Hacienda todavía persigue a 33.000 jubilados con pensiones del extranjero

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso, en una imagen de archivo. / J. J. Guillén (Efe)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso, en una imagen de archivo. / J. J. Guillén (Efe)

Con un ejercicio de filibusterismo leguleyo, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha esquivado todas las preguntas y peticiones de datos que le formularon antes del verano los diputados de los grupos de la oposición sobre las reclamaciones y sanciones que la Agencia Tributaria viene cursando desde 2012 a los emigrantes retornados por sus pensiones del extranjero.

A los parlamentarios socialistas andaluces, encabezados por Miguel Ángel Heredia Díaz, Montoro les niega cuántos jubilados se han visto afectados en Andalucía por los requerimientos y sanciones de Hacienda. A la diputada del BNG Rosana Pérez, tampoco puede decirle cuántos gallegos hay en esa situación. Y al nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, tampoco le ha contestado sobre las exigencias fiscales a esos ancianos después de una vida de trabajo en el extranjero, en contraste con la amnistía fiscal de 2013 a los grandes defraudadores.

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Según los datos de la Agencia Tributaria, más de 33.000 jubilados vivos, y algunos ya fallecidos, han recibido y siguen recibiendo en sus domicilios los requerimientos para que declaren las pensiones que cobran por sus años de trabajo fuera de nuestras fronteras. Los que no han atendido los requerimientos o no han podido pagar las cantidades que les reclaman, que en muchos casos superan los 20.000 euros, han visto embargadas sus cuentas corrientes. Sólo en Galicia les han cobrado más de cinco millones de euros por esa vía en el ejercicio de 2013, según fuentes de Hacienda. La cantidad se duplica en el caso de Andalucía.

Ambas Comunidades Autónomas encabezan históricamente el ranking de la emigración española que ahora, con la crisis del sector financiero y su impacto en los sectores productivos y de servicios, vuelve a expulsar del país a decenas de miles de trabajadores. Según los datos oficiales, en 2012 abandonaron el Reino de España 57.267 trabajadores en busca de empleo en el extranjero y en 2013 se fueron otros 79.306, aunque esta cifra todavía es provisional y puede ser más alta. En proporción a su población, Galicia sigue encabezando la expatriación con 9.378 emigrantes controlados, seguida de Cataluña con 25.517 y de Andalucía con 15.043 en los dos últimos años.

A los más de 33.000 que regresaron y están fichados por Hacienda como perceptores de pensiones causadas en el extranjero, el Gobierno de Mariano Rajoy les ha dado de plazo hasta el 31 de enero para que declaren las cantidades que han cobrado en 2012 y 2013, paguen a Hacienda el porcentaje del IRPF que les corresponda, satisfagan las multas por no haber declarado y, luego, si se aprueba la reforma fiscal que tramita el Congreso de los Diputados, les devolverán el dinero. Quiere decirse que la devolución se realizará en fechas preelectorales con el fin de que pueda beneficiar al partido gubernamental.

La perversidad de la medida es más lacerante si se tiene en cuenta que a estos jubilados les comunicaron formalmente hace cuatro años que no tenían que declarar las pensiones del extranjero. Ahora, en cientos de casos, les han embargado las cuentas corrientes. Las multas y quitas de dinero afectan al segmento más humilde y golpeado por la crisis de 2008 y la falta de empleo. En muchísimos casos son el sustento familiar en un país con 20,4 de cada cien habitantes por debajo de umbral de la pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada por el INE en 2013. Canarias supera ese porcentaje en ocho puntos, seguida de Andalucía, con el 29,1% y de Extremadura con el 30,4% de su población por debajo del umbral de la pobreza.

Con todo, la negativa del Ejecutivo a precisar cuantos jubilados se han visto afectados por los avisos, requerimientos y embargos de Hacienda, se ampara en el argumento legal de que muchos no han declarado todavía y aún están en plazo de hacerlo. Y se comparece –la negativa-- con la ya tradicional política de transparencia gubernamental.