Fiscalía a golpe de Maza

Rafael Catalá, ministro de Justicia, conversa con José Manuel Maza, fiscal general del Estado.
En esta imagen de archivo, Rafael Catalá, ministro de Justicia, conversa con José Manuel Maza, fiscal general del Estado, durante un acto institucional. / Emilio Naranjo (Efe)

Siempre amable en las formas pero contundente en el fondo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, removió el miércoles pasado los cimientos del Ministerio Público con los nombramientos que propuso al Consejo Fiscal y que, una vez que sean refrendados por el Consejo de Ministros, darán un vuelco a las jefaturas de la institución en puestos clave que afectan a los grandes casos de corrupción que se investigan en los tribunales españoles.

Los cambios se producen en un momento en el que se han multiplicado las quejas en la carrera sobre las “presiones e intimidaciones” que sufren algunos fiscales dedicados a perseguir la delincuencia económica, a los que dio voz el hasta ahora fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, impulsor del caso Auditorio, en el que ha sido imputado el presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez. “Vengo reclamando desde hace bastante tiempo que algo hay que hacer", denunció en una entrevista en la Cadena Ser, "no puede ser que los perseguidos seamos los fiscales que luchamos contra la corrupción, por delante de los corruptos”. Para su consuelo, su sucesor será el fiscal que ha llevado directamente el caso, José Luis Díaz Manzanera, especialista en la persecución de delitos urbanísticos.

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El otro frente judicial que tiene abierto Pedro Antonio Sánchez es el del caso Púnica, en el que la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, por orden de Maza y con el aval de cuatro fiscales del Supremo y dos de la Secretaría General Técnica, tumbó el escrito de las dos encargadas del caso para no advertir indicios de delito en su actuación. Al presidente regional, tanto el juez Eloy Velasco como las dos fiscales cuestionadas y la acusación popular le atribuyen haber participado en “un plan criminal” para lavar su reputación en las redes sociales, manchada por la investigación sobre el teatro-auditorio de Puerto Lumbreras --localidad de la que fue alcalde-- y ocultar el coste de los trabajos en partidas públicas de formación. La situación en Murcia es extrema: el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano sufrió dos asaltos en su vivienda por parte de desconocidos que sólo querían la información contenida en su ordenador, y el mismo acoso lo sufrió, con violación del domicilio familiar incluida, un subinspector de Hacienda asignado a una pieza de corrupción que permanece secreta.

En ese contexto se produjeron los nombramientos realizados por Maza, que releva a 17 de los 31 puestos sometidos a la consideración del Consejo Fiscal, en la mayoría de los casos con el voto a favor en bloque de la conservadora Asociación de Fiscales. Un fiscal de larga trayectoria en la carrera asegura que los nombramientos “a golpe de Maza” suponen “un retroceso de más de 20 años en la autonomía del Ministerio Fiscal”. Uno de los relevados vincula directamente su sustitución al convencimiento del fiscal general de  que no se plegará fácilmente a sus deseos. “Es el precio que hay que pagar por la independencia”, asegura en conversación con cuartopoder.es. Álvaro García Ortiz, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), prefiere no hablar de “purga”, sino de “fiscales damnificados” y se queja de la falta de apoyo que sienten los afectados. “Lo mínimo que podemos demandar de nuestra institución es que nos amparase y nos apoyase. Si no, el mensaje que estamos mandando es que el fiscal es débil y que al fiscal se le puede controlar”, apunta.

El nombramiento más cuestionado es el de Manuel Moix como nuevo fiscal jefe Anticorrupción, el departamento que solicitó la reapertura de la causa en la que se investiga la caja B del Partido Popular, el que tendrá que decidir si impulsa la pieza secreta del caso Púnica en la que se rastrean las finanzas de los populares madrileños en la época de Esperanza Aguirre, el que deberá fijar qué responsabilidades penales solicita por la fusión y salida a Bolsa de Bankia y el que decidirá si mantiene o rebaja sus penas contra los principales acusados en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel.

A Moix, destinado actualmente en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, se le recuerda como el fiscal jefe de Madrid al que acudió la Agencia Tributaria para que pidiera el registro de la vivienda y los despachos de Rodrigo Rato, en el marco de la causa en la que se investiga su patrimonio, cuando Anticorrupción no veía motivos suficientes. Sin la querella que él presentó y la posterior autorización del juez Enrique de la Hoz, los agentes de Cristóbal Montero no hubieran podido meter a Rato en un coche colocándole la mano en el cogote, provocando la imagen que simbolizó el principio del fin para el número dos del Gobierno de José María Aznar.

Lo que más exaspera a los que van a ser a partir de ahora sus subordinados es que los seis contrincantes con los que Moix se jugaba la plaza trabajan desde hace años en la Fiscalía Anticorrupción, impulsando algunos de los casos más complicados que ventila este departamento. Entre ellos están Alejandro Luzón, responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, fiscal del caso Bankia y uno de los artífices de la primera condena para Rodrigo Rato y Miguel Blesa por el uso de las tarjetas black; Belén Suárez, número dos del departamento que lleva años batallando contra los manejos del clan Pujol; o María Teresa Gálvez, una de las fiscales del caso Púnica que se negó a firmar el escrito en el que se exoneraba de responsabilidad al presidente murciano.

En la Audiencia Nacional asciende a la jefatura el hasta ahora teniente fiscal, Jesús Alonso, un hombre con larga trayectoria en la casa (ingresó en 1996), que se curtió durante años en la lucha contra el terrorismo y cuya relación con su antecesor, Javier Zaragoza, se complicó cuando Eduardo Torres-Dulce le propuso en 2015 como número dos del departamento. Actual portavoz de la Asociación de Fiscales, sus detractores le consideran próximo al presidente de la Sala de lo Penal saliente, Fernando Grande-Marlaska, y uno de los fiscales más conservadores de la Audiencia.

El malestar de Javier Zaragoza con su relevo, tras once años al frente del departamento, lo expresó en Twitter su hijo, fiscal destinado en Guipúzcoa, que escribió un ácido comentario que mantuvo fijado en su perfil durante varias horas, incluso después de haber pedido disculpas y asegurar que se trataba de la “reacción natural de un hijo y no de un cargo público”. “El Gobierno se carga a una persona clave en la lucha antiterrorista mientras Francia lo condecora”, escribió para acabar con una clara referencia a Maza: “Gracias a Rafael Catalá Polo y su títere”.

(*) Alfonso Pérez Medina es periodista.