El Ayuntamiento de Madrid negocia con los bancos la hipoteca de 74 familias

La paralización del desahucio de Mariya fue una de las últimas acciones de la PAH durante el mandato de Ana Botella. / Sato Díaz
La paralización del desahucio de Mariya fue una de las últimas acciones de la PAH en el mandato de Ana Botella. / Sato Díaz

Unas cuantas mesas de oficina con sus correspondientes sillas. Varias estanterías casi vacías que denotan una reciente mudanza. Una administrativa, dos auxiliares administrativas y tres trabajadoras sociales. Y voluntad. Esta es la sencilla composición de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Madrid que el nuevo Gobierno de Manuela Carmena puso en marcha oficialmente el pasado 15 de Julio. Casi 80 personas o familias,concretamente 74, se han beneficiado ya directamente del servicio de intermediación con las entidades bancarias y otras 120 han comenzado sus procesos en poco más de un mes de funcionamiento. Se suma a otras medidas tomadas anteriormente para evitar los desahucios de edificios públicos. Carmen García de Pablos, coordinadora de la oficina, explica con detalle a cuartopoder.es el día a día de su trabajo y los perfiles de gente que recurre a él. Los objetivos principales son renegociar las hipotecas, conseguir moratorias o en el último de los casos asegurarles una alternativa habitacional. Tanto ella como el resto de trabajadoras municipales han sido trasladadas a este nuevo puesto de forma voluntaria.

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La oficina presta un servicio público y gratuito dirigido a personas o unidades familiares que se encuentren en situación de sobreendeudamiento respecto a su vivienda habitual. Los interesados pueden solicitar una cita a través de los canales oficiales municipales. Los requisitos para la solicitud de la intermediación son el empadronamiento en Madrid, que la vivienda esté en la localidad, nos ser propietario de una segunda vivienda y que el coste del préstamo solicitado, si lo hay, sea inferior a 300.000 euros. La media de personas atendidas diariamente oscila entre las 10 y las 12, ya que cada entrevista puede durar hasta 45 minutos.

“Los perfiles que vienen aquí son familias que adquirieron su vivienda en torno a 2004-2006 y que a partir de 2007 o 2008 han tenido dificultades para hacer frente a la hipoteca. La mayoría de familias ha negociado la deuda con los bancos pero sobre 2011,con la situación de desempleo, no han podido hacer frente a las nuevas situaciones de pago de las viviendas”, explica García. Las familias llegan con diferentes momentos en su situación. Algunos tienen ya en marcha la ejecución y una demanda por parte de la entidad bancaria. Otras familias tienen muchas dificultades para pagar y eso les está originando no cubrir sus necesidades básicas por lo que los servicios sociales municipales son alertados. En algunos casos ya han reestructurado su deuda pero aún así es difícil que la puedan pagar. “Están haciendo un esfuerzo muy importante por mantener las viviendas”, destaca a nivel general la coordinadora. Califica algunas situaciones como “dramáticas” debido al factor añadido de dificultades personales como enfermedades, separaciones o personas dependientes.

Pese al poco tiempo que lleva en marcha el servicio ya poseen algunos datos interesantes sobre los perfiles de personas que acuden. “La mayoría de gente que viene es española pero de origen extranjero, es decir inmigrantes que vinieron hace muchos años. Es una gente muy trabajadora porque se han deslomado a trabajar y se ven incluso enfermedades que tienen que ver con ello. Les ha pillado la crisis y como eran los sectores más vulnerables pues les ha originado el problema”, explica García. La construcción o trabajos puntuales como autónomos son las profesiones que más se repiten. Destaca además que la mayoría de las viviendas de estas personas son de segunda mano, construidas en los años 50-60, “con bajos estándares de calidad y un precio muy sobredimensionado”. Están situadas en barrios del extrarradio madrileño como por ejemplo Usera, Vallecas o Carabanchel. “Las cuotas fueron subiendo y ha provocado una crisis familiar y personal. La crisis del trabajo y la vivienda ha hundido a muchas familias”, comenta la trabajadora.

Carmen García de Pablo, coordinadora de la oficina, tras atender a cuartopoder.es / M.M
Carmen García de Pablo, coordinadora de la oficina, tras atender a cuartopoder.es / M.M

En la oficina se hace un estudio económico y laboral de los ingresos de estas familias, de su deuda patrimonial, etc. Si cumplen los requisitos y están debajo del umbral de la pobreza, que viene marcado en 15.692 euros anuales por unidad familiar se pasa a la intermediación. Aquí entra en escena el papel de la Fundación notarial Signum, que se ha contratado para esta labor. Estos profesionales establecen ya el contacto con el banco para que se apliquen algunas de las medidas y se pueda reestructurar la deuda.

La oficina lo que intenta atajar es que se produzca el desahucio en último término si el caso concreto se aborda con tiempo. Y en todo caso ofrecer una alternativa habitacional si ya es inevitable. En los casos en los que el riesgo de desahucio es muy alto entran en juego los Servicios Sociales, que pueden tomar medidas complementarias a una posible intermediación con el banco. La coordinación con los trabajadores sociales es muy importante. “La oficina es sólo una pata del trabajo”, destaca García al respecto. “Lo que puede garantizar el Ayuntamiento de Madrid es que nadie se quede sin alojamiento”, añade.

Expectativas altas

“Gracias a esta oficina esperamos que puedan negociar. Nos ha dado muy buena impresión porque por lo menos creo que tienen contactos con gente importante de los bancos y que se puedan paralizar los casos en los juzgados hasta que no se concrete la mediación y después poder llegar a un acuerdo. Ojalá que sea verdad que podamos llegar porque queremos seguir pagando y conservar el piso”. Son palabras de Estefanía, una mujer que acaba de terminar su cita en la oficina y que explica a cuartopoder.es su caso.

No es fácil que alguno de los afectados quiera hablar con los medios, tal y como comprobamos de primera mano. La oficina incluso incluye biombos para guardar más la privacidad de las personas mientras realizan las entrevistas. En el caso de Estefanía, que acude junto a su exmarido Fernando, es el de una mala relación con la entidad bancaria. Durante 10 años han estado pagando sin problema su hipoteca pero en los últimos tiempos sus sueldos se han reducido mucho. “Tuvimos un problema con el Banco Sabadell. Yo llamaba todos los meses al director para ingresar lo justo y que no entráramos en mora. El año pasado en septiembre me dijo que las cuentas estaban bloqueadas y no se podía ingresar. Nos dio una cuenta de consignación, seguimos ingresando el dinero que podíamos pero cuando llamamos a la asesoría jurídica nos dijeron que ese dinero no iba para la deuda sino para lo que estaba pendiente”, resume. Al verse abocados a la ejecución recurrieron a una abogada y el primer juzgado archivó su instancia debido a “las cláusulas abusivas” del contrato.

“El banco recurrió y estamos en un procedimiento para reestructurar la deuda porque no podemos pagar de golpe todo lo que se debe. Lo peor de todo esto ha sido la incapacidad para comunicarse con el banco, ni con la oficina de Madrid, ni con asesoría. Por muchas visitas o correos tanto míos como de la abogada no hemos podido llegar nunca a ninguna negociación. Y somos dos personas con trabajo y sueldos estables, que sólo hablábamos de un aplazamiento un poco más largo y una reducción un poco de la cuota, algo muy factible”, explica.

“Muchas personas han pagado una parte importante de su hipoteca. Sabemos cuánto valen y hay inmuebles que se han devaluado un 50%. Se están pagando unas cuotas hipotecarias con arreglo a las escrituras de préstamo de 2004-2005. Acuden al Ayuntamiento porque no tienen otro interlocutor”, apunta García. Las expectativas de la gente al acudir a la oficina son altas según la coordinadora del servicio. A partir de septiembre se podrán desgranar ya los primeros resultados concretos y finalizados.