Sesenta millonarios en el banquillo
Alguien con muchos más conocimientos que yo debería escribir sobre el papel de los auditores y de las consultoras en la crisis de la economía y en la quiebra de las empresas y de los bancos que supervisaban, siempre con sus informes favorables y sin obstáculos. En la mayoría de los casos, los procesos judiciales abiertos ni siquiera les han rozado aunque su responsabilidad es evidente. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre el caso que va a sentar a sesenta millonarios de PricewaterhouseCoopers (PwC) en el banquillo de los acusados a partir del lunes.
Por si alguien no lo sabe, PwC es la firma de auditoría y servicios profesionales más grande del mundo por volumen de facturación, según señala su publicidad, y es el resultado de la fusión en 1998 de dos gigantes de las auditorías como son Price Waterhouse y Coopers & Lybrand.
El asunto por el que esos socios y ex socios de la firma se van a pasar alrededor de tres meses en el banquillo de los acusados en la sala de juicios de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares tiene que ver con la venta en el año 2002 de la división PwC Consulting a IBM por 3.500 millones de dólares. El reparto de los beneficios entre los socios de la firma fue de tal calibre que la Fiscalía Anticorrupción consideró que 61 de ellos habían cometido delito fiscal (ocultar más de 120.000 euros en la cuota a pagar) al no declarar esos ingresos.
La Fiscalía defiende que la sociedad no podía acogerse, como hizo, a los beneficios fiscales previstos en la normativa de fusiones y escisiones y que la omisión de la tributación de la venta por el Régimen General del Impuesto de Sociedades constituyó un fraude de 18,4 millones a las arcas del Estado. Considera también que los bonus de 20,9 millones que los socios obtuvieron en enero de 2002 deberían haber tributado como rendimiento del trabajo, con sus correspondientes retenciones de IRPF, y no como incremento patrimonial, ya que la venta no se efectuó hasta octubre de ese año y en enero ni siquiera se habían iniciado las negociaciones.
Según la Fiscalía, las cuotas defraudadas superan los 40 millones de euros, por lo que solicita para cada uno de los acusados penas que oscilan entre los dos y los 14 años y medio de prisión. El escrito de la Fiscalía señala: "los socios omitieron constatar en su declaración de IRPF que tales cantidades eran rentas de trabajo, y las incluyeron como parte del precio de la venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la correspondiente a la realidad de los hechos. Esta venta fue llevada a cabo en octubre de 2002. En la fecha de la recepción por los socios, enero de 2002, ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, las cuales comenzaron en el mes de julio". Las empresas del grupo PwC "omitieron practicar las retenciones debidas por su IRPF correspondiente al rendimiento de trabajo percibido". Los socios imputados superaron los 120.000 euros de cuota defraudada al fisco.
PwC estima sin embargo que todo el embrollo es una diferente interpretación de las normas legales aplicables. El caso es que la mayoría de las veces la defensa de los casos económicos suele basarse en discrepancias en la interpretación legal. El juez instructor, Ismael Moreno, no lo vio como los directivos de PricewaterhouseCoopers y abrió juicio oral. Lea el Auto apertura juicio oral Pricewaterhousecoopers.
Ahora van a tener tres meses para convencer al tribunal de que el juez y la fiscalía están en un craso error y que su interpretación es la correcta.
En un fin de semana en el que la sociedad española sigue conmocionada por la detención del ex vicepresidente económico del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, por blanqueo de dinero, delito fiscal y alzamiento de bienes, la semana empieza con sesenta millonarios en el banquillo.
En fin, ya saben, los ricos, los millonarios, también lloran.
