Toda la alharaca que se ha montado a propósito de la reforma del Código Penal, del pacto antiterrorista contra el yihadismo —recién firmado por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez— y de la imposición del PP de la prisión permanente revisable constituye un debate de mucho ruido pero igual de práctico que si se hablase del sexo de los ángeles. Entiendo que ese equivalente de la cadena perpetua ha desembocado en una guerra de principios, pero es una pelea inútil, porque no se va a aplicar nunca y porque España ya tiene, de hecho una cadena perpetua: 40 años de prisión para terroristas, violadores, etc, que el PP de José María Aznar nos colocó en 2004.
De modo que esa reivindicación indeclinable que lanzó el inefable Alberto Ruiz-Gallardón —junto con otras perlas como las tasas judiciales, la reforma del Consejo del Poder Judicial, etc.— y que ahora retoma el PP no puede interpretarse más que en clave electoral. Gallardón, calificado de verso suelto en su partido, pretendió recuperar votos de entre los sectores más conservadores de su partido porque pretendía convertirse en presidente del Gobierno, a la expectativa como estaba de un eventual fallo electoral de Rajoy. Expulsado del walhalla por no controlar su ambición, algunas de las ideas del ex alcalde de Madrid le han venido al pelo a Rajoy, para reconquistar a parte de su electorado. Rajoy sabe que las elecciones se ganan en el centro del espectro político, pero sin descuidar el ala derecha, que es su voto más fiel. La reforma laboral, las medidas de austeridad y la pérdida del estado de bienestar tienen muy enfadada a la clase media y han rebajado sus expectativas de voto, y ha propiciado el ascenso de Podemos. Por eso en la última convención del partido Rajoy volvió a llamar a Aznar, con el que no se lleva bien, y sentó a su lado a Esperanza Aguirre.
Rajoy necesita del terrorismo y que se vea que su partido, pero sobre todo él, son fuertes contra esa lacra. Lo que ocurre es que ETA, que era el enemigo tradicional, ha dejado su actividad, aunque no se ha disuelto. El ejecutivo, que trata de contentar a las víctimas, legisla en contra de la decisión marco europea sobre cumplimiento de sentencias y de penas privativas de libertad, para que etarras que ya pagaron en Francia por sus crímenes no puedan salir todavía de prisión, aunque legalmente les corresponde. Con lo de ETA más o menos controlado, el atentado contra Charlie Hebdo les ha ofrecido una tabla de salvación. Probablemente, con las leyes que ya teníamos podíamos luchar contra ese tipo de terrorismo, porque ya estaba penado el adoctrinamiento y también se ha condenado a algún lobo solitario. El principal problema de los casos de yihadismo en los tribunales suele ser de prueba, es decir, que suele ser muy difícil poder acreditar con datos, documentos y hechos los delitos que se atribuyen a los acusados. Pero el PP presenta como innovadora, aunque no lo es, una iniciativa de mano dura contra los yihadistas que el PSOE, siempre a remolque, no puede rechazar, para no parecer blando.
Y sin embargo, es un debate estéril. Primero, porque estamos hablando de que, en caso de aprobarse, la reforma del Código Penal se aplicaría por primera vez dentro de 30 años. Rajoy, que está a punto de cumplir 60 años, tendría 90, si es que llega a esa provecta edad.
Segundo, porque no se va a aplicar nunca. Decisión tan controvertida, será cambiada con toda seguridad en la primera legislatura en la que la izquierda tenga la mayoría suficiente y seguro que en 30 años habrá alguna legislatura de esas características. Eso si Podemos no da la campanada este mismo año.
Tercero: La Ley Orgánica 7/2003, cuyos artículos parecen responder a casos concretos de la crónica de sucesos, ya fijaba el límite máximo de la prisión en 40 años. El Código del 95 fijó el tope de cumplimiento en 20 años y excepcionalmente en 30, por entender que la pena estaba orientada a la reinserción, pero el Ejecutivo de Aznar elevó ese máximo en 40 años, lo que supone de hecho instaurar la cadena perpetua. Es decir, el límite que ya tenemos es mayor que el que se pretende aplicar. Es verdad que no es para todos los casos, sino que se aplica cuando el acusado haya sido condenado por dos o más delitos y, por lo menos, dos de ellos tengan fijada una pena superior a los 20 años de prisión o cuando la condena sea por terrorismo y uno de los delitos esté castigado con más de 20 años.
El PSOE tras votar el acuerdo va a recurrir ante el Constitucional la prisión permanente revisable porque las penas inhumanas y degradantes están prohibidas en la Constitución y en la legislación europea. Y, como suele ser costumbre en el citado tribunal, en lugar de resolver de inmediato, dejará dormir el recurso el sueño de los justos hasta que la previsible derogación de la norma haga innecesario un pronunciamiento. O si no, al tiempo.
¿Es o no es un debate como el del sexo de los ángeles?
Nota: El autor del blog va a espaciar sus colaboraciones con el pretendido propósito de avanzar en su segunda novela. Gracias por su comprensión
Señor Yoldi, me da usted un disgusto en la nota final. Me gustan sus artículos y no leo novelas.