Unidos Podemos le marca el paso al Gobierno presentando una Ley de Transición Energética

  • El grupo parlamentario ha presentado este jueves su Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética
  • La propuesta gira en torno a dos ejes: mitigar el cambio climático y adaptarse a él.

Unidos Podemos ha presentado este jueves su Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, una amplia propuesta de 150 páginas que gira en torno a dos ejes: mitigar el cambio climático y adaptarse a él. Los morados han visto en el cambio de Gobierno una oportunidad de abordar, de una vez por todas, esta cuestión en la que España lleva años de retraso. Con el Ejecutivo preparando su propia ley en esta materia, UP cree que hay “puntos básicos” con los que se podrá negociar, pero asegura que “si no hubiera voluntad” de cambiar el modelo, no aceptarían medidas cosméticas y seguirían adelante con su proposición legislativa.

Los diputados Josep Vendrell (En Comú Podem) y Juan Antonio López de Uralde (Equo) han sido los encargados de explicar la propuesta en un encuentro con la prensa. La intención es plantear en los próximos años un cambio de modelo profundo, que aspire a que el 100% de la energía provenga de fuentes renovables y que haya un “mix energético diferente al actual”, demasiado dependiente de las fósiles.

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Aunque para completar la transición dibujan 2050 como horizonte, las medidas tienen que empezar a implementarse ya. Esperan que para el final de esta legislatura ya pueda haber una legislación de estas características aprobada en el Congreso. Por el momento, buscan apoyos en la cámara baja y piden a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que negocie para hacerlo posible.

El documento presentado está dividido en seis títulos y su vocación es transversal. Por eso, incluye tanto medidas en materia energética como fiscales, sociales o laborales. Abarca medidas para la agricultura, el medio marino o los bosques, propuestas para promover la economía circular o disposiciones para el tratamiento de residuos. A continuación ofrecemos un pequeño resumen de las medidas clave.

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Las medidas clave

  • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Frente a la tendencia al alza en emisiones de CO2, UP pretende establecer en 2030 un objetivo de reducción del 35% respecto a 1990 para llegar a 2050 con un 95% menos de emisiones de CO2. Además, se elaborarán unos Presupuestos de Carbono cada cinco años.
  • Promover medidas de adaptación. Ante el avance de la desertificación y la falta de agua, se tomarán múltiples iniciativas entre las que se encuentran la revisión de los planes hidrológicos de cada confederación o el diseño de medidas para el fomento del secano y la desintensificación agrícola y ganadera.
  • Reestructurar las facturas de la luz y el gas. UP quiere que el término fijo no pueda ser más del 25 % del término variable y que la parte regulada del término variable sea “progresiva en su precio a medida que el consumo aumente”.
  • Creación de un nuevo Fondo de Financiación Verde. Servirá para “financiar las medidas de mitigación y adaptación en materia de cambio climático”, pero no tendrá “personalidad jurídica”. Estará dotado con aportaciones presentes en la ley, fondos comunitarios FEDER, partidas de los Presupuestos Generales del Estado, así como “cualquier otro recurso destinado a financiar actuaciones contra el cambio climático”, tal y como explica el artículo 14 de la ley. En el punto 111, también planean una aportación de los PGE al Fondo verde para el Clima “cuyo objetivo es financiar la mitigación y adaptación en los países en desarrollo con base en los compromisos internacionales de España”. Para 2019, 2020 y 2021 se fija una “aportación mínima” de 170 millones de euros anuales.
  • Nucleares hasta 2024 y carbón hasta 2025. UP planea el cierre “definitivo” y sin “compensación alguna” a los actuales operadores. La primeras en cerrarse serán Almaraz I y II para 2020, mientras Trillo tendrá de plazo hasta 2024.  Las centrales de carbón se clausurarán de manera progresiva y tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 como límite.
  • Planes de Transición Justa. Para compensar el coste de empleos de estos cierres, la ley exige que dos años antes del cese de actividad se abra un “proceso de diálogo y negociación” con “el organismo competente de la planificación del sistema eléctrico”, el Gobierno de la Comunidad Autónoma, los ayuntamientos, los propietarios de la central y los sindicatos que desemboque en un Plan Social y un Plan de Transición Justa adaptado a cada zona. Deberá incluir para los empleados una reubicación en la misma empresa “en condiciones iguales o superiores” o “una alternativa de empleo local en sectores sostenibles”. Además, planea impulsar auditorias anuales sobre el Destino de los Fondos Mineros.
  • Rediseño del bono social eléctrico y creación de un bono social gasista. Se mejorará el sistema del bono eléctrico social y se creará uno similar para el gas con la renta per cápita como criterio único de adjudicación. El artículo 108 de la ley también prevé prestar especial atención a los consumidores de agua vulnerables con “tarifas específicas” para los hogares con las rentas más bajas y un “consumo mínimo anual de agua que deberá garantizarse por la suministradora”.
  • Impuestos verdes. Bajo la premisa de “quien contamina paga”, se dedica un título entero a la fiscalidad ambiental. Además de eliminar el llamado “impuesto al sol” para favorecer el autoconsumo e implantar un impuesto a las Transacciones Financieras, se crea un tributo a las emisiones de las centrales de generación de energía eléctrica, se reforma el impuesto especial de electricidad para gravar el consumo de manera progresiva, se reformará el impuesto de matriculación, que pasará a depender de las emisiones del vehículo, y se hará lo mismo con el impuesto de circulación, que usará para su cálculo una combinación de emisiones, peso y potencia.
  • Gobernanza climática. Se creará la Agencia Estatal de Cambio Climático (AECC) como “autoridad administrativa independiente” para “dar soporte técnico, coordinar, evaluar y supervisar las políticas de lucha contra el cambio climático”. Para que los procesos sean más democráticos se creará la Mesa Ciudadana de Cambio Climático con personas de entidades “ambientales, sociales, empresariales y sindicales” nombradas por el ministerio competente a propuesta del Congreso.