Europa recrimina de nuevo a España su pasividad ante las denuncias de torturas

Íñigo Corral *

Una frase de un destacado miembro de la lucha antiterrorista en la época de los GAL dejaba bien a las claras el halo de impunidad con el que pretendían o creían poder trabajar. “En la lucha contra el terrorismo, hay cosas que no se deben hacer. Si se hacen, no se deben decir. Si se dicen, hay que negarlas”, y eso no lo decía un cualquiera. Lo afirmaba sin pudor el general José Antonio Sáenz de Santamaría, alguien que se llevó a la tumba secretos de Estado sobre la guerra sucia que no iban a dejar en muy buen lugar a los dos partidos que en su día tuvieron responsabilidades  para acabar con la lacra del terrorismo. Lo peor del terrorismo ya ha pasado, pero aún quedan secuelas que, como reza el manual, se siguen negando. Ningún político o responsable policial a nivel nacional o  autonómico admite que en España se torture. Denuncias las hay, pero la mayoría son falsas. El problema son las que no están en el grupo de la mayoría y que distan mucho de haber sido investigadas. Eso deja en mal lugar a los jueces que se relajan en su labor investigadora y, al mismo tiempo, dan cancha a quienes quieren sembrar la duda.

La cosa ya empieza a preocupar porque, por octava vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha recriminado a España su pasividad a la hora de investigar las denuncias por torturas. Al margen del coste económico que supone cada revés judicial, lo peor es la imagen que se ofrece de los jueces españoles al acusarles de ponerse de perfil para investigar unos hechos censurables en cualquier país democrático que se precie. Ya han surgido algunas voces de protesta ante lo que parece una postura inmovilista. La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, habla sin tapujos del “escándalo” que producen este tipo de resoluciones. “Es una vergüenza para la Justicia”, afirma la juez que declinó el ofrecimiento que le hizo Podemos para ser su candidata a lehendakari.

Hace poco más de un mes, un juez de la Audiencia Nacional no es que lo insinuara, es que lo dijo abiertamente. “La tortura se ha producido de manera clara”, afirmó José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que presidirá el tribunal del caso Gürtel. Ya lanzado en su denuncia, añadió: “Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho”.

Sus palabras han servido para que le lluevan las recusaciones por parte de las organizaciones vinculadas de un modo u otro con las víctimas del terrorismo por su supuesta falta de imparcialidad. La Audiencia Nacional ya estudia el caso y puede que aparte a De Prada de juzgar el sumario de los partidos PCTV-ANV y del intento de asesinato del exedil de UPN Miguel Ángel Ruiz de Langarica. Hasta el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, se ha pronunciado al respecto y ha exigido al Consejo General del Poder Judicial que adopte “algún tipo de medida” contra las “infames” palabras del juez de la Audiencia Nacional.

Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado repetidos tirones de orejas a los jueces españoles, el Comité contra la Tortura de la ONU también ha lanzado serias advertencias sobre la política de oídos sordos que ha hecho España en los últimos años sobre sus recomendaciones. Por ejemplo, denuncia que el Código Penal aún no regule de forma adecuada los delitos de tortura porque no se ajusta al derecho internacional sobre derechos humanos y señala que considera leves las penas impuestas por este tipo de delitos. Hay más exigencias incumplidas, como la grabación audiovisual a los detenidos en dependencias policiales o en lugares donde estén privados de libertad y que se establezcan normas “claras” y “vinculantes” sobre el uso de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tanto en manifestaciones como en las fronteras, en clara alusión a los incidentes que se suelen producir en Melilla o Ceuta con la entrada ilegal de inmigrantes.

Es difícil sacudirse la imagen de pasividad si cuando llegan ocasiones pintiparadas uno se encoge de hombros. Argentina pidió hace dos años la extradición de Antonio González Pacheco, Billy el Niño, un exinspector de Policía más conocido por el excesivo uso de la fuerza a los detenidos en comisaría que por sus éxitos policiales. Que sus delitos fueran cometidos durante los últimos años del franquismo y que, por lo tanto, ya hubieran prescrito fue la excusa perfecta para que los jueces se lavaran las manos. Tampoco invita a pensar nada bueno el hecho de que las personas condenadas a más de 70 años de prisión por el secuestro, torturas y asesinato de José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa cumplieran apenas seis o siete años de cárcel.

El Tribunal Constitucional ya dio aviso, al menos hace ocho años, de la dejadez de algunos jueces para investigar este tipo de denuncias. En una sentencia de Pablo Pérez Tremps se recriminaba al juez encargado de investigar las torturas, supuestamente sufridas por el etarra Alberto Viedma Morillas cuando fue detenido, de no haber actuado de forma “eficaz” y le ordenaba reabrir la instrucción. El caso es que el magistrado acordó sobreseimiento de la causa sin haber practicado las pruebas que el detenido consideraba como “relevantes” para dar credibilidad o no a su denuncia. Y es que, por aquel entonces, el TEDH ya había dejado claro que, si existía una sospecha “razonable”, se debían tomar en consideración las circunstancias concretas de cada caso y, entre ellas, “la probable escasez de pruebas existente en este tipo de delitos”.

La conclusión que extrae Amnistía Internacional es que en España se han dado casos de torturas, si bien han sido aislados. Señala que en la última década la Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha contabilizado 6.521 denuncias por malos tratos o torturas policiales. De ellas, sólo el diez por ciento se ha saldado con sentencias condenatorias y la mayoría por falta y no por delito. En una respuesta parlamentaria  a un diputado de Amaiur, el Ejecutivo de Mariano Rajoy reconoció el año pasado que el Sistema Estadístico de Criminalidad tiene recogidos 129 delitos de torturas cometidos por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin aclarar ni el número de denuncias interpuestas ni el de condenados.

Las denuncias por malos tratos o torturas no sólo afectan a los detenidos en las dependencias policiales o a los centros penitenciarios. En los últimos años se ha disparado el número de casos en los que se ven afectados inmigrantes ilegales recluidos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Hay centros como el de Zapadores en Valencia donde se ha llegado incluso a abrir una investigación que al final no sirvió para nada. Las visitas “sorpresa” que realiza el personal del Defensor del Pueblo para evaluar la gestión de los diferentes centros que hay repartidos por España sirven tan sólo para que, en un informe dirigido a la autoridad competente, figuren por escrito una serie de recomendaciones de mejora que no están obligados a seguir.

La prueba del algodón tampoco la supera la clase política. Los distintos gobiernos han indultado a alrededor de medio centenar de torturadores, esto es, a personas que habían sido condenadas en firme por torturar. Resulta especialmente sangrante la medida de gracia otorgada a cuatro Mossos d´Esquadra condenados por torturar a un hombre al que confundieron con un atracador. Llegaron a pegarle, a amenazarle y hasta le introdujeron una pistola en la boca. El Tribunal Supremo les condenó a más de cuatro años, lo que les obligaba a ingresar en prisión. El Gobierno les indultó una primera vez para rebajar su pena a dos años lo que significaba que, en teoría, eludirían su ingreso en la cárcel. A la Audiencia de Barcelona no le gustó mucho la decisión gubernamental y ordenó algo poco habitual pero con base legal: que fueran a prisión de forma inmediata. ¿Cómo reaccionó el Gobierno? Concediéndoles un segundo indulto y sustituyendo la pena de dos años de prisión por una multa de 7.200 euros.

(*) Íñigo Corral es periodista.