En Marea denuncia la militarización de Terra Cha con 'drones' de la OTAN

El Ministerio de Defensa, de acuerdo con la OTAN y con el visto bueno de la Xunta de Galicia, ha elegido la comarca lucense de Terra Cha (Tierra Llana) para instalar el centro de experimentación, desarrollo y maniobras con drones o pequeños aviones no tripulados de uso bélico, de momento. La opacidad o falta de información propia de las actuaciones de Defensa, en las que predomina el secreto de Estado y las materias clasificadas, ha llevado a los diputados de En Marea, encabezados por Alexandra Fernández, a trasladar al Parlamento la inquietud de los habitantes de la zona por la militarización de esta comarca. En una proposición no de ley reclaman información urgente y veraz al Ejecutivo en funciones sobre los planes en marcha.

“En la provincia de Lugo, en la Terra Cha, asistimos a una preocupante espiral militarista en los últimos tiempos”, dicen en la iniciativa que firma en primer lugar la diputada Yolanda Díaz. “El Gobierno central y la Xunta de Galicia comparten la determinación de convertir en ámbito de negocio los drones militares en Lugo y de hacerlo en relación con la estrategia belicista de la OTAN”. Se sabe que poco después de la llegada del PP al Gobierno, el Ministerio de Defensa, a través del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), eligió el aeródromo lucense de Rozas para la investigación, el desarrollo de proyectos y la realización de pruebas de drones. Era marzo de 2011.

Unos meses después, el departamento del ministro Pedro Morenés, antiguo directivo del consorcio aeronáutico EADS, anunció el comienzo de las pruebas con drones del programa del consorcio mencionado en el aeródromo lucense. Las visitas de militares y directivos del INTA confirmaron además, en junio de 2012, la decisión de convertir Rozas en una de las cinco bases de pruebas que Estados Unidos ha decidido instalar en Europa.

También se sabe que la mejora de las instalaciones del aeropuerto corren a cuenta de los gallegos y que tras un convenio entre la Xunta y el INTA suscrito hace dos años, el Ejecutivo autonómico que preside Alberto Núñez Feijóo ha comprometido el destino de 50 millones de euros al cercado, la torre de control, un nuevo hangar, la instalación de un sistema de seguridad aérea, así como las instalaciones del llamado Centro de Investigación Aerotransportado.

La fiscalización realizada hasta ahora por los diputados del Parlamento de Galicia siempre ha obtenido la misma respuesta del Gobierno central en el sentido de que se trata de actuaciones civiles y de un proyecto civil. Pero lo cierto es que la única aplicación conocida de los drones, aunque los construya Israel, Estados Unidos o el consorcio europeo EADS, es militar, como artefactos de observación bélica y de ataque y bombardeo sin riesgo. En Afganistán se han empleado como kamikazes.

La exigencia de información veraz ha arreciado después de constatar que el escuadrón Searcher preparó en Rozas su intervención en las últimas maniobras militares de la OTAN. A partir de aquellos ejercicios con mando aliado en Zaragoza, la militarización de la comarca ha sido creciente, según constatan los diputados de En Marea. Vinculan con la nueva base de los drones las últimas maniobras de los aliados, los pasados 26,27 y 28 de enero en campamento lucense de Parga, y recuerdan que la cesión forzosa de los terrenos de esta zona delimitaba su uso a escuela de ingenieros, no como campo de tiro o de maniobras militares.

Para los diputados del grupo gallego de Podemos no hay duda de que “la conexión Rozas-Parga sitúa a la Terra Cha en el centro de una estrategia militarista que no es compartida por la ciudadanía gallega”, y de que “este proceso aúna negocios privados e impulso belicista, dinero y armas, y transcurre bajo el manto de la opacidad y la falsedad”. En su proposición no de ley exigen información sobre todos los convenios suscritos por Defensa a través del INTA , así como los firmados directamente entre Defensa y la Xunta para instalar la base para la experimentación con drones, la documentación que da razón de la privatización del llamado Centro de Investigación de Rozas y, entre otras materias, la previsión de compra pública vinculada la industria de los aviones no tripulados.