Sindicatos y organizaciones sociales piden a las eléctricas parar los cortes de luz

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Imagen de una concentración contra la pobreza energética celebrada en Valencia el pasado sábado tras la muerte de una anciana en Reus que había sufrido un corte de luz por no poder pagar la factura. / Juan Carlos Cárdenas (Efe)

20 organizaciones de la sociedad civil han presentado hoy una campaña unitaria contra “los cortes de luz a familias sin recursos y las tarifas abusivas del sector eléctrico”. Para ellos han realizado un manifiesto contra la pobreza energética en el que se recogen diferentes reivindicaciones que las organizaciones han remitido a todos los partidos políticos y para las que han impulsado también una recogida de firmas online. Las organizaciones impulsoras de esta iniciativa son: Alianza contra la Pobreza Energética, Amigos de la Tierra, Asgeco, Attac, CCOO, CGT, Ecologistas en Acción, FACUA-Consumidores en Acción, Frente Cívico Somos Mayoría, Fundación Internacional de Derechos Humanos, Greenpeace, InspirAction, PAH, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Somos, UGT, Red de Solidaridad Popular, Unccue, USO y WWF. Entre los partidos que han confirmado su adhesión se encuentran Podemos, IU, PCE, ERC, En Marea, Compromís, Coalición Canaria, En Comú Podem y Equo.

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El texto, titulado “No Más Cortes de Luz”, señala que desde el estallido de la crisis económica en 2007, la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales económicos en España. “Siete millones de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de cinco millones se quedarán sin calefacción en sus hogares durante el próximo invierno. Aunque cada año mueren en España más personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico, las personas afectadas por pobreza energética siguen siendo invisibles”, apuntan.

Para los firmantes, una “causa importante” de esta situación se encuentra en “los aumentos indiscriminados” del precio de la factura de la luz. “Tan sólo en los últimos 6 meses el precio aumentó 14,75 euros de media, alcanzando en octubre una factura mensual media de 74,78 euros”, denuncia FACUA-Consumidores en Acción. También apuntan que las tres mayores empresas comercializadoras “se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios mientra sostienen una deuda millonaria con la ciudadanía”. Y recuerdan que tal y como denunció la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético las grandes compañías cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de euros en dinero público como concepto de Costes de Transición a la Competencia.

Uno de los carteles de la campaña. / Twitter de Facua
Uno de los carteles de la campaña. / Twitter de @facua

Críticas también al actual bono social implantado por el PP por no solucionar el problema de la pobreza energética al no aplicarse criterios de renta. “Se trata de una medida cosmética que ha dejado fuera a dos terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares con rentas altas” indican. Las organizaciones firmantes destacan que el oligopolio eléctrico “ha abusado de su situación de privilegio vulnerando los derechos de los consumidores” y piden que España respete los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos. Según la Declaración Universal de DDHH y la Observación General del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “un nivel de vida digno requiere de una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como luz, agua y calefacción”. También recuerdan que la legislación europea obliga a los estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y prohibir los cortes de luz en períodos críticos.

Por todo ello, los firmantes reclaman las siguientes seis medidas:

  1. Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
  2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.
  3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.
  4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
  5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.
  6. Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.

La pobreza energética ha sido visibilizada en los últimos días de forma especial tras la muerte de una anciana en Reus (Tarragona) tras un incendio en su casa provocado por una vela. La mujer tenía cortada la luz por no poder pagarla. Este hecho provocó que Unidos Podemos convocara concentraciones de protesta en cerca de 40 ciudades ante las sede de Gas Natural, empresa proveedora de la anciana. En ellas, tanto Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, como Alberto Garzón, coordinador federal de IU, reclamaron intervenir o nacionalizar las eléctricas que no respeten los DDHH para evitar este tipo de situaciones. Además, UP pidió la comparecencia de Isidro Fainé, presidente de la compañía, en el Congreso. Y ayer, en la sesión de control al Gobierno, Iglesias dedicó su interpelación a la situación de pobreza energética y preguntar al Ejecutivo cómo paliar el problema. También el PSOE pidió al Gobierno una “tregua invernal” en los cortes de suministros.

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