El juicio del 'caso Gurtel' podría retrasarse hasta 2017 por problemas de agenda de jueces y abogados

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Íñigo Corral *

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Francisco Correa durante su declaración en el juicio por los contratos de la Generalitat con la Gurtel para el montaje de su expositor en la feria de turismo Fitur. / Efe

Si el panorama político de 2016 amanece con nubarrones con la sombra de unos nuevos comicios en primavera, el judicial tampoco aparece despejado y las aguas bajan turbulentas. Por primera vez una infanta se sentará en el banquillo de los acusados, aunque aún está por decidir si finalmente será juzgada o no. Al ‘caso Gurtel’ sólo queda ponerle fecha para el juicio, si bien problemas de agenda pueden obligar a que la trama corrupta vinculada al PP tenga que esperar hasta 2017 para conocer un veredicto. Hay quien no quiere vincular la renovación de los presidentes de varios TSJs con la política, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros han sido elegidos a propuesta de los distintos partidos políticos, tienen que decidir si mantienen o cambian, entre otros, al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el órgano judicial encargado de investigar al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas. Además, si el Gobierno cambia de manos se produciría un relevo en el Ministerio de Justicia y en la Fiscalía General del Estado. Si ese nuevo Ejecutivo es de ideología progresista tendría pocas simpatías en las principales instituciones judiciales, dada la mayoría conservadora en las presidencias de las distintas Salas del Tribunal Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –en manos de un ex alto cargo de José María Aznar– o en el Tribunal Constitucional, donde su actual presidente pagó religiosamente durante varios años sus cuotas de militante del PP.

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En la Audiencia de Palma ya está todo preparado para que el día 11 comience la vista oral del ‘caso Nóos’, que tiene entre los 18 acusados a la hermana y al cuñado del Rey. Ese día, las tres magistradas que forman parte del tribunal oirán a las defensas solicitar, como cuestiones previas para evitar que el juicio se celebre, la nulidad de parte o de todas las actuaciones, cuestionar la labor instructora del juez Castro o tratar de apartar de la causa, a última hora, algunos documentos incriminatorios como pueden ser los correos de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín. Sin duda, la cuestión previa estrella es la que volverá a plantear el letrado que asiste a Cristina de Borbón. O sea, si es aplicable o no a la causa la doctrina Botin. Si el tribunal entiende que si el fiscal y la Abogacía del Estado (que representa a la Agencia Tributaria) no acusan y sólo le imputa dos delitos fiscales, la acusación popular ejercida por Manos Limpias, esto es, una situación parecida a la que evitó ir a juicio al expresidente del banco de Santander, la infanta quedaría exonerada de todas responsabilidades sin tener que volver a sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados. La solución al tema tendrá que hacerse pública antes del 9 de febrero, fecha prevista para que el fiscal Pedro Horrach comience con sus interrogatorios.

Para el mes de enero está prevista la celebración de otros dos juicios con incuestionable morbo mediático. La Audiencia Provincial de Madrid tiene señalado para el 12 de enero el arranque del juicio por el denominado caso ‘Madrid Arena’. Durante cuatro meses, el tribunal tratará de dirimir el grado de responsabilidad que tuvieron las 15 personas que se sentarán en el banquillo de los acusados por el fallecimiento de cinco jóvenes durante la celebración de una fiesta de Halloween en el pabellón municipal de la Casa de Campo. El empresario Manuel Flores tendrá que explicar por qué en un recinto con capacidad para 10.620 personas se vendieron 16.791 entradas y entraron cerca de 23.000 jóvenes. También tendrán que dar explicaciones los máximos responsables de la Policía Municipal de Madrid por la cadena de errores, fallos e imprudencias que hubo en las tareas de rescate, el fundador del SAMUR (acusado de tres homicidios por imprudencia) o los responsables de velar por la seguridad del recinto.

El 18 de enero la Audiencia Provincial de León acogerá el juicio con jurado contra Montserrat González, la mujer que acabó con la vida de la entonces presidenta provincial del PP, Isabel Carrasco, con tres disparos realizados a quemarropa y que se enfrenta a una petición de 23 años de prisión. Montserrat ya confesó su responsabilidad en los hechos que se le imputan, pero como eximente su defensa y la de su hija Montserrat Triana planteará ante el jurado popular que actuó movida por el odio dado que la dirigente del PP había acosado laboralmente a su hija. Ese acoso se circunscribe a la actitud hostil que Carrasco mantuvo durante varias semanas para impedir que Triana fuera concejala en Astorga tras la renuncia de un edil y a pesar de ser ella la primera suplente de la lista. El juez que instruyó la causa, Carlos Fernández, ya expuso en el auto de apertura de juicio oral que madre e hija hicieron durante varios días seguimientos a Carrasco con la intención de matarla y que en esas mismas actividades y con el mismo fin participó Raquel Gago, la única de las tres acusadas que se encuentra en libertad bajo fianza, y que colaboró con ellas en el crimen por ‘amistad’.

Se prevé también que la última semana de enero el Consejo General del Poder Judicial celebre un pleno bastante problemático. Sobre la mesa estará el tema de renovar las presidencias de cinco tribunales superiores de justicia: Cataluña, Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla León.  A priori, Miguel Ángel Gimeno (Cataluña) y Pilar de la Oliva (Valencia) cuentan con pocas posibilidades para ser renovados. En Castilla y León, la cosa está más equilibrada aunque, como reconocen fuentes del CGPJ, “es muy probable que todo se quede en casa”. La irónica frase obedece a que el principal rival de José Luis Concepción, el actual presidente, no es otra que su mujer, María José Juárez, aunque también se barajan otros candidatos. En los casos de las presidencias de Andalucía (Lorenzo Jesús del Río) y de Castilla-La Mancha (Vicente Manuel Rouco) parten con muchas opciones de que nadie les vaya a mover de su sillón presidencial.

La expectación mediática en la Audiencia Nacional tiene el foco puesto en el juicio del caso Gurtel o, lo que es lo mismo, la trama de corrupción en la que aparecen varios tesoreros y altos cargos del Partido Popular y que, según el juez Pablo Ruz, sirvió para que dicha formación dispusiera de una caja B entre 1990 y 2008 con la que sufragaron campañas electorales, reformas en sus locales o se dieron sobresueldos. El caso principal obligará a sentarse en el banquillo de los acusados a unas 40 personas, algunas de ellas con cargos relevantes durante la presidencia de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, y además se juzgará la pieza separada relativa a los papeles de Luis Bárcenas en donde se investiga el modo en que el PP se financió para remodelar alguna de sus sedes, como la de la calle Génova de Madrid.

Pues bien, para estos casos aún no hay una fecha prevista y puede que incluso su resolución se demore hasta el 2017. Hay varios condicionantes al margen de la necesidad de que la sección encargada de celebrar la vista cuente con un magistrado de refuerzo porque, de lo contrario, dicha sección quedaría prácticamente paralizada durante el juicio. Otro inconveniente es fijar un calendario de sesiones y concretar si van a ser de mañana y tarde. Y es que hay que tener en cuenta que el juicio puede prolongarse más de cuatro meses y no parece tarea fácil cuadrar las agendas de casi medio centenar de letrados. A eso habría que añadir que ya hay fijados un buen número de juicios en la Audiencia Nacional para el próximo año, de drogas, blanqueo de capitales o de terrorismo, sobre todo de delitos relacionados con el enaltecimiento, y que a todos hay que darles salida. Mientras, se seguirá con la instrucción de otros casos como el de la Púnica, el que afecta a la familia de los Pujol u otras piezas de la trama valenciana de la Gurtel como la visita del Papa o el gran premio de F1.

A mediados de junio tendría que finalizar el periodo como presidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, al cumplirse los tres años de mandato que en un principio marcaba la Ley, pero no abandonará su cargo, al menos, hasta enero de 2017 si es que el Senado cumple en tiempo su tarea de renovar los cargos que quedarán vacantes. Con anterioridad existía una norma no escrita en que cuando no coincidía el cumplimiento de periodo de tres años como presidente con el de estancia en el Tribunal y había un margen de unos meses (en este caso siete) se prorrogaba el mandato sin hacer ruido. El PSOE quiso que aquello que era una tradición se convirtiera en ley y fue el origen de uno de los mayores conflictos que ha vivido en su historia el Tribunal Constitucional,

El partido en el que militó durante varios años Pérez de los Cobos entendió que esa reforma de la que ahora se va a beneficiar era inconstitucional. Como la norma les afectaba, la presidenta y el vicepresidente se abstuvieron; además, el Gobierno consiguió que dos magistrados fueran recusados. La cosa quedó así: un Pleno de ocho magistrados (el mínimo contemplado por la Ley) y presidido por el magistrado de mayor edad, Vicente Conde. Finalmente se acordó que la reforma legal encajaba dentro de los márgenes previstos en la Constitución

(*)  Íñigo Corral es periodista.