Militares de usar y tirar: 'contratos basura', arbitrariedad y arrestos con prisión

Varias decenas de militares de la escala básica (soldados y suboficiales) denunciaron ayer sábado en Madrid los contratos temporales (“contratos basura”), la precariedad, la falta de derechos sociales y humanos básicos y las abusivas sanciones inconstitucionales que soportan. Llegaron desde los cuatro puntos cardinales a la Plaza del Dos de Mayo, convocados por la Asociación Unificada de Militares Españoles de Militares (AUME) de la que son representantes en las distintas bases y unidades. Y ante el monumento a los héroes de la Independencia, Daoiz y Velarde, bajo una llovizna persistente, expusieron sus reivindicaciones con palabras de su presidente Jorge Bravo. “Quizá sea la última concentración que nos permiten”, dijo en referencia a las previsiones de la nueva Ley Disciplinaria Militar, aprobada esta semana en el Congreso. “Vamos para atrás, a los tiempos predemocráticos”, añadió antes de anunciar que utilizarán todos los medios a su alcance para recurrir esa norma y la proyectada reforma de la carrera militar.

El presidente de la AUME, que ha sufrido arrestos y privación de libertad –la última, por sus denuncias de los gastos superfluos en boato, desfiles y recepciones castrenses--, trufó su alocución con grabaciones de unas frases lacónicas del ministro de Defensa, Pedro Morenés, en el Parlamento, anunciando la nueva ley disciplinaria y de las palabras del portavoz del PSOE, Diego López Garrido, abogando por la supresión de los arrestos: “En la Guardia Civil se suprimieron los arrestos en 2007 y no hay problema de eficacia ni falta de disciplina”. La nueva ley militar mantiene la privación de libertad por orden gubernativa (de los mandos) para castigar incluso faltas leves. Este precepto inconstitucional (sólo los jueces pueden privar de libertad) obliga al Gobierno a renovar la reserva a la Carta Europea de Derechos Humanos.

El corte de voz más impresionante fue el del ponente del PP, Vicente Ferrer Roselló, un abogado valenciano con tres legislaturas a su espalda y otra como senador, quien para enfatizar el mantenimiento de los arrestos afirmó que “existen desde hace tres mil años”. Ni uno más, ni uno menos. Algunos no pudieron contener la hilaridad ante lo que parecía el argumento de un tonto con un bobo dentro. ¿Por qué no volver a la esclavitud?, se preguntaban. La verdad es que a falta de argumentos, ese Ferrer confesó que “han sido los estados mayores los que han pedido que se mantenga el arresto”.

Aunque los militares no pasaban de un centenar, estuvieron acompañados por la diputada Irene Lozano, de UPyD; recibieron un mensaje de apoyo de IU, a esa hora volcada en las marchas por la dignidad, y contaron con la presencia de representantes de Podemos, CC.OO, el SUP, Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia, y también de miembros de la plataforma de apoyo al teniente Luis Gonzalo Segura, encarcelado en el centro de cumplimiento de arrestos de Colmenar Viejo. Bravo afirmó que recurrirán la nueva ley disciplinaria y manifestó la necesidad de hacer un frente común de todas las asociaciones militares y con otros colectivos, singularmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tuvo buen cuidado de no pronunciar la palabra “sindicatos”.

Su compañero y vicepresidente de AUME, Iñaki Unibaso, leyó un manifiesto dejando patente el “profundo malestar” ante el anteproyecto de reforma de la Ley de la Carrera Militar que los convierte en materia de usar y tirar. Más de 50.000 profesionales están en precario. Más de 10.000 han sido enviados al paro en los tres últimos años. Mejor, que lo cuenten ellos mismos (sin fotos y con nombre supuesto, salvo el suboficial Maceira, para que no les sancionen).

José María Burgos (Ejército de Tierra): “Pertenezco a la escala de tropa y marinería, tengo un contrato de larga duración y si me lo renuevan estaré de enhorabuena. En cualquier caso me echarán a la calle cuando cumpla 45 años”.

María Guerra (Ejército de Tierra): “Mi situación profesional es como la del 50% de las Fuerzas Armadas que ha denunciado Jorge Bravo; dentro de seis años acabo mi contrato laboral o compromiso para ser exacta, y me echan a la calle. La posibilidad de ascender está limitada por la edad --cosa que es inconstitucional--, de modo que si has llegado a los 30 ó 32 años --dependiendo de la escala-- sin ascender, te echan a la calle. Yo estoy soltera, pero la mayoría de mis compañeros están casados y son padres y madres de familia y supongo que están buscándose un futuro fuera de las Fuerzas Armadas. La reserva de plazas para ser militar de carrera o militar permanente es muy baja. Te puedo decir que la última convocatoria para la agrupación de escalas operativas de infantería, logística y otras ha sido de cuatro plazas para un total de cuarenta mil personas. Esto te da idea de lo difícil que es permanecer en las Fuerzas Armadas. La ley de tropa y marinería profesional nos deja fuera”.

José Antonio (Armada): “Con lo que está pasando en la calle, nuestras expectativas no son muy halagüeñas precisamente; si al personal civil le recortan sus derechos, nosotros no esperamos mucho más. Nos tomamos en serio nuestro trabajo y solo queremos que nos consideren como personas, no que un gobierno nos utilice como perros de presa contra los civiles, como hemos visto que están haciendo en la plataforma de Repsol en Canarias. Aunque yo soy fijo en la empresa (la Armada), muchos de mis compañeros que hacen bien su trabajo están siendo despedidos de una manera injusta, sin el menor reconocimiento de sus derechos. Cuando se piensa que en este país hay 250 generales que no hacen nada, que están ahí como el Senado, solo para cobrar, mientras a miles de hombres y mujeres se les niegan los derechos adquiridos, solo cabe hablar de injusticia social. Como dato te diré que mi sueldo son 1.200 euros al mes después de 24 años”.

Francisco Maceira (Armada): “Tengo 51 años, mis compañeros están navegando y yo podía estar en un remolcador en Ferrol tranquilamente si no fuera por la cúpula de la Armada. Mi situación personal es pasado al retiro por acoso de esa mafia militar que padecemos. Me cayeron doce días de arresto domiciliario por publicar en La Voz de Galicia, y un mes y un día de prisión militar por un artículo muy bonito en La Razón que se titulaba Irregularidades en la Armada Española. Cuando te ponen una cruz en esta empresa tienes que buscar otra salida. No me gusta insultar a nadie, pero son unos perfectos sinvergüenzas. Por ejemplo, el almirante Sebastián Zaragoza Soto (ex jefe del Estado Mayor de la Armada), que fue el que me quería meter en prisión alegando que yo no tengo espíritu militar, pasó a ocupar un alto cargo en Navantia después de haber sido el máximo responsable de las compras de la Armada a esa empresa. ¿Eso qué es? Puertas giratorias, una sinvergüenzada. En mi caso tengo una paga que me permite vivir con cierto decoro, pero a la mayoría los están echando a la calle sin nada. Por eso estoy aquí en solidaridad con mis compañeros”.

José Manuel (Ejército del Aire): “A pesar de la idea que pueda tener la sociedad civil sobre las Fuerzas Armadas, el 55% de la plantilla es temporal, y esto coloca a la mayoría de los miembros operativos en una situación de inestabilidad y de miedo constante a no ser renovado o expulsado. Este es un punto fundamental de nuestra denuncia. Si hablamos de unas fuerzas armadas profesionalizadas no se trata simplemente de acabar con la mili sino de hacer a los militares profesionales. Y eso empieza por un contrato digno y por una estabilidad profesional, haciéndonos militares de carrera. En la Guardia Civil y en el Cuerpo de la Policía Nacional no existe nadie temporal y funcionan perfectamente, con disciplina y profesionalidad. Nosotros creemos que las Fuerzas Armadas tienen que ser igual. Con independencia del embotellamiento para los ascensos, la renovación de tu contrato depende de un informe subjetivo que te lo hace tu jefe. Además, a partir de los 45 años te vas a la calle obligatoriamente. Nosotros entendemos que todo ese sector de las Fuerzas Armadas, toda ese personal que ha sido instruido con dinero público, ha recibido cursos y se ha formado como excelentes profesionales, no puede ser desechado y arrumbado por los poderes públicos. Por otra parte, cuando aplican recortes salariales a los funcionarios nos los aplican a nosotros, pero los derechos de los funcionarios nosotros no los tenemos. Es decir, somos funcionarios para lo malo pero no para lo bueno. En materia salarial te puedo poner una comparación que puede dibujar bien nuestra situación: un soldado puede llegar a 900 euros de sueldo mensual mientras un guardia civil del mismo estatutos y la misma graduación cobra 1.470 y un policía nacional 1.600. El soldado realiza la misma jornada laboral, es el único al que se le exige estar dispuesto a dar la vida por España y, ademas, es temporal. No estamos hablando de aquellos quintos de 18 años, sino de soldados de treinta años, muchos con familia. Tengo un compañero que es cabo, con un sueldo no superior a 1.100 euros, cuatro hijos y a punto de ser desahuciado. Estamos hablando de profesionales que hacemos bien nuestro trabajo, vamos a misiones internacionales muy peligrosas, algunos mueren, y a los que se paga indignamente”.