La otra herencia de Botella: el expolio del parque de viviendas públicas

La alcaldesa a la que nadie eligió se retira de la carrera por el Ayuntamiento de Madrid. Deja atrás la tragedia del Madrid Arena, el ridículo de los Juegos Olímpicos y un Madrid sucio en plena decadencia. Pero no queda ahí su legado. Ana Botella también se ha llevado por delante la friolera de 1.860 viviendas públicas que han sido vendidas al fondo de inversión estadounidense Blackstone, que pagó alrededor de 120 millones de euros al Ayuntamiento: la irrisoria cifra de algo más de 60.000 euros por vivienda.

Para la alcaldesa, este expolio del patrimonio público se trató de un simple “cambio de casero” y una prueba de que su equipo de gobierno hace “una política de vivienda como la que no se hace en Andalucía". Eso está claro. Pocos equipos de gobierno se han decidido a malvender un lote de 1.860 viviendas sin ni siquiera convocar un concurso público y con un proceso de venta plagado de irregularidades que ha provocado tanto la ira de las cerca de 2.000 familias afectadas, algunas de los cuales ya denuncian estar recibiendo cartas de extorsión de sus nuevos “caseros”, como de los otros fondos de inversión extranjeros que competían por la puja.

Este fue el caso del fondo de inversión Harbor Group y Álvarez & Marsall (HGAM), que en conversación con este periodista acusó al Ayuntamiento de haberlos "engañado" y de haber observado una "incompetencia y malas artes de un nivel que nunca han visto en Europa". El rebote del fondo tiene justificación. Ofreció 120 millones de euros por la compra. El Ayuntamiento aceptó la oferta y así lo traslado al fondo de inversión. Sin embargo, dos días más tarde la empresa pública les comunicó por correo electrónico que se había producido un error administrativo y que abría nuevamente el proceso de subasta. Harbor Group ofreció 130 millones entonces, pero la EMVS aceptó la propuesta de Blackstone, cuya oferta rondaba los 120 millones de euros, según fuentes del mercado. “Incompetencia y malas artes de un nivel que nunca han visto en Europa”, repetía Michael R. Long, partner de los fondos de inversión Harbor Group.

Ana Botella ni siquiera se dignó a hacer públicos los datos de la venta. La cosa funcionó más o menos tal que así: la supuesta representante de los ciudadanos decidió vender casi 2.000 casas de todos los madrileños para dotar de liquidez a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que estaba al borde de la quiebra, pero decide no informar a sus representados, es decir, a los madrileños, ni del por qué ha vendido, ni del cuánto, ni del cómo. Puro ejemplo de por qué estamos cómo estamos. Y para colmo no fue ni transparente con las otras empresas que optaban a la compra.

Y tampoco, por supuesto, se le ocurrió reconocer que la EMVS está en quiebra gracias a la gestión de su predecesor, Alberto Ruiz Gallardón, que en una jugada maestra se dedicó a vender suelo público a la empresa pública muy por encima de su valor para financiar al Consistorio. No toda la culpa la iba a tener Ana Botella. De aquellos barros, estos lodos.

Querella por malversación

No fue el único intento de venta del patrimonio público de Ana Botella. Unos meses antes de adjudicar la venta de estas 1.860 viviendas había intentado vender cinco bloques de viviendas públicas a la empresa catalana Renta Corporación Core Bussines, que formaba parte del grupo empresarial Renta Corporación Real Estate, de la que es consejero externo independiente Ignacio López del Hierro (el marido de María Dolores de Cospedal). Esta operación se frustró finalmente tras la renuncia de la empresa compradora a ejecutar el contrato firmado entre ambas partes en virtud de una cláusula del mismo.

Los vecinos de estos cinco inmuebles decidieron querellarse contra Ana Botella y dos miembros de su gobierno por “coacciones, estafa y delitos contra la integridad moral” por el acoso que dicen que sufrieron para que abandonaran sus viviendas sociales o las compraran a un precio inasumible para ellos. También el PSOE ha denunciado a la EMVS por la venta de las 1.860 viviendas públicas al considerar que la venta pudo suponer un delito de malversación de caudales públicos o de sustracción de bienes públicos de su utilidad social. La Justicia, de momento, ha admitido a trámite esta denuncia.

Botella se va, pero se lleva por delante una parte importantísima del patrimonio de todos: el parque público de viviendas del Ayuntamiento, que en una época de crisis económica como la actual debería servir para ayudar a cumplir ese artículo de un libro llamado Constitución que habla del derecho a tener una vivienda digna. Un expolio de lo público que ni tan siquiera le ha servido a Botella para rebajar la deuda municipal, que ya alcanza los 7.000 millones de euros para un presupuesto de 4.442 millones. Botella se va pero, gracias a ella, los madrileños son más pobres y tienen menos recursos para paliar los efectos de la crisis.