Sectores del PSOE apuestan por dejar pasar a Rajoy para derogar sus leyes cuanto antes

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El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del partido en la que insistió que votarán ‘no’ a la investidura de Rajoy. / Mariscal (Efe)

La fecha del pleno de investidura (el martes, 30 de agosto) y la aceptación por parte de Mariano Rajoy de las seis condiciones de higiene democrática (“pacto contra la corrupción”), endosadas por Albert Rivera, han abierto el escenario político en las últimas horas y cargan sobre la dirección del PSOE la responsabilidad de desbloquear la gobernabilidad. Sectores del PSOE piden la abstención aunque solo sea para derogar antes de fin de año la reforma laboral y la ley educativa de la derecha. Algunos miembros del Comité Federal se toman en serio la amenaza de Rajoy de ir a nuevas elecciones. Esa es la posición oficiosa de la mayoría de los dirigentes andaluces, partidarios de Susana Díaz, a la que se suman otros cuadros dirigentes de Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón consultados por este diario.

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Entre los barones socialistas, el más explícito ha sido el presidente de Argón, Javier Lambán, quien dijo ayer a través de la Cadena Ser que “el PSOE ha de pensar a lo grande” y eso equivale a “evitar unas terceras elecciones” que, sin ninguna duda, supondrían la “inhabilitación” de la clase política española. La “responsabilidad, el patriotismo y el sentido de Estado” son los términos más repetidos para colocar al secretario general, Pedro Sánchez, en la tesitura de evitar unas nuevas elecciones. La presidenta del partido y vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro, se muestra convencida de que todo el relato político de Rajoy se basa en la amenaza de las terceras elecciones.

La presión interna y externa sobre Sánchez, después de que Rajoy la declarase en términos metafóricos la tercera guerra mundial al subrayar que lo que sucede en España “no ha ocurrido en ningún país desde la Segunda Guerra Mundial”, le obliga a consultar a los barones y a convocar el Comité Federal para modificar la resolución del 28 de diciembre, renovada tras las elecciones del 26 de junio, de votar ‘no’ a Rajoy y a cualquier otro candidato del PP cuyas políticas se consideran lesivas para la clase media y trabajadora. La rectificación es un trago, tanto para Sánchez como para los dirigentes regionales, de ahí que algunos subrayen la posibilidad de que en vez de reunir al comité el 27 de agosto próximo, sea el propio secretario general quien cargue con la responsabilidad de anteponer los intereses generales a los de partido.

Después del paso de C’s de la abstención al voto favorable a Rajoy, los diputados susanistas, partidarios del desbloqueo gubernamental e institucional, entienden que la abstención o la fórmula parlamentaria que se adopte (podría ser la ausencia o no votación de 11 diputados) para dejar pasar a Rajoy no desdibuja el ejercicio de la oposición. Incluso permitiría derogar antes de fin de año los preceptos más lacerantes de la reforma laboral y los más injustos y elitistas de la reforma educativa pactada por el PP con la Conferencia Episcopal.

A favor del desbloqueo –una abstención que Sánchez querría compartir con los nacionalistas del PNV y el PDC, dada la incapacidad de Rajoy de conseguirla– pesa también la coincidencia del PSOE y C’s en los planteamientos contra la corrupción que el jefe del Gobierno en funciones no ha tenido más remedio que aceptar, como la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Bárcenas y la financiación paralela e ilegal del PP. Otras medidas profilácticas son la expulsión de todo cargo de los imputados por corrupción, la supresión de los aforamientos, los cambios en la ley electoral, la prohibición de los indultos a condenados por corrupción y la modificación del mandato presidencial a ocho años. Casi todas requieren modificaciones legales para las que es necesario el voto favorable del PSOE.

Aparte el importante papel de los socialistas en la negociación del techo de gasto y el Presupuesto de 2017, los partidarios del desbloqueo estiman que si el candidato asume en su discurso de investidura algunas medidas básicas que figuraban en el pacto entre Sánchez y Rivera en lo atinente al sistema público de pensiones, el salario mínimo, la universalidad del sistema sanitario y la recuperación del sistema de ayuda a la dependencia, los socialistas no podrían votar en contra. El escenario de una mayoría alternativa con Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes ha sido descartado por la dirección socialista y el propio Sánchez. Después de todo, ya lo dijo Talleyrand: “En política hay que estar en contra de tal modo que luego se pueda estar a favor”.