El PP mantiene los títulos nobiliarios a los franquistas que Carmena borra del callejero

Ahora que el Ayuntamiento de Madrid va a cumplir la Ley de Memoria Histórica y a eliminar definitivamente los nombres de los represores franquistas de las calles de la Villa y Corte, llama la atención la persistente negativa de la mayoría absoluta del PP en el Congreso a hacer lo propio con los honores nobiliarios que concedió el dictador a sus generales, familiares y acólitos. Contra el criterio y el voto de todos los grupos parlamentarios, los diputados populares han decidido en la Comisión Consttucional que se mantengan los marquesados de Yagüe, Queipo de Llano, el ducado de Franco, el señorío de Meirás y todos los demás a los que tengan derecho los herederos y causabientes de aquel régimen represivo y criminal, de oprobio e indignidad.

Ni Alberto Ruiz-Gallardon ni su sucesora en la alcaldía de Madrid, Ana Botella, se declararon insumisos a la Ley de la Memoria Histórica de diciembre de 2007; sencillamente, no la acataron ni la aplicaron como era menester. Ha tenido que llegar la alcaldesa Manuela Carmena para eliminar del callejero de Madrid las últimas referencias al franquismo, que no son pocas, sino 170, según los datos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). La portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, manifestó que el cambio se irá haciendo de acuerdo con los ciudadanos y buscará el reconocimiento de mujeres ilustres y de vecinos destacados.

Ya es sabido que Gallardón trasladó su insumisión al Ministerio de Justicia y que cuando el grupo de Izquierda Plural solicitó la supresión de la continuidad del título nobiliario que el dictador Francisco Franco concedió a su correligionario Queipo de Llano, se negó a hacerlo aduciendo falta de fundamento jurídico. Gallardón dimitió de ministro en septiembre de 2014 por no haber podido sacar adelante en el Consejo de Ministros su reaccionaria ley del aborto. Pero esto no quiere decir que en lo atinente al cumplimiento del espíritu y el sentido de la Ley de Memoria Histórica su sucesor, Rafael Catalá Polo, y el Grupo Popular hayan evolucionado a mejor.

Antes, al contrario, el PP se pronunció en bloque el 17 de junio en la Comisión Constitucional contra la proposición no de ley del Grupo Mixto, respaldada por los demás grupos de la oposición que exigía la revocación de los honores, títulos y condecoraciones a los militares e impulsores del régimen franquista surgido del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra la II República. La iniciativa reclamaba asimismo la supresión de los títulos nobiliarios concedidos al dictador y a sus familiares por su sucesor en la jefatura del Estado, el rey Juan Carlos I de Borbón.

De nada sirvieron los argumentos del proponente Jon Iñarritu sobre la infausta memoria de Mola, el intelectual de la sublevación, partidario de crear “una atmósfera de terror”; de Queipo de Llano, el jefe de la represión en Sevilla, o de Yagüe, conocido como el Carnicero de Badajoz, quien justificó la matanza en la plaza de toros de cerca de 4.000 personas, ante el periodista del New York Herald Tribune, John Whitaker, diciendo: “Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted, que iba a llevar a 4000 prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contra reloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?”

De poco sirvió el ejemplo que contra la falta de tradición o jurisprudencia sobre la revocación de los títulos que concede el jefe del Estado adujo el diputado de IU, Ricardo Sixto, pues he ahí, en el BOE, la retirada del Ducado de Palma a la infanta Cristina de Borbón por decisión de su hermano, el rey Felipe VI. Y de nada y menos valió, en fin, la enmienda posibilista del PSOE pidiendo que se revise la normativa sobre las condecoraciones que dependen del Gobierno y que son símbolos visibles, aunque sean decorativos o “declarativos”, según el Tribunal Constitucional, de la burla al sistema democrático.

Y no sirvieron de nada esos y otros argumentos porque según la portavoz constitucional del PP, Pilar Cortés Bureta, la Ley de Memoria Histórica no contempló expresamente los títulos nobiliarios, por lo que “el Gobierno aplica de manera ordinaria las normas para la transmisión de las dignidades nobiliarias, reconociendo a los sucesores de los concesionarios de esos títulos su derecho sobre la tenencia de un determinado título, siempre sujeto a posible revisión del mejor derecho por parte de los tribunales de justicia”. O en otras palabras: se podrán limpiar las calles y revocar los títulos de alcalde perpetuo, hijo predilecto y demás nominaciones, pero la nobleza del dictador y sus secuaces ni se extingue ni se borra, de momento.