El Gobierno hace carambola gracias al TC y Puigdemont admite: «Se ha terminado»

Soraya Sáenz de Santamaría el pasado viernes 26 de enero
Soraya Sáenz de Santamaría el pasado 26 de enero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / La Moncloa (Flickr)

El equipo de Mariano Rajoy saca pecho, tras el aplazamiento del Pleno de Investidura del futuro presidente de la Generalitat de Cataluña. "Puigdemont no será presidente", lleva tiempo repitiendo el presidente del Gobierno y, con él, todo su equipo. Y, por el momento, los hechos le han dado la razón, después de que ayer, el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, anunciase el aplazamiento de la sesión, hoy se ha sabido que poco después el propio expresident reconocía en mensaje telefónico a su exconseller Toni Comín que "esto se ha acabado", que ha sido sacrificado por los suyos, que la nonata República Catalana ha muerto y que, finalmente, Moncloa ha vencido.

De poco valió que Torrent, el tiempo que anunciaba el aplazamiento del pleno, lanzó una andanada de descalificaciones contra el Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el Tribunal Constitucional (TC), por tratar de cometer, según dijo, "fraude de ley" la una y extralimitación de sus funciones por parte de los otros.

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Fuentes del Palacio de la Moncloa aseguran que el Ejecutivo cree que "el respeto a la legalidad y el aplazamiento del pleno en el que se iba a investir de manera fraudulenta a Puigdemont es la consecuencia obligada de la actuación del Estado de Derecho, tanto por la acción del Gobierno, como de los tribunales". Estas mismas fuentes señalan que es gracias al recurso del Gobierno y a las cautelares dictadas por el Constitucional por lo que se ha evitado que (con esa investidura fuera de la ley) "se hubiera producido una burla a nuestra democracia".

En el Ejecutivo han pasado de la cara de circunstancias a la euforia en pocos días. Si la respuesta recibida por el Consejo de Estado frente a su recurso contra la investidura de Carles Puigdemont cayó sobre el gabinete de Rajoy como un jarro de agua fría, desde el pasado fin de semana, cuando el TC dio con la solución y fijó las condiciones en las que Puigdemont podría ser investido, el propio presidente del Gobierno y su equipo están de lo más activo. Un Rajoy poco amigo de conceder entrevistas, se organizaba en un tiempo récord, entrevistas en prensa escrita y en televisión y lanzaba el mensaje que ahora repiten los suyos: "El Gobierno ha tomado la iniciativa y, para ello, ha tenido que asumir algunos riesgos". Se refieren al riesgo de provocar una división en el TC, cuyos miembros habían tomado todas las decisiones relativas al desafío independentista por unanimidad hasta la fecha y han seguido haciéndolo, o al de aparecer contestado por los miembros del Consejo de Estado, que le hicieron saber que no había motivos para recurrir de forma preventiva la investidura de Carles Puigdemont.

La versión oficial ahora en los despachos monclovitas es un relato, no exento de orgullo y una cierta dosis de autocomplacencia, en el que el Gobierno tenía calculados y pensados todos los riesgos, pero se aventuró a dar el paso de presentar el recurso (que días antes negaba que fuera a presentar), porque sólo con un movimiento audaz y arriesgado se podía ganar esta batalla al bloque independentista y evitar que se produjese una investidura ilegal y, probablemente, anulada de inmediato por el TC, pero convertida de nuevo en un acto simbólico, una nueva burla a los poderes del Estado y a la legislación vigente, por parte de los secesionistas.

En todo caso, desde el entorno de Rajoy, aseguran que se ha ganado esta batalla, pero no la guerra y que no hay que bajar los brazos en ningún momento, porque el bloque independentista no va a desistir de sus planes con tanta facilidad.