Manual para reclamar los daños por el caos de la autopista AP-6

Zoido y Serrano
El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido y el director de la DGT, Gregorio Serrano.

“Todos tenemos una parte de responsabilidad en esto”. Con estas palabras el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, repartía las culpas del caos que se vivió en la autopista AP-6 tras la nevada del sábado y que dejó atrapados a miles de coches. Durante las primeras horas, el director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, había descargado la responsabilidad de quedarse bloqueados sobre los propios conductores. Después, el Ejecutivo dejaría claro que la encargada de evitar ese colapso era la empresa concesionaria de AP-6, Iberpistas. Sin embargo, pasadas las horas de angustia, llega el momento de que los usuarios pidan explicaciones por lo ocurrido.

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Las asociaciones de consumidores ya han movido ficha. FACUA ha creado una plataforma de afectados y la OCU ha anunciado una “acción judicial colectiva”. Consideran que una nevada prevista y anunciada no es un motivo para exculpar a los organismos correspondientes y, además, hay precedentes jurídicos donde se han ganado este tipo de casos. Eso sí, después de pelearlos en los juzgados. Por eso, aconsejan a los 3.000 conductores de los vehículos que pudieron verse afectados que guarden los tickets del peaje o la factura del hotel para poder exigir compensaciones después.

Finalmente y tras intentar tirar balones fuera, el Gobierno ha espolvoreado las culpas hacia Iberpistas, a la que ha abierto un expediente informativo. Eso no ha impedido que PSOE, Podemos y Ciudadanos hayan pedido comparecencias en la Cámara Baja e, incluso, el Defensor del Pueblo ya está investigando el caos. No es la primera vez que la concesión de un servicio público a una empresa privada da problemas. FACUA considera que hay dos responsabilidades. Por un lado, un incumplimiento de contrato de la concesionaria con el consumidor y, por otro, las responsabilidades políticas por no vigilar que lo acordado se cumpla. Desgranamos algunas claves sobre cómo el usuario puede defenderse y pedir la reparación del daño.

¿Se puede reclamar?

FACUA considera que, al pagar el peaje, el conductor contrata con la empresa Iberpistas un servicio que no se cumplió y, por tanto, es reclamable. Tras las nevadas, muchas personas quedaron atrapadas en plena operación retorno durante horas en la AP-6, una autopista que facilita la entrada y salida de la capital, por una circunstancia ya prevista por la Agencia Estatal de Meteorología. “El primer consejo que damos es que se reclame ante la empresa para que quede constancia de que ha sido un usuario afectado”, explica Miguel Ángel Serrano, portavoz de FACUA. La organización irá informando de los pasos a los que se suscriban en la citada plataforma.

¿Qué tengo que presentar para poder reclamar?

Por un lado, los conductores tienen que reclamar el importe del peaje, por lo que tiene que guardar el resguardo del pago. Por otro, también tienen derecho a pedir una reparación de los daños, aunque el experto reconoce que el cálculo de una posible indemnización dependerá de cada caso. Aconsejan guardar las pruebas de los gastos extras que sufrieron por quedarse atrapados, desde los billetes de los trenes que perdieron por culpa del atasco hasta las facturas del hotel en el que tuvieron que hacer noche. “Hay que recabar y conservar toda la documentación, incluso los recibos de haber tenido que repostar mayor cantidad de gasolina”, desgrana el experto.

La OCU camina por la misma línea en un comunicado publicado el lunes. Aunque aún es pronto para cuantificar los daños, esta organización se atreve a dar una cifra: “Los usuarios afectados podrán pedir, además de los daños materiales demostrables, los daños morales, que en la mayoría de los casos fueron los más graves para la mayor parte de los conductores atrapados, y cuya indemnización podría alcanzar hasta los 1.000 euros por persona”.

¿Hay posibilidad de ganar?

Lo ideal es que la situación se solucione en la reclamación, pero hay casos anteriores en los que se ha llegado a recurrir a los tribunales. Hay dos precedentes judiciales en los que las concesionarias tuvieron que indemnizar a los usuarios. El primero, en 2004 cuando una nevada en Burgos dejó atrapados a los viajeros. En 2010, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia que venía de la Audiencia Provincial de Burgos y que obligaba a indemnizar a los conductores que pudieran demostrar su presencia en esta carretera con 150 euros por daños morales. El fallo contiene una consideración importante. Afirma que “ las circunstancias meteorológicas”, “la conducta de los conductores” o “la irrupción de un número de vehículos pesados inusual en la autopista”, entre otras circunstancias mencionadas, no son “suficientes para eliminar la imputación objetiva del daño a la concesionaria”, en este caso, Europistas Concesionaria Española. Todo el proceso comenzó por una denuncia colectiva de la polémica y desaparecida Ausbanc.

El 14 de diciembre de 2008, tuvo que cerrarse la AP-66 tras una nevada, dejando a miles de personas atrapadas entre Asturias y León.  La Unión de Consumidores (UCE) de Asturias y Ausbanc llevaron a la concesionaria Aucalsa a los tribunales para reclamarle los daños de 90 afectados. El primer fallo en dictarse condenó a la empresa a pagar 900 euros a una pareja. “50 euros corresponden a la noche de hotel, 6,45 al importe del peaje y el resto, en concepto de daños morales”, publicaba entonces el diario El Mundo. Finalmente, los 90 afectados lograron una indemnización total de 15.497,75 euros, tal y como recuerda El Comercio, que además precisa que el expediente informativo que abrió el ministerio quedó en papel mojado.

¿Tiene el Ejecutivo alguna responsabilidad?

Tanto las organizaciones de consumidores, como los partidos políticos de la oposición sí creen que el Gobierno tiene que asumir responsabilidades por la nefasta gestión de esta nevada. “Estamos sopesando dirigirnos al Ministerio (de Fomento) para pedir responsabilidad por esta falta de vigilancia”, argumenta el portavoz de FACUA, que recuerda que una nevada en este momento del año y en la zona centro-norte del país es previsible. Es el Ejecutivo el que debe vigilar que las concesiones se cumplan. Al final de la tarde del lunes, el Comité Estatal de Coordinación, que se reunió en la sede del Ministerio del Interior bajo la presidencia de los ministros del Interior y de Fomento, Juan Ignacio Zoido, e Iñigo de la Serna, declaró en una nota de prensa que lamenta “los inconvenientes sufridos este fin de semana por los conductores que se quedaron bloqueados” y propone flexibilizar la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para futuros casos. Íñigo de la Serna ya ha anunciado que comparecerá en la Cámara Baja, mientras los grupos de la oposición también han pedido que lo haga también Zoido.

Más allá de las explicaciones públicas, no hay dimisiones. Ni siquiera del director de la DGT, Gregorio Serrano, que dirigió la operación desde “el despacho de su casa” en Sevilla. Serrano siempre ha sido un político polémico. Sevillano como Zoido, antes de ponerse al frente de este organismo era concejal del grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz adjunto, un puesto que poco tiene que ver con el que ahora desempeña. Hace meses, se vio envuelto en una polémica, cuando La Sexta acusó a Interior de adjudicarle un piso de la Guardia Civil en Madrid de forma irregular, unas acusaciones que él negó.

Aún es demasiado pronto para saber cuánto dinero podrán reclamar los usuarios a la concesionaria, Mientras, las responsabilidades políticas no llegan.

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