El socio de Urdangarín pide que declaren Felipe VI y su padre
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El abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, se ha ratificado hoy ante el tribunal del 'caso Nóos' en su petición de que se llame a declarar como testigo al Rey Juan Carlos, porque considera significativas las pruebas en las que se hace referencia a supuestas mediaciones en favor de su yerno (ver vídeo). Peeters ha señalado que para su estrategia de defensa sería relevante que se admitiese su solicitud respecto al anterior jefe del Estado, al que se ha referido como el "suegro del señor Urdangarin". También ha aludido a su "cuñado", el Rey Felipe VI. Ambos testimonios fueron requeridos en su escrito de defensa por el defensor de Diego Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, pero fueron rechazados inicialmente por el tribunal.
Unas horas antes, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach defendía, durante su intervención en la fase de cuestiones previas que han dado inicio al juicio del 'caso Nóos' (ver vídeo), que "la única respuesta judicial posible" para la Infanta Cristina es el archivo de su imputación. La única acusación que sostiene el encausamiento de la hermana del Rey Felipe VI en este proceso es Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. Horrach, que ha defendido el archivo de la acusación contra la infanta en coherencia con la aplicación de la llamada "doctrina Botín", ha compartido los argumentos expresados por la abogada del Estado, que ha subrayado que los Servicios Jurídicos del Estado acusan o no atendiendo únicamente al resultado de una instrucción y sobre delitos penales, no sobre infracciones administrativas, en alusión al hecho de que las irregularidades tributarias de la infanta no lleguen a los 120.000 euros que constituyen delito.
La Abogacía del Estado en el "caso Nóos", representada por la letrada Dolores Ripoll, ha subrayado que "no existe la acusación pública en materia tributaria" y ha defendido de forma vehemente que una acusación pública como la de Manos Limpias -que pide 8 años de cárcel para a la Infanta como cooperadora necesaria en dos delitos contra Hacienda cometidos por su marido- puede denunciar una infracción en materia tributaria, si bien debe tenerse en cuenta que el perjuicio por esta actuación es únicamente el erario público, cuya defensa corresponde en exclusiva es la abogacía del Estado.
