LUIS DÍEZ | Publicado: - Actualizado: 11/1/2017 09:11

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Alberto Garzón en el congreso del Partido de la Izquierda Europea en Berlín, donde alertó del ascenso del fascismo. / Jorge Carstensen (Efe)

Los dirigentes y diputados de Izquierda Unida (IU) creen llegada la hora de apartar a los cargos públicos que hagan apología del golpe de estado franquista y de la dictadura. En este sentido, Alberto Garzón, Ricardo Sixto, Eva García Sempere y la responsable federal de Memoria Democrática, Esther López Barceló, han elaborado una proposición no de ley que será debatida por la Comisión Constitucional del Congreso para que los partidos, especialmente el PP, se comprometan a expulsar de sus filas a los cargos públicos que exalten el franquismo y se nieguen a cumplir y hacer cumplir la Ley de la Memoria Histórica.

La última burla a la democracia y a la ley de la Memoria Histórica, que prohíbe expresamente la exaltación de la sublevación militar nazifascista y la posterior dictadura, fue protagonizada el 2 de diciembre por tres cargos públicos del PP de Extremadura que asistieron a una cena de la Fundación Francisco Franco en Madrid y fueron galardonados como “honorables” franquistas. Se trata del secretario provincial del PP de Badajoz, diputado y portavoz en la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio Morales, y de los alcaldes de Guadiana del Caudillo y de Alberche del Caudillo, Antonio Pozo y Ana Rivelles, respectivamente. Ninguno de los tres ha sido sancionado ni expulsado de los cargos públicos que ostentan en nombre del PP.

Para la responsable de Memoria Democrática de IU, López Barceló, “no es admisible que se legitimen actos de exaltación de la dictadura y si el PP y el Gobierno de Rajoy lo hacen y consienten esta flagrante vulneración de la legalidad, deben explicar públicamente por qué lo hacen”. La dirigente de IU recuerda que “la ley de Memoria Histórica, a pesar de sus lagunas, dejó muy claro los principios democráticos que deben regir las políticas públicas y, desde luego, entre ellos no hay cabida para la apología de la sangrienta dictadura de Francisco Franco”. Desde IU se ha dado traslado de los hechos al Relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Pablo De Greiff, para que pida aclaración al Gobierno y al PP y se pueda pronunciar sobre ellos.

Simultáneamente, el coordinador general y dos diputados de IU en el grupo de UP han planteado una proposición no de ley para que el Congreso “repruebe cualquier acto de enaltecimiento del franquismo”, como el que tuvo lugar el 2 de diciembre, “ratifique la expresa condena del franquismo” y obligue a las formaciones democráticas a cesar a los cargos públicos que participen en esos actos. Se da la circunstancia de que los mencionados cargos del PP fueron galardonados por “incumplir de forma sistemática” la Ley de Memoria Histórica en sus municipios.

La iniciativa de IU también insta al Gobierno a revisar cualquier tipo de ayuda pública a la Fundación dedicada a la exaltación del dictador y le pide que adopte las medidas necesarias para que en el Reino de España se cumplan las recomendaciones de la ONU, establecidas en el Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La petición se produce en un momento en que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, se encuentra en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, para presidir una reunión del Consejo de Seguridad.

La formación de izquierda logró hace una semana la suspensión de la presentación de una apología del golpismo en el Museo del Ejército, en Toledo. Su diputado y portavoz en la Comisión de Defensa, Miguel Ángel Bustamente, denunció, junto con el también diputado de En Comú Podem, Félix Alonso, la utilización de esa institución pública para presentar un volumen (Héroes del Alcazar, de Manuel Casteleiro de Villalba) de homenaje a los generales golpistas de 1936. Tras la petición de aclaraciones al Gobierno, la institución suspendió el acto con un escueto comunicado sin más razones. Bustamente recuerda que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica ordena de manera taxativa a las administraciones públicas tomar medidas contra la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar y la dictadura.

Por otra parte, el rebrote del fascismo en Europa como consecuencia de la crisis económica y del empobrecimiento de los trabajadores fue el núcleo del discurso de Garzón el sábado ante el plenario del Partido de la Izquierda Europea (PIE) en Berlín. “El proceso de globalización -dijo- ha producido grandes ganancias para los más ricos de todo el mundo pero, a su vez, grandes perdedores, capas populares, víctimas de la desindustrialización, a las que se dirige la ultra derecha como base social del neofascismo”. Garzón abogó por un diagnóstico económico correcto sobre los cambios en la estructura de clases para levantar desde la izquierda un “muro de contención” a la extrema derecha y “canalizar la rabia y la frustración de la gente sencilla” hacia la conquista de derechos sociales y civiles.

  • luis

    Es algo completamente lógico. Lo inaudito es que llevemos 80 años tolerando la exaltación de la dictadura franquista, algo impensable en cualquier otro país. También es evidente que el PP votará en contra, como buenos fascistas.

  • juanjo

    No está mal que los expulsen..
    ….
    Pero sería mucho más positivo expulsar a los políticos profesionales culpables de que la gente vuelva a acordarse del franquismo.

  • fg

    El comunismo con más de cien millones de muertos y más fascista que nadie, no tiene autoridad para hablar de democracia, son totalitarios por naturaleza.

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