Anticorrupción investiga los contratos de las desaladoras en la última etapa del PSOE

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada está investigando las presuntas irregularidades de seis proyectos y contratos de obras de la sociedad pública Aguas de las Cuencas del Mediterráneo (Acuamed), según ha podido saber cuartopoder.es. La teniente fiscal anticorrupción, Belén Suárez, ha pedido a la empresa que preside el secretario de Estado de Medio Ambiente, Arcadio Mateo del Puerto, un hombre de confianza de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que le remita toda la documentación de esa contratación, estimada en unos 230 millones de euros. Aunque Mateo del Puerto procede del sector financiero y estuvo vinculado a dos grandes constructoras, los proyectos se iniciaron antes de su nombramiento.

Se trata de las conexiones de la desaladora de Carboneras (Almería) con el valle del Almanzora; la instalación de la desaladora del Bajo Almanzora, también en Almería; la laminación y el drenaje de la Rambla Gallinera, en el límite de las provincias de Valencia y Alicante; el refuerzo de la red de agua potable a los municipios alicantinos de Campello y Mutxamel, y la laminación y el control de las avenidas en la cuenca media del río Serpis, en Valencia.

La mitad de la financiación de los proyectos ahora bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción corrió a cargo de los fondos de la Unión Europea y la otra mitad del Presupuesto del Estado a través de Acuamed, directamente dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Puesto que las licitaciones seguían vigentes en 2009, la investigación de la Fiscalía ha sido activada antes de que prescriban las presuntas responsabilidades administrativas y penales.

Algunas fuentes relacionadas con Acuamed dijeron a este diario que la solicitud de los datos e informes por parte de la Fiscalía Anticorrupción ha provocado sorpresa y nerviosismo en la presidencia y la dirección de la empresa, cuyos titulares son la directora general de Aguas, Liana Ardiles López y el mencionado Mateo del Puerto, respectivamente. Acuamed ha adjudicado por segundo año consecutivo el suministro de energía a las desaladoras y a su sede central en Madrid en 24,9 millones de euros a Acciona, la empresa de la que Mateo del Puerto fue director de Organización y Control.

No obstante, la investigación de la Fiscalía afecta a proyectos que se iniciaron en la época de José Luis Rodríguez Zapatero como jefe de gobierno y las responsabilidades políticas por las supuestas irregularidades corresponderían a las exministras de Agricultura y Medio Ambiente Elena Espinosa y Rosa Aguilar, sucesivamente. Algunas fuentes interpretan que la iniciativa puede haber sido estimulada dentro de la estrategia del “ventilador” del PP y su Gobierno como arma de defensa. En el reciente debate de Presupuestos, el ministro Cristobal Montoro citó expresamente a "la señora Aguilar"  para defenderse de las acusaciones de oscurantismo y mala gestión que le lanzó el dirigente socialista Pedro Sánchez.

A Rosa le tocó inaugurar en septiembre de 2011 la desaladora del Bajo Almanzora (Almería), debido al retraso de casi dos años de las obras. La construcción y el mantenimiento se cifró en 73 millones de euros y acabó costando 75,9 millones. La obra se adjudicó a la unión temporal de FCC y Befesa, la filial de Abengoa (de la familia sevillana de Benjumea, marqués de la Puebla de Cazalla) que según informó eldiario.es fichó a José María Aznar en 2010 y le adelantó 100.000 euros para que gestionara con el líder libio Muamar Gadafi un contrato de casi mil millones de euros por la construcción de cuatro desaladoras. La guerra y la muerte de Gadafi frustraron un proyecto del que el comisionista Aznar se iba a embolsar unos seis millones de euros.

En la contratación de la planta de Cuevas de Almanzora participó también Aqualia Gestión Integral del Agua y, según las condiciones establecidas entonces, 42 de los 73 millones se destinaban a la obra y los 31 restantes al mantenimiento. La ubicación inicial de la planta se cambió a la margen izquierda del río, demasiado cerca de la rambla de Canalejas, lo que provocó que se anegara y quedara inutilizada por las lluvias torrenciales y las inundaciones de septiembre de 2012. Desde entonces sigue fuera de servicio.

La Fiscalía Anticorrupción también investiga los contratos relacionados con la segunda fase de la conexión de la planta desaladora de Carboneras con el valle del Almanzora. El proyecto se cifró en 87 millones de euros y ha permitido garantizar el suministro de agua potable a los municipios del levante almeriense, desde los turísticos Vera y Mojacar hasta las poblaciones del interior. El entonces secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, con Carlos Massa Raviglione de presidente de Acuamed, dio por concluida la obra principal de canalización el 14 de junio de 2010, aunque siguió la contratación de los canales secundarios hasta los depósitos de agua de varios municipios.

En el caso de la laminación de la Rambla Gallinera, en Oliva (Valencia), el proyecto se cifró en 46,5 millones de euros y se saldó con un exceso de obra certificada de 2,1 millones. La laminación de la cuenca media del río Serpis, en Valencia, se estimó en 15,2 millones y se adjudicó en 10,7 a Constructora Pirenaica (Copisa). Y la red de agua a Campello y Mutxamel, en Alicante, desde la desaladora de la Marina Baixa, se presupuestó en 20,1 millones de euros y se adjudicó a Altec Infraestructuras, dándose la circunstancia de que en 2013 hubo que realizar obras de refuerzo de la red (tuberías y depósitos) por 16,69 millones de euros más.

Con todo, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción afecta a una octava parte de la contratación realizada por la sociedad estatal encargada de construir la mayoría de las desaladoras del Mediterráneo y el trasvase Júcar-Vinalopó. Según un documento interno que ordenó realizar el exministro Miguel Arias Cañete, Acuamed adjudicó obras entre 2004 y 2012 por 1.302 millones de euros, pero los reformados de los proyectos iniciales elevaron el coste a 1.619 millones, lo que supuso un incremento de 316 millones. Ese porcentaje del 24,3% duplicaba de largo el 10% establecido en la famosa ley de sostenibilidad de la segunda legislatura de Zapatero.