Un tribunal bajo sospecha para el ‘caso Gürtel’

Enrique López y Concepción Espejel
Los magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel. /Efe

La complicación es mayúscula: ¿cómo evitar la presencia de dos magistrados bajo sospecha en un tribunal sin instrumentos legales que permitan apartarles del proceso? Nadie da con la respuesta. La convicción generalizada –también en la Audiencia Nacional, que se enfrenta a un trance muy delicado- es que Concepción Espejel y Enrique López deben apartase del juicio del ‘caso Gürtel’ porque sus pasadas relaciones con el PP permiten poner en duda su imparcialidad, pero con la ley en la mano nada les obliga a ello.

El ‘caso Gürtel, época I: 1999-2005’ desvela los primeros pasos de la trama corrupta que creó Francisco Correa en beneficio propio y del PP, al que sufragó distintos actos electorales por valor de unos 330.000 euros. En el banquillo se sentarán 40 imputados, de los que la mitad han ejercido cargos en la formación conservadora, como los extesoreros Ángel Sanchís (el fiscal pide para él ocho años de cárcel), Álvaro Lapuerta (tres años) y Luis Bárcenas (42 años y seis meses de prisión). El partido ha sido declarado partícipe a título lucrativo de la corrupción que se juzga.

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La magistrada Espejel preside la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Nada más acceder al cargo rompió con la costumbre del tribunal y, en uso de la potestad legal que se lo permite, decidió dirigir todas las vistas orales en las que interviene. Entre ellas, todas las que juzgan procesos instruidos en el Juzgado Central de Instrucción 5, como el ‘caso Gürtel’.

Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2008 y 2013 designada por el Senado a propuesta del PP. No faltó quien vio en esa designación un premio a su labor como presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara y su empeño en dirigir contra la Junta de Castilla-La Mancha (entonces en manos del PSOE) la investigación de un incendio que en 2005 costó la vida a once operarios de los equipos de extinción. Mientras ella ocupó el cargo, el proceso tuvo siempre en el punto de mira a numerosos técnicos y cargos públicos de la Junta, veinte de los cuales llegaron a estar imputados.

Una vez Espejel perdió el control de la audiencia alcarreña, el tribunal anuló las imputaciones, juzgó y condenó al excursionista cuyo descuido provocó el siniestro y criticó en sentencia la “inútil” investigación desatada contra el gobierno regional. Pero el proceso fue uno de los factores de desgaste del socialista José María Barreda, que en 2010 perdió las elecciones frente a Dolores de Cospedal. El 28 de febrero de 2014 la todavía presidenta del gobierno castellano-manchego condecoró a la magistrada en un acto en el que las muestras de cariño y sintonía que ambas se dedicaron no pasaron desapercibidas.

El magistrado López, por su parte, será el encargado de redactar la sentencia del ‘caso Gürtel’. De escaso currículo judicial, en 1998 llegó al CGPJ como letrado y en 2001 fue designado vocal también por el Senado y también a propuesta del PP. Ejerció como portavoz hasta 2008. En ese mismo periodo impartió más de medio centenar de cursos en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), think tank del PP presidido por José María Aznar. Entre otros, coincidió con Adolfo Prego, abogado de De Cospedal; Rafael Catalá, actual ministro de Justicia, y Carlos Clemente, exviceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid imputado en la ‘Gürtel’. En 2006 colaboró en la elaboración de una de las ponencias del XVII Congreso del PP.

A partir de 2004 convirtió su cargo en el CGPJ en un ariete contra el Ejecutivo socialista. Como también haría después Espejel, se buscó un hueco en la Audiencia Nacional que aprovechó para evitar el archivo del ‘caso Faisán’, la investigación de un chivatazo a la red de extorsión a ETA con la que el PP fustigó sin desmayo el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. También se entendió como un premio el empeño del PP en llevarle desde el Senado hasta el Tribunal Constitucional pese a que no cumplía los requisitos exigidos para el cargo, lo que bloqueó dos años el proceso de renovación. Al final, el Gobierno que preside Mariano Rajoy le colocó en el tribunal en junio de 2013, pero salió por la puerta de atrás de vuelta a la Audiencia Nacional apenas un año después tras ser sorprendido una madrugada mientras conducía su moto por las calles de Madrid sin casco y con más alcohol del permitido en el cuerpo.

Politización de la justicia

Este largo repaso a las biografías de los dos magistrados incluye sólo un resumen de los excesivos vasos comunicantes que les vinculan con el PP y que explican las dudas sobre su imparcialidad en este juicio. Tanto las partes del proceso como toda la sociedad tienen derecho a que el tribunal que juzgue un asunto tan grave como el ‘caso Gürtel’ no sólo sea imparcial, sino que además lo parezca. Y uno que incluya a estos dos magistrados merece ser sospechoso.

Pero ninguno de esos vínculos con el PP aparecen reflejados entre las 16 causas de abstención/recusación que recoge el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Con la ley en la mano, nada cabe reprocharles. Y constatado ese dato nadie sabe cómo resolver el problema. Algunos compañeros han sondeado la disponibilidad de los afectados a abstenerse. Al parecer, López estaría abierto a buscar “soluciones”, pero Espejel se ha cerrado en banda. Años ha, ésta era una de esas situaciones a resolver “en charlas de despacho” por el presidente de turno de la Sala de lo Penal, pero el actual, Fernando Grande-Marlaska, ha perdido influencia entre sus compañeros desde que es vocal a tiempo parcial en el CGPJ. El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, llegó a Madrid desde Canarias en abril de 2014 y nadie confía en que disponga ya de los resortes adecuados para desmadejar tamaño problema.

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El magistrado Julio de Diego, en una imagen de archivo. / J. L. Pino (Efe)

Descartada en principio la abstención, crecen los anuncios de inminentes recusaciones pese a que los abogados encargados de presentarlas siguen sin encontrar el resquicio en el que apoyarse. La defensa de Bárcenas tratará de incidir en la relación personal que han evidenciado Espejel y De Cospedal para recusar a la magistrada esta misma semana, y dejará de lado a López porque no encuentra manera de sustentar una recusación contra él. Algunas acusaciones populares creen que sí es posible porque es cuñado de Miguel Manovel García, mano derecha del constructor José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el ‘caso Gürtel’.

Las inhibiciones -si llegan- o las recusaciones -de presentarse- deben ser estudiadas por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano angustiado sobre la solución a dar. Si fuesen los propios magistrados los que solicitasen apartarse de la vista oral, una aprobación mayoritaria es casi segura. Pero ante una recusación la votación parece más ajustada y ese es uno de los escenarios que más teme el tribunal. La sentencia que se dicte en su día será recurrida ante el Tribunal Supremo y el Constitucional; un rechazo por la mínima de una recusación abre de par en par las puertas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una corte que no se siente vinculada por la LOPJ y que lleva décadas abonada al criterio de que “mulier Caesaris no fit suspecta etiam vacare debet”.

¿Complejo? Hay otros dos factores que enmarañan aún más el problema. El primero es el tercer miembro del tribunal, ese magistrado del que nadie habla: Julio de Diego, miembro de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde noviembre de 2006, a donde llegó desde el Juzgado de Instrucción 23 de Madrid. Quienes le conocen aseguran que es tanto o más conservador y próximo al PP que Espejel y López, con quienes le unen una estrecha amistad. Pero es un magistrado a la antigua, de los que siempre ha rehuido cualquier relación con el poder, y nada en su currículo permite sospechar de su actuación en el ‘caso Gürtel’. En ese sentido, es casi una prueba de cargo contra sus compañeros de tribunal, lo que está generando un clima muy incómodo en la Audiencia  Nacional.

Para colmo, la mayoría de la carrera judicial defiende que el actual sistema de elección de los vocales del CGPJ es uno de los factores de politización de la justicia. Así que los magistrados de la Audiencia Nacional se enfrentan a una disyuntiva perversa: o condenar a sus compañeros porque su paso por el CGPJ es un indicio en su contra, con la gravedad que tal pronunciamiento en una resolución judicial entraña, o absolverles y dar un cierto aval a un modelo de gobierno del Poder Judicial que no comparten en absoluto.

Para el juicio del ‘caso Gürtel’ aún queda mucho: el calendario del tribunal permite aventurar que no se celebrará hasta finales de 2016 o en la primavera de 2017. Pero parece que la sentencia se está empezando a escribir estos días y que el fallo no depende de lo que ocurra en la vista oral, sino de la composición del tribunal. El peor escenario para una Justicia digna de la confianza de los ciudadanos.