La generosidad de los políticos frente a la epidemia

  • Unidas Podemos propuso entregar el 50% del sueldo de los parlamentarios y recibió calabazas
  • Sólo el gobierno de Núñez Feijóo y sus conselleiros han donado el 30% del salario a la sanidad galega
  • La ultraderecha anunció la entrega de una subvención destinada a pagar a los trabajadores

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La ola de generosidad anunciada por todos los grupos políticos para combatir la epidemia del coronavirus se ha limitado, salvo excepciones pintorescas y electorales, a los gastos de transporte y a la voluntad de cada cual. Desde que el 1 de abril el Gobierno de Pedro Sánchez anunciase la apertura de una cuenta en el Banco de España para canalizar donativos hacia la sanidad y la investigación, se ha registrado una eclosión de iniciativas paralelas capaces de dejar tamañito (y en ridículo) al “mando único” en este terreno. Cada partido, líder, regidor, portavoz y jefe de grupo ha aplicado su libreto, cancamusa y postureo para quedar mejor que sus competidores ante el cuerpo electoral.

Se suponía que los más de 500 diputados y senadores sometidos al confinamiento podían renunciar a sus dietas (1.900 euros mensuales los de fuera de Madrid y 900 los del foro). Y así lo solicitaron el grupo de EH Bildu y el valenciano de Compromìs Joan Baldoví. Unidas Podemos fue más allá y propuso la entrega del 50% de las retribuciones de sus señorías y de los miembros del Gobierno para coadyuvar a las necesidades sanitarias. Pero ninguna de las dos cosas ha sido posible porque según el informe jurídico solicitado al respecto por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el Parlamento no puede privar a sus señorías de esa “indemnización para el ejercicio de sus funciones” (las llamadas “dietas”), un derecho constitucional establecido para que ejerzan sus funciones en “igualdad de condiciones”.

Aunque las “condiciones” hayan variado y no tengan que desplazarse a Madrid para asistir a las sesiones, la Mesa no puede contravenir un precepto constitucional, de modo que a voluntas suas ha dejado la generosidad. Y puesto que muchas señorías foráneas tienen casa de alquiler en Madrid, tampoco era cuestión de maltratar al casero, así que la generosidad del Congreso se ha limitado a los gastos de transporte, que se liquidan al margen del sueldo y que han supuesto un remanente de tres millones de euros durante el confinamiento y las sesiones telemáticas.

El Senado todavía no ha cuantificado su ahorro en trenes, taxis y aviones. Al ser Cámara de “segunda lectura” funciona con mayor lentitud, aunque eso no quiere decir que no se haya anticipado en la creación de un “comité de emergencia” ante la pandemia. Se trata de un grupo de funcionarios, sin ningún miembro de la Mesa al frente, que ya el 11 de marzo dictó unas “medidas protectoras” en las que se leía: “Desaconsejar, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias (¿?), la utilización generalizada de mascarillas”.

Puesto que la generosidad del Congreso –desconocida, por cierto, en otros ámbitos de la alta dirección del Estado como el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Constitucional, el Consejo de Estado y la Casa Real-- se redujo a los gastos de transporte, algunos grupos pensaron que podían dar algo más. Y así, los parlamentarios del PSOE anunciaron la aportación de sus ingresos por las funciones representativas, los del PP dijeron que crearían un “fondo común” para que sus cargos públicos donaran algo de sus retribuciones a “todos los que están luchando contra el coronavirus”. Los saldos se desconocen.

La pretensión de Unidas Podemos de entregar el 50% de las retribuciones rechinó al centro-derecha, que la descartó de inmediato. La propuesta era acorde con la autolimitación salarial de todos los cargos de UP al triple del salario mínimo. Sus parlamentarios estatales perciben, como todos, 2.981 euros mensuales por catorce pagas, más 900 euros o 1.800 los de fuera de Madrid, más la retribución por los cargos que ocupan en las cámaras. Pero solo cobran 2.700 euros como máximo. El resto va al partido (y sus confluencias), y éste realiza sus aportaciones a las ONG.

De cancamusa (arcaísmo empleado por el portavoz de UP, Pablo Echenique) se puede calificar el anuncio de los jefes de la ultraderecha de donar los 236.384 euros de subvención a su grupo parlamentario en los meses de marzo y abril. Esas subvenciones están destinadas a pagar los salarios de los contratados laborales de cada grupo como personal de apoyo, es decir, trabajadores de las secretarías, especialistas en distintas materias y encargados de comunicación. Pero a los jefes de Vox tanto les da. Van a destinar ese dinero a una supuesta “asociación de víctimas del coronavirus”.

Quien sí ha captado la idea de donar un porcentaje salarial ha sido el presidente gallego Alberto Núñez Feijòo. No el 50%, sino el 30% de su salario y el de los conselleiros y diputados autonómicos del PP. Cierto es que en Galicia hay elecciones pendientes. El gesto ha sido secundado por el candidato socialista Gonzalo Caballero. Y además el Parlamento Gallego ha anunciado la entrega de dos millones de euros de su remanente presupuestario al Servizo Galego de Saúde (Sergas). Cierto es que en Galicia hay elecciones pendientes.

En Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León, los presidentes autonómicos del PP han evitado secundar a Feijóo, lo cual no quiere decir que no hayan lanzado iniciativas para recoger donativos contra el maldito microbio patógeno. La presidenta madrileña y otrora empleada del aparato de propaganda de Esperanza Aguirre (llevaba el sitio en Twitter de su  perro Pecas), Isabel Díaz Ayuso, abrió una cuenta a primeros de abril para canalizar donativos de los ciudadanos y alcanzó en tres días la cantidad de diez millones de euros, según informó en la web oficial.

Las carencias sanitarias de todo tipo en la región más castigada por la epidemia han motivado una ola solidaria impresionante. También, mientras militares y voluntarios montaban a toda prisa el hospital de campaña en el recinto ferial de Madrid, los madrileños adquirían conciencia de los 25 años de gestión autonómica de una derecha partidaria del copago y las privatizaciones en bloque o a trozos de los servicios sanitarios públicos. La precariedad de personal y material se cifró en un déficit de 1.700 camas hospitalarias respecto al promedio exigible por población.

Cierto es que más allá de los estragos provocados por la crisis financiera de 2008 en los servicios públicos esenciales, la derecha venía obteniendo grandes réditos electorales con las promesas de bajar impuestos. Y en Madrid aplicó unas bonificaciones en los tributos por Sucesiones, Donaciones y Patrimonio que habrían supuesto unos ingresos de 2.000 millones de euros en los tres últimos años. En Andalucía, el presidente Juanma Moreno y sus aliados de Vox y Cs decidieron seguir el mismo camino y enseguida aplicaron una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones a los ricos, que según las calificaciones al uso, son los que tienen más de un millón de euros.

A propósito de esa deriva fiscal, el líder del PP, Pablo Casado Blanco, reclamaba en el pleno del Congreso del 22 de abril la supresión del impuesto de sucesiones a los herederos de quienes han fallecido por coronavirus, “que bastante han sufrido ya”. No citó a los deudos del marqués de Griñón ni de su millonario amigo bodeguero Alfonso Cortina ni siquiera al constructor Paco "El Pocero". Pero considerar “sufrimiento” el pago de impuestos da idea de la mentalidad del jefe de la oposición y aspirante a la jefatura del Gobierno.

La generosidad de la Asamblea de la Comunidad de Madrid (unos 50 millones de euros de Presupuesto, todavía no publicado) se ha limitado al ahorro en transporte. Y la misma línea han seguido el Parlament de Catalunya y el de Andalucía. Los diputados autonómicos de Madrid con “dedicación exclusiva” son los mejor pagados de España, con una retribución básica de 3.503,46 euros mensuales por catorce pagas. Los que mantienen actividades privadas paralelas reciben 1.221,83 euros mensuales. En términos generales, la asignación de la mayoría de los diputados autonómicos es similar a la de los estatales y se sitúa en 2.900 euros al mes.

Tanto en los parlamentos autonómicos como en cientos de ayuntamientos, los distintos grupos han adoptado iniciativas solidarias y caritativas, según los casos, que van desde la compra de lotes de mascarillas para los policías y guardias civiles –caso de Ciudadanos en Murcia-- hasta la entrega de los gastos de representación para comprar lejía destinada a un asilo de ancianos. La única coincidencia ha venido dada por el ahorro de la obligada quietud de los semovientes políticos.

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