La nueva fiscal del Estado no comulga con la cadena perpetua del Código del PP

La nueva fiscal general del estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, no comparte el criterio de la elevación de las penas ni es partidaria de la “prisión permanente revisable”, eufemismo de la cadena perpetua, que la mayoría absoluta del PP quiere imponer a toda velocidad en su nuevo Código Penal. Ayer se ventilaron 300 artículos en ponencia. Apenas dos horas antes de que la Comisión de Justicia comenzase a tramitar el nuevo texto punitivo, Madrigal manifestó su opinión “no muy favorable” a la cadena perpetua e hizo otros guiños “en defensa de los derechos y la protección de los más débiles” que no salen precisamente bien parados de una reforma tachada de de "populista" por la mayor parte de la oposición. El nuevo código beneficia a los ricos y perjudica a los pobres y es obra del ya exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y su equipo de codificadores.

La sustituta de Eduardo Torres Dulce al frente de la Fiscalía General del estado y primera mujer en la historia contemporánea que ocupa ese cargo en nuestro país, respondió con timidez a la pregunta de la portavoz socialista Rosa Aguilar sobre la cadena perpetua y reprimió, por razones técnicas, según dijo, una respuesta más tajante. En todo caso, dejó claro que su opinión “no es muy favorable” a la prisión permanente revisable. Solo mojó la punta del pie porque su comparecencia no era para abordar asuntos de fondo, sino un trámite preceptivo de presentación e idoneidad antes de jurar el cargo.

Con todo, en un contexto de nuevos ataques a la democracia como los perpetrados por terroristas de la yihad islámica el miércoles y el jueves en París contra el periódico de humor Charlie Hebdo y varios policías, la opinión de la nueva fiscal del Estado adquiere especial relevancia si tenemos en cuenta que la cadena perpetua se ha forjado al calor de los terribles atentados terroristas y del rechazo social de las horribles violaciones y crímenes contra menores. Sobre la amenaza yihadista, la propia fiscal, que participó en el minuto de silencio por las víctimas de la matanza de París, afirmó que en este momento hay varias investigaciones en marcha por captación de jóvenes para combatir en Siria e Irak y 14 procesos judiciales en curso.

Más allá de la coyuntura, todos los grupos parlamentarios, con excepción de UPyD y, lógicamete del PP, rechazan de plano la cadena perpetua, aunque se revise al cabo de quince o veinte años, porque entienden que vulnera la siguiente sucesión de artículos de la Constitución: que las penas no sean inciertas (artículo 9.3), que no atenten contra la dignidad humana (artículo 10), que no resulten inhumanas (artículo 15), que no sean perpetuas sino para la reinserción del reo (artículo 25.2). Como recordó Joan Tardà en nombre de la mayoría del grupo mixto, el propio Consejo del Poder Judicial afirma en su informe que la prisión permanente revisable vulnera principios de legalidad y seguridad jurídica amparados por la Constitución.

La nueva fiscal general del Estado se mojó algo más en su respuesta, también a Aguilar, sobre la exclusión de las faltas del Código Penal que, por decisión del Gobierno, pasan a ser sancionadas administrativamente según la Ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza, pendiente de trámite en el Senado. Madrigal afirmó que le parece “útil” para la agilidad de la justicia que se excluyan algunas faltas, “pero otra no”, y se comprometió a “intentar evitar la vía civil”, la única que le queda a la gente para recurrir las multas o sanciones gubernativas, previo pago de su importe y de unas tasas judiciales que pueden llegar a la mitad de la sanción.

Aparte de las multas administrativas disparatadas contra las protestas sociales, la supresión de la falta de “imprudencia leve con resultado grave” del nuevo Código Penal beneficia objetiva y descaradamente a las aseguradoras de automóviles en los casos de accidentes y desgracias motorizadas, que suelen ser las más abundantes de esta figura penal. Al quedar al margen de la jurisdicción criminal, incluso en casos de muerte y lesiones muy graves, las aseguradoras se ahorran trámites judiciales y cantidades importantes en indemnizaciones, habida cuenta de que la mayoría de los damnificados sin posibles para recurrir judicialmente en la vía civil renuncia a litigar y acaban aceptando la indemnización que aquellas decidan.

La misma casuística se produce con las “imprudencias leves” en el ámbito laboral, aunque provoquen consecuencias graves para la salud y la vida de los trabajadores. “Estamos trabajando en un informe que haremos público en fechas próximas”, anunció la fiscal Madrigal sin entrar en detalles, aunque reiterando su compromiso inequívoco con la defensa de los más débiles, como ha demostrado, dijo, en los siete años al frente de la Fiscalía del Menor.

También aportó pautas sobre el incremento de las penas. No cree que por esa vía se prevenga mejor el delito que con una justicia rápida e inexorable, que es lo que falta. Definió la corrupción como “un colosal atentado a la democracia, con daño al erario público y desafección hacia las instituciones” y se mostró partidaria de dividir las causas y evitar los “macroprocesos” que se prolongan 18 años. Tras situar el fenómeno como la segunda prioridad del Ministerio Fiscal –la primera es el terrorismo y el crimen organizado, incluida la trata de blancas, el segundo negocio ilegal más rentable del planeta-, afirmó en tono tajante que “delinquir no va a ser rentable y no va a haber zonas de penumbra en las que (los corruptos) se puedan agazapar”.

Aparte de las pautas en materia penal, Madrigal respondió a varias preguntas personales que le formuló el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, con la intención de que no ocurra lo que con el actual presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que era militante del PP y asesoró al partido en materia laboral hasta el punto de inspirar la reforma de supresión de derechos sociales, y nadie se lo preguntó. Madrigal dijo que ella no fue ni es del PP, no tiene cuentas en el extranjero y que si en 2008 firmó contra las clínicas privadas que realizaban interrupciones del embarazo, lo hizo en uso de su libertad. Es católica, no pertenece a ningún grupo religioso y ahora se atendría a la legalidad del aborto. En respuesta a Jordi Janè, de CiU, quien le pidió que retire la querella contra Artur Mas por el 9N, dijo que ella es una de las 36 fiscales de Sala que la firmaron y que hay otras denuncias. "Solo espero que no se convierta en un macroproceso", concluyó.