10N: pueblo o buitres

El pasado 24 de septiembre se tomó una de esas fotografías que pueden cambiar el rumbo de muchas cosas. La imagen no es impactante, ni siquiera tiene una calidad técnica, pero puede marcar el futuro de los sectores populares de nuestro país. Una sala de reuniones, varias mesas unidas, sobre ellas copas y botellas de agua, y alrededor una veintena de personas, la mayoría hombres, entre los que se reconoce al único que aparece hablando. Es el presidente del Gobierno, entonces en funciones, Pedro Sánchez. Justo el mismo día que se disolvían las Cortes y se convocaban las próximas elecciones del 10 de noviembre.

Blackstone, Centerbridge, Providence... Aunque no nos suenen sus nombres, son los dueños silenciosos de muchas de nuestras acciones cotidianas. Están detrás de grupos de comunicación, de bancos, eléctricas, multinacionales de la sanidad, de la moda o la alimentación. Controlan enormes cantidades de viviendas, autopistas y hasta las casas de apuestas. Tras dos meses de una negociación para un gobierno de coalición que nunca quiso, Pedro Sánchez mostraba en esta imagen con quien estaba negociando verdaderamente el futuro del país. En esa reunión, según ha publicado El Mundo, Sánchez se comprometió a “promover un nuevo y moderno estatuto de los trabajadores”. Quizás es el mismo estatuto del que se habla en el Programa Nacional de Reformas que la ministra Nadia Calviño envió al Consejo Europeo tras las elecciones de abril, y donde se propone implantar la conocida como 'mochila austríaca'. Son los fondos buitre y las élites financieras quienes dejan dormir a Pedro Sánchez.

Democracia, uberización y fondos buitre

Los fondos buitre son grupos de especuladores internacionales que aprovechan situaciones críticas de empresas, sectores económicos, mercados o incluso países para comprar o invertir a bajo precio y sacar luego la máxima rentabilidad, pagando el mínimo de impuestos. En una entrevista reciente a ABC, el presidente de BlackStone, Stephen Schwarzman, reconocía que se habían convertido en los grandes caseros del mundo por “comprar en lugares que han tenido dificultades”, donde los precios caían y luego, con la recuperación económica, obtenían “una gran ganancia”. Por su parte, tras estallar la crisis, otro de estos fondos, Blackrock, pasó de tener presencia en dos sociedades del Ibex a 19 en 2016. Es prácticamente su dueño.

Los fondos buitre son la columna vertebral de un modelo económico que se está imponiendo en todo el mundo y que se sostiene en tres patas fundamentales. La primera es la imposición de la precariedad como forma de vida. La segunda es la cuestión de la elusión fiscal, es decir, la generación desde las instituciones de herramientas que permiten a las élites no cumplir con sus obligaciones fiscales a la hora de sostener los servicios públicos en nuestro país, y esto se hace gracias a los paraísos fiscales y a dichos fondos. Y por último, una desprotección frente a las trasnacionales y la oferta de servicios al conjunto de la población.

Este modelo no es ni más ni menos que la llamada 'uberización de la economía', una disputa por el territorio en toda regla, ya que viene a ser la toma de control por parte de las élites de servicios públicos como el transporte, la sanidad, o incluso el derecho a nuestros barrios y a un futuro digno para la gente joven con la implantación de las casas de apuestas.

Los casos más sangrantes los encontramos en la vivienda. Cuando en 2008 explotó la burbuja inmobiliaria, se dejó el campo allanado para el aterrizaje de los buitres. 1.860 pisos vendió el Ayuntamiento de Ana Botella a Blackstone-Fidere por 12,5 millones de euros. Otros 3.000 compró Goldman Sachs-Azora a la Comunidad de Madrid. Con esas viviendas, más las compradas a bancos y cajas rescatadas con el dinero público, empezaron a hinchar la burbuja del alquiler y las subidas abusivas que sufrimos ahora. Las políticas fiscales de PP y PSOE a través de las SOCIMI hicieron el resto. Estas sociedades de inversión que utilizan los fondos buitre para especular con las viviendas son auténticos paraísos fiscales.

Lo de poner las instituciones al servicio de los buitres también lo hemos visto con la lacra de las casas de apuestas. El caso más representativo es el de Codere. En 2008, Codere fue la primera empresa en abrir una sala de apuestas presenciales en España. Actualmente se ha convertido en una multinacional y uno de los líderes del negocio a nivel mundial, con beneficios que el segundo trimestre de 2019 llegaron a los 70,3 millones de euros. Detrás de Codere se encuentran fondos buitre como Silverpoint, con sede en Luxemburgo, y dentro ex cargos como Rafael Catalá, que fuera ministro de Justicia con Mariano Rajoy. BlackStone también hace caja aquí con su filial Cirsa, que es propietaria de la casa de apuestas Sportium, o con Kirolbet, el mayor grupo vasco de juego 'online'.

Y, ¿con qué capital cuentan para estos negocios? En el caso de Blackstone lo reconoció el propio Schwarzman a ABC, con fondos de pensiones privados de todo el mundo. En el reverso de la moneda está el saqueo a los sectores populares.

Buitres, multinacionales y puertas giratorias: el tándem perfecto

Gracias a este modelo, los grandes empresarios del IBEX 35 hacen caja con los fondos buitre para reducir sus deudas, vendiendo servicios públicos privatizados como hospilates, transporte urbano o servicios de atención a personas dependientes. Iridium, filial de la empresa ACS de Florentino Pérez, vendió en 2014 su participación en el hospital público madrileño Puerta de Hierro-Majadahonda al fondo buitre holandés DIF. En ese paquete incluyó intercambiadores de transporte público en Madrid y la Línea 9 del metro de Barcelona, que tenían un valor de 1.332,5 millones de euros. Sin embargo, ACS lo vendió por 175,2 millones, sacando un beneficio de 44,7 millones para recortar su deuda de en el negocio de las concesiones.

Igual sucedido con el Hospital del Sureste, en Arganda del Rey. Según investigó la Plataforma contra los Fondos Buittre, el fondo británico LBEIP BV compró en 2016 a las constructoras FCC y OHL su participación en dicho Hospital. Un año después compró también sus acciones a Globalvia, conformada por FCC y Bankia, entidad rescatada con dinero público.

Y con estas adquisiciones, los buitres se llenan los bolsillos. Su estrategia es “sanearlos” recortando gastos para revenderlas al mejor postor. Traducido, disminuyen plantillas y precarizan condiciones laborales, lo que repercute también en la calidad del servicio a usuarios. Un ejemplo reciente es el del negocio con la salud que ha hecho el fondo británico CVC Partners con Quironsalud. Según publicó El Economista, el fondo buitre obtuvo unas ganancias de 2.600 millones en apenas dos años tras vender el grupo sanitario Quironsalud a la multinacional alemana Fresenius Helios. El grupo Quiron gestiona las concesiones de hospitales públicos como el de Villalba, donde el pasado mes de julio dos trabajadores fueron despedidos por denunciar la precariedad de la plantilla y la reducción de personal, lo que afectaba a la calidad asistencial en el hospital.

Pueblo o buitres

Ante este modelo de precariedad, saqueo y especulación salvaje que supone la uberización, han sido los sectores populares quienes están dando una respuesta con procesos de organización popular como los sindicatos de inquilinas, las plataformas en defensa de la sanidad pública o contra las casas de apuestas, o la gente del taxi, porque los buitres también están detrás de multinacionales extractivas como Uber y Cabify. No se puede olvidar la enorme responsabilidad política que tenemos los representantes en las instituciones, que debemos hacer frente con políticas y con una perspectiva democrática. En primer lugar, posicionándonos claramente frente a los buitres poniéndoles nombres y apellidos.

En el Foro Davos de 2015, Larry Fink, presidente de BlackRock, sentenció: “Hay que educar al pueblo para que vote al líder correcto”.

Ante la nueva convocatoria electoral, nos encontramos con la pregunta de cuál es la capacidad que tiene el poder económico para subertir la democracia, de evitar que el pueblo elija libremente que opciones deben gobernar en este país. Es decir, estamos ante la necesidad de confrontar el modelo de desvertebración de los elementos más básicos de la democracia que plantean los buitres con la uberización de la economía, e impulsar un proceso de recuperación de derechos donde los sectores populares tengan la capacidad de que las instituciones se pongan de su parte.

Sabemos a quien nos enfrentamos en las próximas elecciones. Sabemos los intereses que defienden quienes pasan por las puertas giratorias, quienes se reúnen de tapadillo con los buitres o quienes prometen en campaña acabar con la reforma laboral mientras envían a Europa propuestas para aplicar el despido gratis o la privatización del sistema público de pensiones.

Sabemos lo incómodos que resultamos para muchos. Somos muy incómodos para entidades financieras como la de Ana Patricia Botín, porque están deseando meter la mano en las pensiones. Somos muy incómodos para multinacionales como ACS, que se están enriqueciendo a base de privatizar los servicios públicos. Somos muy incómodos para la CEOE, porque prefieren un gobierno que aplique una nueva reforma laboral que dinamite los derechos laborales, normalice la precariedad como forma de vida y estrangule aún más a las PyMEs. Y somos muy incómodos para estos fondos buitre porque queremos que empiecen a pagar los impuestos que les toca para poder garantizar unos servicios públicos de calidad o el derecho a una vivienda digna.

El 10 de noviembre el debate no está ni con Sánchez, ni con Rivera, ni con Casado, está con aquellos que han dicho que Unidas Podemos no puede estar en el Gobierno. Y esos han sido Ana Patricia Botín, la CEOE, las eléctricas y los fondos buitre. Esos son nuestros adversarios políticos. En estas elecciones hay que optar entre pueblo o buitres, y solo hay una fuerza autónoma independiente de los poderes económicos. Nuestra formación es una expresión política del movimiento popular, hacemos parte de él, acompañando y aprendiendo de nuestro pueblo, de sus luchas, para construir una sociedad de dimensión humana, que sea capaz de imponer a las élites algo muy sencillo: tienen que empezar a cumplir la ley.

Nuestra obligación en definitiva es poner las instituciones al servicio de los intereses del pueblo, sin olvidar nunca que esto solo será posible si la gente se hace protagonista de sus propias vidas, se organiza y defiende sus derechos de forma colectiva.