El precio del espectáculo

Las fotos que algunos medios vienen publicando de Teresa Romero -la auxiliar de enfermería infectada con el virus del ébola- bajo la apariencia de información constituyen un prodigio de insensibilidad que ha conseguido enfurecer a la ciudadanía, como han recogido las redes sociales. Da la impresión de que periódicos y televisiones han apostado por el morbo y el espectáculo arrasando con la intimidad de la enferma. Pero no todo vale. El espectáculo tiene un precio.

Precisamente, esta semana la Sala Primera del Tribunal Supremo ha condenado al diario El Mundo por haber publicado en 2007 una imagen de L. V., una mujer de 26 años que resultó gravemente herida por las bombas del 11-M cuando se dirigía a su trabajo y que se encuentra en estado vegetativo desde entonces. El alto tribunal considera que la publicación de una imagen de una persona en esa situación y sin el consentimiento expreso de sus padres constituye una intromisión ilegítima en su intimidad y en el derecho a su propia imagen y confirma la condena impuesta al citado diario por la Audiencia Provincial de Madrid de 34.000 euros de principal más las costas del proceso.

La defensa del rotativo había esgrimido que se trataba de un reportaje de interés general con ocasión del tercer aniversario de los atentados de Madrid y que constituía un ejercicio de la libertad de información. Añadía que en ninguna de las tres fotos publicadas se podía reconocer a la víctima —en dos solo se identificaba el lugar donde se encontraba la cama y en la tercera no se distinguía el rostro— y que los datos personales que publicaba eran ya conocidos.

La Audiencia de Madrid, sin embargo, puso el acento en que los autores del reportaje nunca tuvieron autorización para hacer las fotos y que, aunque en ellas “no aparecían los rasgos físicos de la víctima no impedía apreciar la ilegitimidad de la intromisión en la medida de que podía ser perfectamente identificada a través de los detallados datos personales (nombre y apellidos), familiares, profesionales, etc, que acompañaban el reportaje”. Agregaba en cuanto al derecho a la intimidad que “el interés y la veracidad de la información publicada no era paliativo para apreciar la ilegitimidad de la intromisión”, pues era “por completo innecesario para transmitir la información sobre la grave situación de determinadas víctimas del 11-M que se personificase en L.V. y que se mencionasen datos íntimos y reservados sobre su persona, familia y trabajo, ya que con ellos se la identificaba como víctima contra su voluntad”.

El Supremo ha confirmado la condena, a pesar de que en las imágenes no se aprecien los rasgos físicos de la víctima, por entender que la “intromisión ilegítima puede existir pese a todo, siempre que la identificación pueda llevarse a cabo a través del conjunto de datos publicados”.

El alto tribunal reconoce que el reportaje “tiene interés público” y que es cierto que sobre L.V. se ha proyectado una “relevancia pública sobrevenida” por razones ajenas a su voluntad al tratarse de una gravísima afectada por los atentados de los trenes de la muerte. Admite también que “el artículo no infiere menoscabo alguno a la dignidad de la víctima, absolutamente respetuoso, y su tratamiento informativo es eminentemente humano, trasladando a la opinión pública una cruda realidad, narrando las consecuencias que tuvo para determinadas personas el sangriento atentado del 11 de marzo”.

Sin embargo, para el Supremo la relevancia pública sobrevenida reduce la esfera de la intimidad, pero más allá de ese ámbito abierto al conocimiento de los demás, su intimidad permanece y por tanto el derecho constitucional la protege y constituye un límite al derecho de información.

El Supremo destaca que “las circunstancias de tratarse de una persona desvalida de modo irreversible, la falta de autorización de sus padres, (…) no pueden alterar la prevalencia del derecho a la intimidad frente al derecho de la información”.  Y concluye: “El artículo podía causar el mismo impacto y conseguir la misma finalidad que perseguía, de indudable interés público, sin necesidad de personalizar en una concreta víctima, de la que no se ha recabado el oportuno consentimiento de quienes están a su cuidado”.

La advertencia y la doctrina del Supremo parecen claras y los medios que han publicado fotos de Teresa en el hospital deberán ir preparando la chequera. Porque, de un tiempo a esta parte, da la impresión de que los medios de comunicación se están olvidando del periodismo y la información y cada vez más se están apuntando al morbo y al espectáculo. Parecía que nos habíamos vacunado con el desgraciado asunto de las niñas de Alcasser, pero hemos vuelto a lo mismo —o quizá nunca lo habíamos dejado— con el pederasta de Ciudad Lineal y ahora con el ébola.

Una multa de 34.000 euros para un medio pequeño es una condena considerable y, en tiempos de crisis, puede conducir al cierre del medio. Pero para las televisiones de ámbito nacional y los grandes periódicos podría constituir un precio asumible a cambio de conseguir un puñado de lectores o un punto más de audiencia.

Estaría bien que esta condena llevara a una reflexión en la profesión periodística a favor de la sensibilidad y en contra del morbo, pero ya me temo que, como dicen los americanos:  “The show must go on” ("El espectáculo debe continuar").