Puigdemont detenido: siempre gana Alemania

Decía el futbolista Gary Lineker que el fútbol es “un deporte que inventaron los ingleses, que juegan once contra once y que siempre gana Alemania”. A Carles Puigdemont también le ha ganado Alemania en la batalla que juega contra el Estado español desde que a finales de octubre abandonara en el maletero de un coche su casa de Girona, cruzara la frontera de incógnito y se aposentara por un tiempo en Bélgica, primero errante en Bruselas y después acomodado en un vecindario señorial de Waterloo, confiado en que las simpatías que despierta el nacionalismo catalán en una parte de la sociedad flamenca impediría su entrega a España o al menos la cercenaría en relación con el delito más grave por el que ha sido procesado.

La detención por sorpresa de Puigdemont en una gasolinera de la localidad alemana de Jager cuando realizaba a bordo de una Renault Espace, en compañía de otras cuatro personas, el trayecto de 29 horas que separa Helsinki de Bruselas constituye el final de la aventura del president a la fuga que no tuvo el valor para quedarse. A diferencia de sus compañeros de Govern, que duermen desde hace meses o desde hace días en Estremera y Alcalá-Meco, Puigdemont se ha especializado en resistir, aferrado a su escaño y a su ilusión, reforzada tras el brillante resultado electoral que cosechó su ingeniosa campaña telemática, de condicionar la política catalana hasta el bloqueo total.

La estrategia de Puigdemont en Bélgica, que heredan el todavía diputado Toni Comín y los exconsellers Lluís Puig y Meritxell Serret, pasaba por conseguir que el caso recayera en un juez nacionalista flamenco y que la entrega a España se produjera únicamente por el delito de malversación, vetando la acusación por rebelión y forzando así al desarrollo de un proceso judicial a dos velocidades, en el que los líderes independentistas que dieron la cara en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo desde el primer día se enfrentaran a penas de hasta 33 años de cárcel (25 por la rebelión y 8 por la malversación) y los que se refugiaron en Bélgica pudieran eludir al menos la primera acusación.

Además de ser un país que tradicionalmente ha puesto muchas pegas a la Justicia española incluso para la entrega de etarras acusados de delitos de sangre, Bélgica no cuenta en su Código Penal con un delito equiparable a la rebelión española, entendida como “el alzamiento público y con violencia” para cambiar el orden constitucional establecido. El que podría considerarse más aproximado es un delito de orden público y no contra la forma de gobierno, que se aplica únicamente a particulares y no a autoridades y que, además, exige siempre del uso de armas.

Pero su viaje a Finlandia, motivado por el intento de internacionalizar al máximo el conflicto catalán, y su error de cálculo al programar el regreso a su guarida de Waterloo abocan al expresident a un procedimiento de entrega desde Alemania, un país que tradicionalmente ha mantenido unas excelentes relaciones de cooperación judicial internacional con España, abonadas por la sintonía entre el Gobierno de gran coalición que Ángela Merkel selló con los socialistas y el de Mariano Rajoy, que llegó a La Moncloa con la abstención del PSOE y que ha contado con su apoyo sin fisuras para hacer frente al desafío soberanista catalán.

A las razones políticas se unen también las jurídicas porque, aunque la rebelión no forma parte del catálogo de delitos por los cuales una orden europea de detención entre dos países miembros de la Unión se ejecuta de forma prácticamente automática, se cumple, según los expertos, el principio de doble incriminación que permitiría la entrega. El delito de “alta traición contra la Federación”, recogido en el Código Penal alemán, persigue, de forma muy parecida a la rebelión española, “a quien intente con violencia o por medio de amenaza con violencia cambiar el orden constitucional”. La pena en ese caso fluctúa entre los diez años de cárcel y la reclusión de por vida. En una lectura más favorable a las defensas, Alemania también contempla el delito de “alta traición contra un land o Estado federal”, tipificado para quien intente “separar una parte” de ese territorio y castigado con penas de entre uno y diez años de prisión.

Puigdemont, que en su peregrinar por Europa deja ahora su destino en manos de un juez de garantías y de la Fiscalía del Estado de Schleswig-Holstein, tendrá un plazo de diez días en el improbable caso de que acepte ser entregado a España. De lo contrario, se abrirá un procedimiento de ejecución de la euroorden que debe resolverse en un máximo de 60 días, 90 para casos excepcionales, y que podrá ser recurrido ante el Tribunal Superior del land en el que ha sido detenido. Finalizados esos plazos, y ya sabiendo, como sabía Lineker, que siempre gana Alemania, llegará el momento en el que el expresident de la Generalitat tendrá que comparecer ante el juez Llarena como parada previa a la prisión, donde le esperan, desde hace meses, sus antiguos compañeros de Gobierno que tuvieron el valor de no marcharse.