Margarita Robles: "Es imprescindible un Gobierno progresista tras el 26J"

Vuelve a la política con ilusión y ganas de conseguir un gobierno progresista. Margarita Robles Fernández (León, 1957) fue la primera mujer que presidió una sala de lo Penal, la primera en presidir una Audiencia (la de Barcelona) y la tercera en llegar al Tribunal Supremo, donde hizo un paréntesis de tres años (1993-96) como subsecretaria de Justicia y secretaria de Estado de Interior con Juan Alberto Belloch de ministro. Ahora retorna a la política como número dos del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en la lista de Madrid a las elecciones del 26 de junio. Aunque no es el momento de hablar de alianzas electorales, apuesta por el diálogo y afirma que “no es necesario, sino imprescindible un Gobierno progresista”.

— ¿Qué razón o razones la han animado a volver a la política?

— La situación tan difícil y complicada que vive España en un momento de grandes desigualdades, restricciones de derechos y libertades, y en el que, además, la crisis económica está golpeando a los más desfavorecidos, y las políticas del PP han sido absolutamente restrictivas de los derechos y de la protección de los ciudadanos. Me parecía que en este momento podía aportar algo desde la política y por eso me he apuntado a un proyecto que yo creo que es el que mejor puede contribuir a acabar con esas desigualdades sociales.

— ¿Por qué con Pedro Sánchez cuando parece cuestionado internamente y puede estarlo electoralmente tras el fracaso de su opción de gobierno?

— Yo creo de verdad que Pedro Sánchez es el líder que necesita este país. La ciudadanía no entiende que en un momento en que hay que unificar fuerzas en clave progresista se pierda mucho más tiempo en pensar en sillones, destinos y altos cargos para algunos que en resolver los problemas de la gente. En mi opinión, Pedro Sánchez ha intentado formar gobierno y ha habido otros grupos que han preferido los grandes discursos teóricos y al final no se han comprometido en un proyecto de cambio de verdad.

— Si hace suyas las palabras de Pedro en la presentación de la candidatura (“Puedo prometer y prometo diálogo, decencia y dedicación”) me gustaría saber qué parte le toca.

— Desde que empecé a trabajar de jovencita he tenido esos tres principios (y otros) en mente. La dedicación: yo toda mi vida me he dedicado a trabajar. Por eso en este momento político no entiendo que haya personas más interesadas en cargos públicos y en mover la silla que en la dedicación y el trabajo. La decencia me parece imprescindible; hay que regenerar la democracia en este país sin ninguna duda. Y en cuanto al diálogo: estamos muy cansados de ese rodillo de la mayoría absoluta del PP y es imprescindible el diálogo. Y en algunas materias, como es el ámbito de la Justicia, ese diálogo y el pacto de Estado es absolutamente imprescindible.

— ¿Cree que será posible ese diálogo con Podemos-IU y las demás formaciones progresistas?

— El Partido Socialista tiene que salir a ganar, convencido de que tiene que ganar porque posee un proyecto con la ciudadanía, sobre todo con aquellos que han sufrido más la crisis económica y que están sufriendo la desigualdad, las consecuencias de la no aplicación de la ley de dependencia -un tema que me preocupa enormemente porque cada vez hay más personas mayores que están dejadas de la mano de Dios-. A mí me parece que es absolutamente imprescindible que el PSOE salga a ganar porque tiene un proyecto sólido para luchar contra la desigualdad. Y por eso, porque salimos a ganar, no me parece que sea el momento de hablar de posibles pactos. Lo que sí es imprescindible es que haya un cambio de Gobierno y que haya un cambio en clave progresista.

— Esa era la pregunta, si cree posible un Gobierno progresista tras el 26J.

— No solo lo creo necesario, sino imprescindible; este país no se puede permitir el lujo de seguir cuatro años más con un Gobierno como el que ha habido hasta el momento porque hace falta regeneración e igualdad. Y quiero dejar de manifiesto que tengo un enorme respeto por los votantes del PP y estoy convencida de que muchos de ellos no están de acuerdo con esta política restrictiva e injusta, en la que se está imponiendo grandes cargas tributarias al ciudadano normal mientras los corruptos y las grandes fortunas están en el extranjero.

— Antes de seguir adelante me gustaría conocer si un gobierno progresista abordaría la desigualdad de género.

— Los datos sobre la desigualdad salarial y de trato a las mujeres son incontestables. Pero además, las mujeres están siendo doblemente castigadas por la crisis porque no hay políticas de igualdad; no se aplican todos los recursos necesarios para la prevención de la violencia de género y, en fin, porque el ahorro en la dependencia se está haciendo a costa de las mujeres que, al final, han de atender a los mayores. Esta situación debe cambiar y vamos a pelear para cambiarla.

— Y en este sentido, dado su conocimiento de la Justicia y el papel de los jueces en la regeneración democrática, me gustaría conocer cuál es su apuesta.

– En este momento los jueces y juezas españoles están siendo los verdaderos garantes de la regeneración democrática. Son los que están luchando, con una escasez absoluta de medios, contra la corrupción; los que han planteado los temas de los desahucios que han permitido que se modifique la ley; los que se han enfrentado a las clausulas bancarias abusivas; los que están haciendo una interpretación de la reforma laboral más favorable a los trabajadores... Y precisamente por eso, desde el Gobierno del PP se les están limitando mucho los medios y tienen que hacerlo absolutamente cargados de trabajo y en unas condiciones laborales muy difíciles, aunque con una gran entrega y compromiso. Por eso para mí es una prioridad invertir en Justicia. Hay que invertir en Justicia porque la inversión en Justicia, y mucho más en momentos de crisis económica y de restricción de derechos y libertades como consecuencia de las leyes del PP, es la que garantiza la protección de los derechos y las libertades ciudadanas. Desgraciadamente, no ha habido ningún interés, sobre todo en el periodo en que Gallardón fue ministro de Justicia, en ayudar y colaborar con los jueces. Por el contrario, se han puesto muchos obstáculos cuando han querido luchar contra la corrupción. Ahí está el ejemplo más típico: cuando Pablo Ruz pidió a la Agencia Tributaria una serie de informes y el propio ministro Montoro salió diciendo que no se los iba a dar. Eso me parece gravísimo. Por eso desde el proyecto en el que yo quiero colaborar tenemos que invertir en Justicia, apoyar a los jueces y apoyar también a la abogacía, sobre todo al turno de oficio. Con una asistencia jurídica gratuita mal pagada los ciudadanos con menos recursos económicos no puedan llegar a los tribunales. Y, por supuesto, hay que acabar con las tasas judiciales a las ONG y a las pequeñas empresas.

— ¿Cuál es su mensaje a los jóvenes que sufren la injusticia del desempleo y las amenazas de sanción administrativa si protestan?

— El mensaje a los jóvenes es que esto tiene que cambiar, pero no sólo por ellos, sino por toda la ciudadanía. No puede ser que la crisis económica esté golpeando solo y exclusivamente a un sector social, a los más desfavorecidos, mientras los grandes empresarios y las grandes fortunas se llevan el dinero a Panamá y los paraísos fiscales. No puede ser que muchos jóvenes no puedan ir a la universidad porque no pueden pagar las tasas o, incluso algunos no pueden pagar el autobús, y, al mismo tiempo, siga habiendo la gran corrupción institucionalizada, sin que desde el Gobierno se haya hecho nada por atajarla ni se hayan puesto los medios para ayudar a los jueces en esa lucha contra la corrupción. Hay que devolver a los jóvenes la confianza, y hay que hacerlo con proyectos que sean realistas. A veces es muy fácil hacer grandes discursos y lanzar grandes promesas, pero eso se tiene que plasmar en medidas concretas.

— ¿Es cuantificable el daño de la corrupción al erario público?

— No es cuantificable porque ¿cuantísimo dinero está escondido todavía en el extranjero a través de sociedades pantalla? Lo que sí tiene ha de haber es el compromiso de que cuando hay un caso de corrupción, además de perseguir al máximo a los que han cometido ese fraude a la sociedad, hay que recuperar el dinero. No puede ser que los grandes corruptos pasen un periodo de tiempo en la cárcel y cuando salgan mantengan íntegra la fortuna. Es fundamental que la justicia tenga medios no sólo para esclarecer los hechos, sino para recuperar ese dinero.

— ¿Qué obstáculos ve para la reforma de la Constitución, que casi todas las formaciones políticas consideran necesaria?

— Obstáculos no hay ninguno: es un tema de voluntad política. La reforma de la Constitución es imprescindible. Tenemos una Constitución de 1978 que la mayor parte de los ciudadanos no hemos votado –yo no la llegué a votar tampoco, por edad-. La España de 1978 no tiene nada que ver con la de 2016. Y ahí debemos hacer el mismo esfuerzo que hicieron los hombres y mujeres de la Transición, que se sentaron a la mesa y cada uno renunció a sus maximalismos para llegar al consenso.

— Usted ha trabajado codo con codo con muchos nacionalistas por la paz y la convivencia en el País Vasco. ¿Cuál es su visión del secesionismo catalán? ¿Cree que el problema son los políticos o los idearios nacionalistas?

— Bueno, hay una cosa de la que me siento especialmente satisfecha, y es que como consecuencia del esfuerzo de la sociedad en su conjunto, el terrorismo de ETA ha terminado, y eso es una victoria de todos los demócratas. En cuanto al tema catalán, yo creo que la situación es fruto de la intransigencia del PP. Resulta sorprendente que Cataluña, que ha tenido siempre gobiernos, sobre todo con Convergencia, que han colaborado y pactado con el Gobierno del Estado, tanto con José María Aznar como con los gobiernos socialistas, haya llegado a esta situación. La intransigencia del PP es evidente. También es verdad que no se pueden intentar determinados cambios sin contar con la legalidad vigente. Hay quien plantea que hay que ir a un referéndum. Yo como persona del derecho no me opongo a que pueda haber un referendo, pero siempre que, previamente, haya un marco constitucional que lo permita. Y en este momento no lo permite. Parafraseando a Adolfo Suárez, al que nos referíamos antes, hay que cambiar la legalidad, pero desde la propia legalidad.