El Gobierno ningunea al Parlamento sobre el TTIP
Han transcurrido más de tres meses desde que Cayo Lara pidió al Gobierno información sobre la negociación del Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión, el TTIP por sus siglas en inglés, sin que ni La Moncloa ni Exteriores le hayan contestado. La petición del coordinador general de Izquierda Unida (IU) y presidente del grupo parlamentario de Izquierda Plural pretende que los miembros del Parlamento español tengan los mismos derechos que los parlamentarios de otros Estados de la UE en el acceso a los documentos que están negociando la Comisión Europea y la Administración Estadounidense. La fecha que reglamentariamente tenía el Gobierno de Mariano Rajoy para responder expiró el 5 de febrero sin que este país, con portal de transparencia y puertas giratorias, el dirigente de izquierda haya obtenido respuesta.
Lara constató una “evidente asimetría” en la información de los diferentes gobiernos europeos a sus parlamentos sobre la negociación del TTIP. Así, los parlamentarios alemanes del Bundestag tienen acceso a los documentos de las negociaciones relacionados con las ofertas de la CE a la Administración de EEUU. Y otro tanto ocurre con los 435 congresistas y 100 senadores estadounidenses, que además pueden disponer de copias impresas de las propuestas de sus representantes, incluidas las ofertas y demandas de acceso a los respectivos mercados. ¿Por qué los parlamentarios españoles han de ser tratados con inferioridad? Lara preguntó oficialmente al Gobierno si va a facilitar a los parlamentarios españoles los mismos derechos que tienen otros representantes democráticos en sus países o “les va a dejar desinformados hasta el último momento, como parlamentarios de tercera”.
La callada por respuesta al dirigente de IU confirma lo que afirmó Rafael Barret hace un siglo: “Cuánto más grave es el asunto, más lo tapan”. En este caso, el TTIP supondría la definitiva difuminación de la capacidad normativa del Estado para aplicar políticas distintas a los enunciados neoliberales, así como la privatización de la justicia al someter todas las discrepancias sobre las inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados. Dicho de otro modo: un gobierno no podría decidir un incremento del salario mínimo en su país si perjudicara a los inversores exteriores, que podrían recurrir la decisión a una instancia superior designada o no elegida democráticamente por los ciudadanos.
Pero el TIPP, caballo de Troya del Estado social y democrático de derecho contra el que se ha movilizado la ciudadanía europea, contiene otros riesgos para gente que vive de su trabajo como la privatización de todos los servicios públicos excluidos de la reducida lista de los que no se pueden privatizar; la pérdida de derechos laborales, ya que EEUU sólo acepta dos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la limitación de los derechos de representación de los trabajadores, y, entre otros, una mayor rebaja salarial futura si tenemos en cuenta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los sueldos más bajos en México. Se comprende el silencio gubernamental ante la exigencia de información de Lara. Lo único que Rajoy deberá responder es la pregunta del socialista Pedro Sánchez en el pleno del Congreso del miércoles sobre cuánto han bajado los salarios desde que llegó a La Moncloa.
El Parlamento español dispone de un magnífico instrumento como es la Comisión Mixta de relaciones con la UE, a la que el Gobierno debería aportar a petición de Lara todos los documentos de la negociación del Tratado Trasatlántico. Pero si se examinan las reuniones (una al mes) de esta comisión desde septiembre de 2014 en que USA y UE aceleraron la negociación, no se hallará rastro ni mención del TTIP. Las comparecencias del secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, barón de Claret, mano derecha del ministro Margallo, han soslayado una y otra vez la información sobre las negociaciones. Cierto es que los portavoces de los distintos grupos, con la excepción mencionada, tampoco se han esforzado en la exigencia de información y debate.
Luego ya, el Gobierno está apelando al silencio por respuesta para ocultar otras materias como los fallecidos en las cárceles en los cuatro últimos años, un informe que ha solicitado Gaspar Llamazares sin que el Ministerio del Interior se lo haya facilitado, o como la auditoría de los gastos personales del presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, exalcalde del PP de Ciudad Real, designado para el cargo por indicación de la secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y principal valedor del proyecto de almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Según las informaciones de la empresa, este político en compañía de su encargado de comunicación, Carlos Dávila, habría incurrido en abusos presupuestarios personales de varios miles de euros. Además habría realizado contrataciones arbitrarias. El responsable jurídico de la empresa pública, Jesús Moreno, calificó de “enriquecimiento injusto” las dietas y gastos de difícil justificación de Gil-Ortega, quien le cesó fulminantemente. La semana pasada el propio Gil-Ortega dejaba el cargo sin que desde noviembre, en que Cayo Lara solicitó la auditoría interna, el Gobierno haya contestado.
