Los 127 millones recaudados hasta septiembre con las multas no revierten en seguridad vial

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Los radares en las carreteras, avenidas, autovías y autopistas se han convertido en una máquina de ingresar dinero que no ha revertido en mejora alguna de la seguridad vial en 2015. De hecho, la asociación DIA de víctimas de accidentes ha denunciado que 2015 se va a cerrar, cuando se tengan los datos definitivos, a 30 días de los siniestros, con un aumento del número de fallecidos respecto a 2014. El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, presentará el lunes el balance trágico, con una media de 4,6 muertos cada día.

Eso no quiere decir que los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT), de la que es directora en funciones María Seguí, no hayan reportado la apreciable suma de 127.477.546 euros desde el 1 de enero al 27 de septiembre del año pasado, según los datos reportados por el Ministerio del Interior al portavoz socialista andaluz en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia Díaz. Los datos no incluyen a Cataluña y Euskadi, con competencias propias en la materia.

La recaudación por multas de los tres tipos de radar de control de velocidad (fijos, móviles y Pegasus desde helicópteros) parece ser el único dato positivo que Interior puede exhibir. Los ingresos sitúan a Andalucía como la Comunidad Autónoma más castigada por las multas, lo cual es lógico por su mayor extensión territorial. Pero esa lógica mengua y disminuye hasta lo inexplicable cuando se comprueba que Málaga es la provincia más sancionada de toda España por los radares de la DGT mientras que la colindante Almería pasa por ser la menos penalizada. En la primera se calcaron multas por importe de 9,9 millones de euros en los primeros nueve meses de 2015 mientras que en la segunda no llegaron a 0,5 millones de euros.

Detrás de Andalucía figura Galicia, Castilla y León y Madrid como las autonomías que más ingresos han reportado a la hacienda pública por los excesos de velocidad de los conductores. Los radares han sido especialmente activos y temibles en Huesca, una provincia en la que han calcado multas por valor de 3,5 millones, muy por encima de Cantabria, con mayor población y parque automovilístico y ligeramente por debajo de Asturias (ver gráfico).

Los radares también han proporcionado apreciables recaudaciones en provincias intermedias o de paso como Burgos (hacia Cantabria y el País Vasco) y Ciudad Real (hacia Andalucía), con casi 3,5 millones de euros de multas en cada provincia. En Galicia se han puesto las botas especialmente en Pontevedra, con 5,8 millones de euros a los conductores cazados por el radar, y en A Coruña, con algo menos, 5,5 millones.

Mientras los expertos discuten sobre si es más eficaz el miedo o la ruina o ambas cosas a la vez para obligar a los automovilistas a respetar las limitaciones de velocidad, es lo cierto que la inseguridad vial se mantuvo en 2015, con radares y sin ellos, al mismo nivel que el año anterior, con un promedio de 4,6 muertos diarios. El reglamento de la nueva ley de Seguridad Vial sigue paralizado y la única medida que se ha adoptado es que quienes tengan una estatura inferior a 1,35 metros han de viajar en el asiento trasero de los coches.

Los datos que exhibirá el lunes el ministro del Interior para adornar su gestión difícilmente podrán ocultar la incapacidad de las autoridades para reducir las muertes por accidentes y atropellos. Solo en los dos primeros meses de 2015 se registraron 35 fallecimientos más que en el mismo periodo del año anterior. Hubo otros tres meses malos. La cifra de fallecidos llegó a ser de 66 más que en 2014, aunque se compensó con la reducción de víctimas en los restantes siete meses. A falta del dato de diciembre, el trágico balance es de cinco muertes menos que el año anterior, en el que perdieron la vida 1.688 personas y 9.574 fueron hospitalizadas. No obstante, para atemperar la tremenda realidad, las cuentas de Fernández Díaz y su subordinada Seguí sólo incluirán a los fallecidos en las 48 horas siguientes al siniestro.

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