Antonio Pradas: "Hay que desdramatizar la soberanía fiscal de las autonomías”
El secretario de Política Federal del PSOE y diputado por Sevilla, Antonio Pradas Torres (El Rubio, Sevilla, 1963) apuesta por “desdramatizar” el reconocimiento de la soberanía fiscal a las autonomías. En esta entrevista con cuartopoder.es anima al presidente del Gobierno a iniciar los contactos para una reforma constitucional que permita el mejor encaje posible de Cataluña y las demás comunidades históricas en el Estado federal.
-- ¿Considera posible abordar la reforma de la Constitución en lo que resta de legislatura?
-- Sería ingenuo pensarlo. La reforma de la Constitución que planteamos requiere un amplio consenso político, ya que contempla aspectos relacionados con la defensa del estado de bienestar, la regeneración democrática, el reconocimiento de derechos de nueva generación o la configuración del actual sistema autonómico como un Estado Federal. Pero lo que los socialistas queremos en este momento es que de forma urgente y, por tanto, en la presente legislatura, el Gobierno de España tome la iniciativa política de iniciar el proceso de reforma constitucional; de convocar a los partidos políticos y abrir un nuevo horizonte de diálogo y no de enfrentamiento y confrontación, como el que vivimos en este momento.
-- ¿La propuesta federal, implicaría la supresión de ministerios de Educación, Sanidad, Justicia y otros con competencias residuales?
-- No es la Constitución la que determina los ministerios que han de existir; esa es una facultad del Presidente del Gobierno. Efectivamente un Estado descentralizado requiere ministerios que estén acordes con las competencias que desarrollen. Si las competencias están transferidas, deben transferirse los medios, y los ministerios desarrollar exclusivamente competencias residuales. Pero no olvidemos que esas competencias no dejan de ser importantes, especialmente en materia sanitaria.
-- ¿Y cree posible articular un espacio de soberanía fiscal de los territorios o comunidades federadas?
-- Es uno de los asuntos que hay que desdramatizar; ya hay espacios fiscales gestionados por las Comunidades Autónomas. Incluso los ayuntamientos tienen su margen de actuación fiscal, dentro del marco legal. Lo importante es que el sistema fiscal garantice la prestación de los derechos y servicios básicos y que no vaya en detrimento del principio de solidaridad entre los territorios y de igualdad entre todos los ciudadanos. Estos principios deben quedar salvaguardados siempre por el Estado.
-- ¿La limitación a dos mandatos debería regir para los presidentes de las actuales autonomías, los alcaldes y los presidentes de las altas instituciones del Estado?
-- Son estamentos distintos dentro de la arquitectura territorial del Estado y por tanto dependen de normas diferentes. En el caso de las CC.AA. pienso que esa decisión debe estar recogida en sus respectivos estatutos y normas de desarrollo. En el caso del presidente del Gobierno de España, los socialistas defendemos la limitación a dos mandatos.
-- ¿Cree posible la federalización del Poder Judicial?
-- Lo primero que hay que hacer es clarificar las competencias actuales. Hay comunidades que aún no cuentan con la transferencia de los medios materiales y económicos en materia judicial. Una vez clarificado esto, creemos que una mayor descentralización conlleva mayor agilidad en el tiempo de respuesta que exigen los ciudadanos. Entendemos además que el nuevo Senado tiene mucho que decir en esta materia.
-- ¿El Senado se elegiría por circunscripciones autonómicas aunque hubiese uno o más senadores por provincia? ¿Puede adelantar el número aproximado de senadores?
-- Nosotros proponemos que el Senado sea una auténtica cámara de representación territorial, por donde pasen cuantos asuntos afecten a las comunidades federadas. Un órgano con capacidad de concertación y coordinación entre territorios y de éstos con el Estado. No tenemos una propuesta cerrada en cuanto al número de senadores. Hemos estudiado el modelo alemán, el austriaco...pero el modelo definitivo tendremos que decidirlo entre todos.
-- ¿La reforma constitucional equipararía el trato legal, laboral y social de los representantes políticos con los demás trabajadores?
-- La reforma constitucional debe ser una oportunidad para eliminar cualquier tipo de privilegio; hablo por ejemplo de aforamientos, de falta de transparencia de las instituciones; pero sin caer en la demagogia. Si denigramos la labor de los políticos, sólo harán política los ricos y los poderosos, que sólo quieren el poder para su proyección personal. Lo que sí hay que hacer es regular el régimen económico y laboral de los cargos electos y de los de libre designación para que haya absoluta transparencia y racionalidad.
-- ¿Además de los derechos sociales -sanidad, educación, vivienda- deberían incluirse en la Carta Magna la paridad y las elecciones primarias para elegir candidatos, así como el reconocimiento específico del derecho a la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad?
-- La Constitución es un marco general de convivencia. Hay normas que deben ser contempladas en las leyes. De hecho, la LOREG es una norma que emana de una indicación de la Constitución, porque no todo se puede desarrollar en un texto de esta naturaleza. Desde el PSOE proponemos que tanto la LOREG como la Ley de Partidos o la Ley de Financiación de los Partidos Políticos recojan nuestras propuestas de regeneración, que incluyen la elección de candidatos a través de primarias y el cumplimiento de la paridad. En cuanto a la libertad de las mujeres, creo que la actual legislación la garantiza, pero no me parece mala idea blindar este derecho de eventuales ataques como el que pretendía el Gobierno. Sería bueno prevenir esos ataques involucionistas.
-- ¿Laicidad plena y supresión de la referencia a la Iglesia Católica?
-- Los socialistas creemos en la laicidad del Estado. Estamos proponiendo una Ley de Libertad Religiosa porque respetamos la vida privada y las creencias de las personas. Es obvio que la religión católica es mayoritaria en nuestro país, pero la situación ya no tiene nada que ver con la de 1978, por eso creemos que hay que denunciar el Concordato con la Santa Sede y derogar la reforma educativa de Wert, que va precisamente contra la laicidad.
-- ¿Qué opinión le suscita el hecho de que según el último sondeo del CIS el 40% de los jóvenes acepte la pena capital para delitos gravísimos?
-- Es preocupante. Creo que la pena de muerte es una aberración anacrónica. Para algunas civilizaciones es un "delito gravísimo" la práctica de una determinada religión; eso es muy subjetivo por parte de cada civilización. Es necesaria una labor pedagógica importante y, sobre todo, combatir la sensación de impunidad, que suele ser la causa de este tipo de opiniones.
-- ¿Cómo van a articular su propuesta de reforma? ¿Además de la ponencia o grupo de estudio de los principales dirigentes políticos, van a proponer un grupo de consulta en que participen las CCAA?
-- Lo primero es que el Gobierno tome la iniciativa, que para eso está. Nosotros no queremos imponer un texto articulado, pero tenemos trabajos avanzados realizados por expertos y contrastados internamente. Imagino que las demás fuerzas también tendrán su trabajo hecho, o lo harán cuando se "dé la salida" al proceso. Ahí entrarían los trabajos de expertos y técnicos independientes y, lógicamente, también los del Congreso y Senado. La visión de las Comunidades Autónomas será esencial, ya que uno de los bloques fundamentales de la reforma que proponemos es el ámbito territorial.
