Aumentan los frentes contra la dirección de Podemos por los nuevos estatutos

El conflicto de la Comisión de Garantías ha provocado una cadena de frentes abiertos contra los nuevos estatutos elaborados por la dirección de Podemos, liderada por Pablo Iglesias. Proliferan las voces de quienes apoyan a la presidenta del 'tribunal' de la formación morada, Olga Jiménez, en su crítica al reglamento interno y consideran que está en riesgo la democracia en el seno de la organización. La batalla es de tal calibre que puede acabar en los tribunales: Profundización Democrática, un colectivo minoritario cansado el modelo de partido de familias que se enfrentó en Vistalegre 2, ha decidido interponer una demanda. Anticapitalistas coinciden en el fondo de las críticas, respaldan a Jiménez en su decisión, pero creen que la controversia no debe acabar en la justicia ordinaria o con "aceleración de expulsiones".

Profundización Democrática ha considerado necesario acudir "a la vía legal" ante "el inmovilismo" de la Secretaría de Organización, encabezada por Pablo Echenique, encargada de la elaboración de los nuevos estatutos y portavoz oficial de la batalla que ha estallado en la Comisión de Garantías. “Entendemos que el derecho de todas las personas inscritas ha sido vulnerado. Lo único que buscamos es que se recupere la normalidad”, manifiestan a cuartopoder.es fuentes de esta corriente. El colectivo fue ponente de 'Sumando Podemos' en Vistalegre I y, en Vistalegre II, presentó ideas organizativas que fueron incorporadas a los documentos de 'Recuperar la ilusión', la iniciativa de Íñigo Errejón. Sus propuestas no vencieron en ninguna de las asambleas.

Ahora la corriente defiende que "las divergencias entre el documento aprobado en Vistalegre II --las tesis de Iglesias-- y los nuevos estatutos son obvias e innegables". En la II Asamblea Ciudadana Estatal resultaron ganadoras las ideas del secretario general y el documento organizativo debía ser trasladado por la dirección del partido a unos nuevos estatutos. Ahí es donde entra en el juego la Comisión de Garantías, el órgano independiente que debe velar por la democracia interna del partido y cuyos miembros fueron electos en el cónclave de la formación morada sin el apoyo explícito de ninguna de las familias: 'pablistas', 'errejonistas' o Anticapitalistas.

Batalla en la Comisión de Garantías

A petición de la Secretaría de Organización, el 'tribunal de Podemos' entró a valorar los nuevos estatutos, que contemplaban aspectos polémicos dentro de la organización como la pérdida de la última palabra por parte de las organizaciones municipales para decidir sobre sus confluencias electorales o unas duras sanciones contra filtraciones o transmisiones de información interna que comprometan “la actuación de los órganos, la acción política de la organización o la buena imagen de las personas que representan”. Algunos sectores dentro de la organización temen que estén en peligro aspectos clave de la democracia interna como el derecho a disentir o la libertad de expresión.

Y en este maremágnum, la presidenta del tribunal de Garantías emitió a finales de julio el famoso dictamen 3/2017, muy crítico con los nuevos estatutos, donde declaró nula la parte sobre el régimen disciplinario y la propia Comisión de Garantías por considerar que incorporaba cuestiones que debían ser consultadas a las bases o, lo que es lo mismo, a la Asamblea Ciudadana. El dictamen es llevado al pleno el 28 de julio para su votación y se aprueba.

Entonces es cuando el asunto estalla en los medios de comunicación. El Consejo de Coordinación --la Ejecutiva de Podemos--, a petición de Rosario Rodero y otros dos miembros de la Comisión de Garantías, abren un expediente contra Jiménez por “excederse en sus funciones” al dar por buenas resoluciones que no contaban con los votos suficientes o incluso "intentar expulsar del órgano a los que se oponían a estas prácticas".

El dictamen de la presidenta había sido respaldado por cinco votos a favor, tres en contra y una abstención. La Secretaría de Organización de Podemos defiende que el dictamen es inválido porque se aprobó con el voto tanto de los suplentes como de los titulares en la comisión en contra de los nuevos estatutos, mientras que Jiménez y sus partidarios sostienen que la votación es válida porque los nuevos estatutos aún no estaban registrados en el Ministerio del Interior –se inscribieron el 4 de agosto--. El conflicto divide al órgano en dos partes enfrentadas entre sí que no se reconocen mutuamente hasta el punto de que dos personas enfrentadas digan presidir el órgano –Jiménez y Argiro Giraldo--.

La Secretaría de Organización defiende que es cierto que Jiménez se ha extralimitado en sus funciones y reconocen que el intríngulis en el seno de Garantías no ha sabido explicarse con claridad. Este lunes, Echenique, en una rueda posterior al Consejo de Coordinación, decía estar “convencido” de haber actuado correctamente y aseguraba que, si en algún momento la Comisión de Garantías pedía la modificación de los nuevos estatutos, cuya elaboración ha liderado, la dirección los cambiaría. A su vez, instaba a los cargos de Podemos que dejaran trabajar al organismo independiente y depositaba su confianza en el mismo para la resolución del conflicto.

Por su parte, la Secretaría de la Comisión de Garantías defiende la apertura de la medida cautelar contra la presidenta. Según un documento de esta secretaría al que ha tenido acceso este medio, la presidenta no tuvo en cuenta una votación que tuvo lugar el 26 de julio, dos días de la presentación de su dictamen, en la que tres de los cinco titulares acordaron que desde ese momento los suplentes no pudieran votar o decidir en los plenos. Por su parte, Jiménez argumenta que esta votación no tenía validez porque los 10 miembros de la Comisión de Garantías --cinco titulares y cinco suplentes-- venían votando desde 2014 y también después de febrero de este año, cuando se celebró Vistalegre 2. Los nuevos estatutos limitan la toma de decisiones del órgano a los cinco titulares, pero aun no habían entrado en vigor.

Una oleada de rechazo a los nuevos estatutos

Anticapitalistas aportaba este jueves su visión del conflicto en un comunicado y salía a la defensa de la presidenta de la Comisión de Garantías. “Coincidimos con quienes plantean desde garantías que los estatutos no son validos, deben presentarse unos documentos acordes con las decisiones de la asamblea ciudadana y aprobarse en los espacios pertinentes”, manifestaban los diputados de Madrid e integrantes de Anticapitalistas, Isabel Serra y Raúl Camargo. A su vez, señalaban que "está en juego la independencia de la Comisión de Garantías" así como "el mismo modelo organizativo de Podemos" por la línea de actuación planteada en la dirección del partido. Sin embargo, manifestaban su deseo de que el conflicto no se dirimiera "en los tribunales" ni "acelerando procesos de expulsión".

La corriente de Podemos, que conforma la tercera lista de Vistalegre II, se une a los varios frentes abiertos contra la dirección. Uno de ellos es el apoyo de 11 de las 16 Comisiones de Garantías autonómicas a la resolución que declaraba la nulidad de los nuevos estatutos. Fuentes del Consejo Ciudadano aseguran que las comisiones se alinearon ante la preocupación y el temor de que la Ejecutiva pueda abrir otros expedientes sancionadores por el desempeño de sus tareas. Otra de las respuestas contestatarias es el manifiesto a favor de Jiménez respaldado por más de 1.500 firmantes entre los que se encontraban cargos públicos regionales, como Juan Moreno Yagüe (Andalucía) o David Llorente (Castilla-La Mancha). El lunes, Echenique restó importancia a la página y se encargó de reseñar que se habían detectado algunas firmas falsas.