El PP y su ofensiva territorial al Gobierno

Como “un dique de contención”. Así es como actuarán los 'populares' para confrontar las políticas del recién formado Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Una metáfora repetida constantemente entre los dirigentes del PP en las últimas semanas, a la que añaden la promesa de que frenarán determinadas actuaciones que broten de este gobierno con todos los medios que tengan a su alcance.

Precisamente, uno de esos medios es el poder ejecutivo con el que cuentan en algunas autonomías en las que gobiernan. Una fuerza de la que los populares se empezarán a valer para confrontar las políticas del Gobierno central, como así lo ha constatado su propio presidente, Pablo Casado, tras la investidura de Pedro Sánchez.

El Partido Popular abandera el Ejecutivo de cinco regiones: gobiernan en coalición con Ciudadanos en Andalucía, con Juanma Moreno en la Presidencia; en Castilla y León, donde la Junta es presidida por Alfonso Fernández Mañueco; en Galicia, con la Xunta a manos de Alberto Ñúñez Feijóo; en la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso liderando en coalición con Ciudadanos, y en Murcia, donde Fernando López Miras se sitúa a la cabeza de un Gobierno sellado también con la formación naranja.

El PP defenderá sus posturas y formulará sus ataques desde los 88 escaños que ocupa en el Congreso de los Diputados, con los que también tratará de bloquear la aprobación de leyes orgánicas (ya que se precisan 176 síes) o la renovación de órganos institucionales (para la que se necesitan 210). Pero, además, a través de las competencias con las que cuenta en estas cinco autonomías puede emplear la fuerza ejecutiva para levantar aquel “muro” o “dique de contención” al que hace referencia el partido.

La férrea defensa de la 'recentralización' por parte del PP es, en esta nueva legislatura, un arma de doble filo, ya que cuantas más competencias recupere el Gobierno central, menos tendrán las autonomías gobernadas por los de Pablo Casado.

De hecho, antes de las primeras elecciones generales de este año, las del 28 de abril, la palabra “armonización” estaba en boca de los populares, incluido en la de Pablo Casado. Un concepto con el que ya no predican desde que los efectos del mismo beneficiarían a un gobierno que ya estaría en sus manos.

Según el artículo 148 de la Constitución, las autonomías podrán , siempre atendiendo a lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomía, competencias en varios ámbitos como, por ejemplo, en la organización de sus instituciones, en las funciones de sus Corporaciones locales, en la ordenación del territorio, en urbanismo y vivienda, en transportes y carreteras, en materia de medio ambiente, en la enseñanza de la lengua de su región, en la asistencia social, en la sanidad, en la coordinación de las policías locales, pero también en materia tributaria y educativa.

La política fiscal

Como explica a cuartopoder el abogado fiscalista de GVA & Asociados, Pablo G.Vázquez, las comunidades autónomas de régimen común, entre las que se encuentran las gobernadas por el PP, tienen cedidos porcentajes de impuestos estatales, y también capacidades normativas en los mismos.

Por ello, estas autonomías podrían bonificar casi en su totalidad, por ejemplo, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), como de hecho ya están haciendo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció tres nuevas deducciones fiscales, que finalmente se han quedado en el aire debido al desconcertante rechazo de Vox en forma de enmienda a la totalidad. De esta manera, el partido de extrema derecha quiso protagonizar una demostración de fuerza uniéndose a la izquierda en este asunto, pese a ser firmes defensores de la bajada de impuestos.

Aún con todo, el Gobierno de Ayuso ha sido varias veces acusado por los barones territoriales del PSOE de hacer 'dumping fiscal' al poder permitirse, por ejemplo, la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ya que las autonomías tienen la posibilidad de fijar el tipo aplicable.

En el caso de Madrid este impuesto está bonificado al 99%, lo que provoca grandes desigualdades ya que la finalidad del mismo es redistributiva.

La presidenta regional ha sido muy tajante en este asunto, de hecho ha aseverado en varias ocasiones que su Gobierno bajará los impuestos “de tres en tres” en la región de manera progresiva, valiéndose de la reducción del tramo autonómico del IRPF para compensar las políticas fiscales del futuro Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

En este sentido, ha insistido en que recurrirá a las instancias que sean necesarias para defender los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, y sobre los que las mismas pueden actuar.

“En España pretenden dinamitar la política económica del libre mercado y bajadas de impuestos incluso interviniendo en la propiedad privada con normativas de imposición de precios de alquiler", sostenía la presidenta regional, también en referencia a la medida anunciada por el nuevo Gobierno para regular de precios de alquiler y así frenar la subida de los mismos y que Madrid ya ha dicho que no cumplirá.

En Andalucía también está bonificado casi en su totalidad el ISD, una actuación que, sumada a la reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sólo es un comienzo del proyecto tributario del Gobierno andaluz.

En concreto, y entre otras rebajas, la Junta de Andalucía bajó el tramo autonómico del IRPF, y lo seguirá haciendo en este nuevo año, además de reducir al siete por ciento el impuesto de transmisiones patrimoniales para viviendas con precio superior a 130.000 euros.

En Murcia también se eliminó prácticamente el ISD, además de acabar con tasas a emprendedores, pymes y microempresas, junto con otras desgravaciones para fomentar la natalidad.

La Xunta, gobernada por el 'popular' Alberto Núñez Feijóo cuenta con el 100% del rendimiento en el Impuesto sobre el Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los Tributos sobre el Juego, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

Galicia era de las comunidades con el tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales más bajo, ya que la Xunta lo redujo del 8 al 7% pero, con vistas a este nuevo año, la Xunta lo rebajará hasta el 5% para la vivienda habitual, situando a la comunidad gallega como la que menos tributa de todas en este ámbito. El PP también eliminó prácticamente el ISD en las herencias directas, entre otras rebajas.

Asimismo, el presidente de Castilla y León también se sumó a la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, además de deducciones en el IRPF.

Para contrastar estas bajadas de impuestos, el nuevo gobierno contaría con una mayoría en el Congreso con la que podría proponer una modificación de la ley de cesión de tributos para “armonizar este tipo de impuestos”, explica el abogado fiscalista Pablo G.Vázquez, quien a su vez puntualiza que esta actuación podría generar recursos ante el Tribunal Constitucional.

“Las Comunidades Autónomas del PP están intentando bajar los impuestos lo máximo posible, pero las autonomías pueden hacer lo que la ley les permite, una ley que en este caso es estatal”, resume el abogado.

Las políticas educativas

A finales de 2018 el PP pedía una “recuperación” de la competencia educativa por parte del Estado para hacer frente a las autonomías “desleales”, sin embargo, a principios de 2019, cuando Vox pidió recentralizar estas competencias a cambio de garantizar la investidura en Andalucía, los barones del Partido Popular rechazaron tajantemente esta propuesta.

“Hablo en nombre de mis compañeros. Es algo que tendrá que analizar el partido a nivel general, pero las comunidades autónomas aquí representadas defendemos que la gestión de la educación debe ser con moderación, con visión de estado y llevada desde las comunidades autónomas”, sostenía el consejero de educación de La Rioja, Alberto Galiana, también en nombre de sus homólogos en Madrid, Castilla y León, Galicia y Murcia.

El PP defiende la ampliación de la educación privada y de la concertada, con un plan que pasa por la ampliación del concierto a la etapa del Bachillerato, Infantil y a la FP básica. De hecho, la Comundiad de Madrid, además de ser la región donde el cheque Bachillerato y el Infantil ya son una realidad, la financiación de la concertada se ha disparado en la última década en detrimento de la inversión en la pública.

“Si tocan la educación, la sanidad o el comercio, nos tendrán enfrente”, advertía la presidenta regional en una comparecencia el pasado miércoles en la que indicaba cómo iba a actuar el Ejecutivo autonómico madrileño frente al central.

En Andalucía, al igual que en la región madrileña, también se estudia concertar la etapa del Bachillerato ahora que el Gobierno está en mano de los populares.

El PP saca músculo autonómico

En su mensaje institucional de fin de año, el presidente murciano aseveró que su Gobierno se opondrá “a cualquier intento de destruir lo que somos: una Nación unida que mira al futuro con esperanza”, una advertencia en el mismo tono que la del Ejecutivo andaluz, que se presenta como un “contrapeso” frente a las políticas del futuro Gobierno entre el PSOE y UP.

En este sentido, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado a Sánchez de formar un Gobierno "sin norte, ni rumbo, ni criterio" y por ello ha señalado que desde el PP "no se puede jurar lealtad con quienes van en la línea de la radicalidad". De esta forma, Mañueco se ha comprometido a que su gobierno se dejará “la piel” con el objetivo de formar una tierra "más moderna, fuerte, competitiva y al servicio tanto de España como del proyecto de Europa".

Mientras que el presidente gallego aseguraba preferir unas terceras elecciones a un Gobierno de PSOE, UP “e indepes”, Isabel Díaz Ayuso ha ido más allá amenazando con ir a las autoridades por los pactos de investidura, y ha presentado la región madrileña como un “dique de contención” a las políticas de Pedro Sánchez.

La presidenta regional ha llegado incluso a oponerse a poner límites al precio del alquiler, como así recoge el programa pactado entre socialistas y el partido morado, un documento en el que se especifica que el Gobierno instará a las autonomías y ayuntamientos a establecer un “índice de precios” en determinadas zonas.

“Ofreceremos toda la resistencia en el ámbito de nuestras competencias frente a cualquier política de vivienda intervencionista, populista, demagógica o coercitiva que se intente imponer desde el Gobierno central”, ha afirmado a El Mundo el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, y ha aseverado que no secundarán propuestas que “impliquen una intromisión en la esfera individual”.

Realmente, el Partido Popular llevaba semanas llamando a los barones del PSOE a “rebelarse” contra la investidura de Pedro Sánchez, así como a sus diputados, como ya se vio en el bronco pleno en el Congreso de los Diputados, una actuación que se suma al creciente y paradójico pulso autonómico que está protagonizando el Partido Popular, a la vez que censura regionalismos y dice luchar por la unidad de España.

Todo sumado al llamamiento a movilizaciones contra el Gobierno. El presidente andaluz llamó a reivindicarse el 28 de febrero, día de la comunidad, contra este Ejecutivo, así como el líder del PP en Castilla-La Mancha, convocó el día de la investidura una manifestación en Toledo. Mientras, otros jefes territoriales del partido también se unieron a manifestaciones, como sucedió en Madrid, donde la Comunidad tampoco las descarta, aunque prefiere dejar su convocatoria en manos de los partidos políticos.

Se trata, en definitiva, del “dique de contención” que secunda una buena parte del Partido Popular, una estructura que en ninguna de sus formas sirve para unir.