral de modo que los alcaldes sean los candidatos de la lista más votada. Con esa operación, la derecha intenta evitar el desalojo democrático de las principales ciudades del Reino de España que, con excepción de Barcelona, soportan alcaldes del PP. ¿Qué ha ocurrido para que Rajoy, que en febrero de 2013, afirmaba: “Yo nunca modificaré la ley electoral por mayoría”, haya cambiado de opinión?

Al margen de la credibilidad bajo mínimos que, según el CIS, asiste el jefe del Ejecutivo, los resultados de las elecciones europeas de mayo significaron la alerta roja en muchos feudos conservadores y el anuncio, según la encuesta que días después publicó El País de que perderán el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Además los últimos sondeos indican que Podemos y otras fuerzas emergentes en las elecciones europeas siguen creciendo en intención de voto, que IU y sus aliados en la Izquierda Plural mantienen su electorado y que el PSOE se empieza a recuperar. Y eso aterra al PP y a “su redes clientelares”, en expresión del dirigente y diputado de IU Alberto Garzón. “Esas redes llevan décadas instaladas en el régimen político y económico, temen la derrota y el desmontaje y presionarán al máximo”, añade. El máximo es Rajoy, con el periclitado presidenciable andaluz Javier Arenas como punta de lanza en este tema.

Para justificar la operación, los dirigentes del PP, el partido con más ediles y regidores judicialmente implicados en casos de corrupción, han decido incluir “la cacicada”, en palabras del nuevo secretario de organización socialista Cesar Luena, o “el pucherazo”, como prefiere llamarlo Garzón, entre las medidas largamente anunciadas de “regeneración democrática y mejora del funcionamiento de las instituciones”. Sin embargo, según los expertos, si se tratara de prevenir la corrupción municipal, más que la reforma electoral habría que reforzar la independencia de los interventores –muchos son interinos y están supeditados hasta en el sueldo a los alcaldes--, y devolver la validez legal a sus dictámenes previos a las operaciones que como las recalificaciones urbanísticas, licencias, contratas, adjudicaciones y subvenciones implican riesgo de corrupción en perjuicio del común. Pero eso no lo tocan.

Según Arenas, vicesecretario municipal y autonómico del PP, la reforma para que el alcalde sea el candidato de la lista más votada se puede instrumentar mediante una proposición de ley negociada en el Congreso o directamente desde La Moncloa con un proyecto de ley. El PP no ha decidido la fórmula. Tampoco ha desvelado el porcentaje de votos necesarios para plantar el alcalde de la lista más votada. ¿Acaso el 40% de los votos de un partido valen más que el 60% de dos o tres formaciones que se pueden poner de acuerdo para votar regidor y gobernar un consistorio? ¿Cuál es el sentido democrático de esa reforma? Son preguntas que los dirigentes del PP no han contestado, aunque pronto comenzarán a utilizar otro argumento: “el del guirigay municipal”, dice un miembro de la dirección del Grupo Popular en el Congreso.

El nuevo dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, ya le dijo a Rajoy cuando le visitó en La Moncloa a finales de julio que no admite el cambio de las reglas de juego al final del partido. Según Sánchez, la reforma no beneficia a los ciudadanos ni incentiva la participación democrática. “Es una reforma del PP para el PP”, escribió anteayer en Twitter. Su secretario de organización, acompañado del alcalde de Toledo, Emiliano García Page, y otros regidores, anunció ayer la presentación de mociones en todos los ayuntamientos y contactos con los grupos parlamentarios para crear un “frente común de oposición contra el nuevo atropello caciquil”. “Es una trampa que hacen por su cuenta y riesgo, solos, a nueve meses de las elecciones y rompiendo todas las formas y consensos. No es una reforma. Es una cacicada disfrazada de reforma porque quieren ocultar la ambición de poder, que es lo único que les mueve”, dijo Luena.

Desde IU, Garzón ha sido contundente: “Esa reforma es un pucherazo”. Y ha escrito en su blog: “Probablemente hayan hecho números a partir de las encuestas y hayan llegado a la conclusión de que dado el actual panorama electoral es probable que aunque el PP no obtenga mayoría absoluta sí pueda lograr ser la lista más votada. Fácil concluir que un pucherazo electoral, cambiando las reglas a mitad de partido, puede proporcionarles esa garantía”.

El PNV y Bildu se han sumado al rechazo. Curiosamente, la reforma impediría la coalición por la que viene clamando el PP para desalojar a Bildu de la alcaldía de San Sebastián y de la presidencia de la Diputación de Guipúzcoa. La presidenta de UPyD, Rosa Díez, también rechaza una reforma que perjudica netamente a su partido y beneficia al PP, de antemano favorecido por la fragmentación del voto de centro y de izquierda. Para la portavoz de Podemos Carolina Bescansa “esa ley va contra la ciudadanía”.